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LOS RIESGOS DE LA ALTERNANCIA EDUCATIVA PARA LA SALUD Y LA VIDA

23 febrero 2021

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GERARDO B. 21/02/2021

“La clase dominante impone a la sociedad sus fines y la acostumbra a considerar como inmorales los medios que los contradicen. Tal es la función principal de la moral oficial. Persigue la idea de la mayor felicidad posible, no para la mayoría, sino para una exigua minoría que además decrece sin cesar. Un régimen semejante no podría mantenerse por la sola coacción ni una sola semana. Tiene necesidad del cemento de la moral. La elaboración de ese cemento constituye profesión de teóricos y moralistas pequeño burgueses. Aunque manipulen todos los colores del arcoíris, siguen siendo, después de todo, apóstoles de la sumisión y la esclavitud.” (León Trotsky, su moral y la nuestra, 1938)

El modelo de alternancia educativa planteado en Colombia, debido a la actual pandemia, está definido así por el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación:

“Opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros.”[1]

Pero esta presencialidad de algunos estudiantes, presenta riesgos también para las comunidades educativas, que incluyen padres, maestros y el contexto social en el que habitan.

El carácter asintomático de los estudiantes en edad escolar y su carga viral

A pesar de la baja tasa de mortalidad de la población escolar, su carga viral dependiendo la edad varia: “Según un estudio publicado el mes pasado basado en el análisis de más de 5.700 personas infectadas en Corea del Sur y sus más de 59.000 contactos, los niños de hasta 9 años transmiten la enfermedad a adultos con una frecuencia menor (5,3%) al promedio de la población (11, 8%).En cambio, aquellos con edades entre 10 y 19 años transmiten el virus por encima del promedio (18,6%).”[2]

En Colombia no hay ningún estudio que se conozca, que pueda analizar la realidad sobre esta situación.

Hay que tener también en cuenta que existe un gran porcentaje de estudiantes que pueden ser asintomáticos, es decir que no presentan fiebre, ni malestar y a pesar de esto, están infectados por la COVID-19, lo que es grave ya que estarían en la escuela, sin ningún síntoma, por lo cual no serían aislados, pero estarían contagiando a otros miembros dentro de la institución (estudiantes, personal docente, administrativo y directivo), por ello el presidente de la Federación Médica Colombiana Sergio Isaza, plantea: “Consideramos que sería conveniente que el sector educativo estuviera en la etapa 2(de vacunación), por cuanto están en continuo contacto con población de alta probabilidad de ser portadora asintomática y que no va a ser vacunada.”[3]

“Por su parte, en Reino Unido el Royal College of Pediatrics and Child Health reveló que incluso la nueva variante encontrada en ese país, que ha demostrado ser más contagiosa, continúa mostrando menor afectación en la población infantil. Sin embargo, el elevado porcentaje de menores que pueden estar contagiados sin desarrollar síntomas o desarrollarlos de forma muy leve (entre el 97 por ciento y el 99 por ciento, según los estudios mencionados anteriormente) no deja de generar preocupación en diferentes sectores, que señalan que esto podría ayudar a propagar la infección.”[4]

Además del contagio en la escuela, también pueden propagar el virus en su entorno familiar inmediato, en el cual puede haber personas con alto riesgo de salud, pues presentan enfermedades de base o comorbilidades (hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, obesidad entre otras) o están dentro de las edades de mayor riesgo (mayores de 60 años).

Falta de renta básica e informalidad laboral

Entre las familias de la comunidad educativa existe variedad de cuidado frente a la COVID-19, algunas se pueden cuidar más que otras cumpliendo las medidas de aislamiento y bioseguridad, esto dependiendo la labor y las condiciones laborales y materiales. Como muestra la tabla, la tasa mayor de mortalidad se da en “estratos” más bajos, en los cuales predomina el trabajo informal y no el teletrabajo.

Infraestructura de las instituciones educativas públicas y déficit presupuestal

Respecto a la infraestructura, está probado que el virus se queda en ambientes cerrados, lo cual indica que los salones de clase no son sitios seguros: “Existen pruebas cada vez más contundentes de que este virus puede permanecer en el aire durante períodos de tiempo prolongado y recorrer distancias mayores a las que se pensaba originalmente. Además del contacto estrecho con personas infectadas y superficies contaminadas, existe la posibilidad de que la propagación de la COVID-19 también tenga lugar a través de partículas suspendidas en el aire en entornos cerrados, en algunos casos, más allá del rango de 2 metros (alrededor de 6 pies) recomendado para poner en práctica el distanciamiento social”[5]

El recorte en educación que se viene dando desde el 2001, cuando fue aprobada la llamada ley de transferencias, por lo que el gobierno ha dejado de destinar más de 100 billones de pesos, ha traído como consecuencia deterioro, por falta de mantenimiento en la infraestructura de un gran número de colegios públicos del país, debido a esto muchos salones de clase no tienen las condiciones mínimas de espacio y ventilación; como también es insuficiente en un gran porcentaje de colegios públicos, los lavamanos y las unidades sanitarias, necesarios dentro de las medidas de prevención; “De acuerdo con la firma colombiana Escalando, el 76 % de los colegios oficiales nacionales no cuentan con agua y jabón suficientes para asegurar los protocolos de sanidad, ni con el espacio necesario para el distanciamiento social”[6]

El gobierno de Duque se exime de la responsabilidades

Para el retorno a clases en la modalidad de alternancia, se deja a voluntad del padre de familia, si autoriza o no al estudiante para volver al colegio, con lo que el ministerio de educación y las secretarias de educación, se blindan de responsabilidades penales, civiles y disciplinarias, ante las acciones legales que se puedan ocasionar, por contagios y complicaciones en la salud, dentro de las comunidades educativas. Transfiriendo esta obligación a los docentes y directivos docentes, los cuales se pueden ver sometidos a demandas y procesos disciplinarios.

El contexto social de la educación

Frente al retorno de los estudiantes a la presencialidad, el gobierno de Duque y algunos sectores de la prensa y la academia, argumentan razones psicológicas, con las cuales especulan, sobre la depresión que sufren los niños y adolescentes, por no estar en los colegios (sin ningún estudio conocido que determine, el porqué de la depresión en los escolares), como si las enfermedades mentales, no tuvieran también su origen por causas sociales, debido a las carencias materiales, acentuadas durante esta pandemia.

El Ministro de Salud Fernando Ruiz manifiesta: “El no regreso a clase genera problemas muy severos de salud mental, de obesidad, mayor riesgo de maltrato infantil y todos los problemas que se generan por no acceder al aire libre, como pérdida de capacidad física”.[7]

Endilgando responsabilidades que no son inherentes a la escuela, sino consecuencia de un sistema, que debido a su descomposición ha llevado al hambre y la desprotección a millones de niños y niñas en edad escolar, muchos de los cuales deben salir a trabajar, como consecuencia de la crisis económica, pues se han convertido en el sustento económico de sus familias, de ahí se deriva una de las razones de la deserción escolar; “Las más recientes cifras del DANE con relación al trabajo infantil señalan que en el país cerca de 400.000 niños están dedicados a otras labores diferentes al estudio[8], pero hay cifras que hablan hasta de 1,1 millones de niños y niñas.

Como lo afirma Pedro Kestelman Presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría: “Hay muchas pandemias y cuarentenas que son distintas según los estratos económico-sociales y el grado de disfunción familiar. No es lo mismo un niño que vive en el contexto de una familia que sostiene una funcionalidad medianamente adecuada, con padres que poseen buena capacidad económica para afrontar la situación que nos toca vivir, familias que tienen un hábitat con espacios de privacidad adecuados y con disponibilidad de aire libre, que familias que viven en hacinamiento, con la incertidumbre si sus integrantes van a comer o no y con niveles educativos diferentes.”[9]

La educación en el engranaje capitalista

El gobierno de Iván Duque y su partido el Centro Democrático, han venido realizando una campaña de desprestigio contra los docentes oficiales, con lo que pretenden entre otras cosas, entregar el botín de la educación al sector privado, como lo expreso Álvaro Uribe el año pasado: “El senador del Centro Democrático Álvaro Uribe sorprendió esta semana con una llamativa propuesta educativa a través de Twitter: que los estudiantes del país puedan ir a colegios privados y que el Estado pague el 100 por ciento del valor de la matrícula.”[10]

Para de esta manera, entregar a intermediarios los dineros de la educación, como sucede con los recursos de la salud.

El pago de la deuda asignada en el presupuesto, ascenso de 47 billones en el 2015 a 70.5 billones en el 2021

Fuente: https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/41198-colombia-presupuesto-general-de-la-nacion-2021.html

Los recursos que deben ir para satisfacer las necesidades básicas de la población, se destinan a los bancos y ayudas a la empresa privada, maquillada como subsidio a la nómina, además de el alto presupuesto en el aparato represivo (26,9 billones), que se le asigna al Ministerio de defensa, que incluye ejército, policía y ESMAD, culpables de asesinatos durante las protestas, así como masacres, llamadas por la burguesía “falsos positivos”. También el pago de la deuda, el cual es de 70,56 billones de pesos representa el 22,4 % del presupuesto para el 2021.

Por ello el afán del gobierno de Duque, en cabeza de su ministra de educación y las secretarias de educación en la alternancia, pues las causas que se esgrimen para el retorno a clases presenciales, no esconden más que la crisis social acentuada por la pandemia, debido a los intereses de clase del gobierno de Duque, el cual invierte gran parte del dinero del presupuesto general de la nación, para que sus negocios, administrados desde el poder, no quiebren por causa de la crisis económica.

La equivocada táctica de FECODE con la desobediencia civil

Frente al retorno a clases presenciales, FECODE ha planteado la táctica de la desobediencia civil, como mecanismo de lucha para seguir en la virtualidad, por el riesgo que representa volver a las instituciones educativas, método equivocado, pues individualiza la lucha, exponiendo a los maestros a sanciones y persecución laboral.

Por lo aquí planteado hacemos un llamado a la FECODE y las centrales obreras a convocar un frente común de lucha por los siguientes objetivos:

No a la alternancia en las instituciones educativas, hasta que existan condiciones que garanticen la salud y la vida.

Renta básica para los desempleados y los que viven de la informalidad

Conectividad e internet gratuito y dotación de computadores y equipos técnicos, que mejoren las condiciones educativas de estudiantes docentes e instituciones educativas.

Presupuesto suficiente para la adecuación y mantenimiento de los colegios públicos del país.

Pruebas para detectar la COVID-19 gratuitas, para todos los estudiantes y personal que labora en los establecimientos educativos.

Vacunación rápida y masiva a toda la población, incluyendo a los escolares.

Derogatoria de la ley 100, liquidación de las EPS y expropiación de sus ganancias, que han sido producto de la muerte y enfermedad de millones de colombianos.