Por: Larisa Wolf Mayo/23/2020
Los trabajadores de la salud están en la primera línea de fuego enfrentando la pandemia a nivel mundial; del total de infectados, los contagios de este personal están por encima del 10% en Italia y España, mientras que en EEUU y China están por encima del 3%; esto en países desarrollados, mientras que para los nuestros, la realidad es peor. Una política de salud pública coherente tendría en cuenta que estos trabajadores, por estar en mayor riesgo de contraer el virus, se convierten a su vez en un gran foco de dispersión; se esperaría entonces que los gobiernos de todo el mundo garanticen al personal sanitario condiciones de trabajo adecuadas.
La pandemia ha expuesto la precariedad en las condiciones de todos los trabajadores, en particular los del gremio de la salud, condiciones que siguen empeorando en medio de la emergencia sanitaria y se agudizarán a niveles insospechados si no hay una dura batalla para combatir el problema de raíz. Hoy con cinismo empresarios de todo el mundo aplauden y llaman héroes a quienes se juegan la vida a diario en los hospitales atendiendo a los enfermos, pero por otro lado los someten a trabajar en condiciones inhumanas, producto de las políticas implementadas por los gobiernos que han venido recortando los presupuestos para la salud pública, para dar paso y beneficiar a los dueños de los negocios privados de la salud.
En Colombia, por ejemplo, fruto de la ley 50 de 1990 y la ley 100 de 1993, los trabajadores del gremio hemos sido víctimas de un deterioro sistemático en las garantías laborales, ataque que tiene similitudes en muchos países y que se expresa en hechos como los siguientes:
Falta de elementos de protección personal
De manera absurda la falta de dotación de elementos de protección apropiados ha disparado el contagio del personal hospitalario a nivel mundial. En Nueva York, corazón del capitalismo, este hecho se hizo evidente cuando enfermeras del Mt. Sinai West que atendían a los enfermos tuvieron que protegerse usando bolsas para la basura. En España, otra de las potencias mundiales, el sindicato mayoritario de médicos de Madrid denunció que se “repartían bolsas de basura en lugar de gorros para proteger el cuero cabelludo”.
A la fecha Colombia registra 9 fallecimientos dentro del personal de la salud y más de 600 infectados, de los cuales casi el 80% adquirieron el virus en ejercicio de sus funciones (el personal auxiliar de enfermería es el más afectado, seguido de los médicos), cifra que tenderá a aumentar de manera exponencial con la medida decretada por el gobierno de Duque de reanudar las labores económicas en los diversos sectores. A la incertidumbre de trabajo en un ambiente altamente riesgoso se suma el ambiente de inseguridad laboral en el que la mayoría trabajan, ante lo cual muchos profesionales han preferido abandonar a sus familias momentáneamente para evitar contagiarlas; otros han renunciado para salvaguardar sus vidas, ahondando sus problemas al dejar de percibir ingresos. También están los que han sido despedidos por denunciar la falta de protección para atender a los pacientes, hecho que se repite en muchos países a diario.
Y a pesar de esta situación, hay quienes ya han empezado a exigir condiciones de trabajo seguras, como lo sucedido en el hospital Referencial de Ferreñafe (Perú), donde el 14 de abril el personal tomó la decisión de dejar de atender consultas ante la falta de insumos y elementos de protección personal (EPP). Lo mismo ha sucedido en ciudades colombianas como Leticia y Cartagena y en países como España, EEUU o en México, donde el 13 de abril, personal que labora en el Hospital 1 de octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) protestó cerrando vías en el norte de la Ciudad de México. La denuncia de las condiciones de trabajo por medio de protestas ha logrado que se les brinde ciertos elementos de protección e insumos para que puedan atender a los pacientes, lo cual demuestra el poder que representa el trabajador organizado luchando por los derechos que la burguesía le quiere arrebatar constantemente.
En Colombia la negligencia en la entrega de los EPP por parte de los empleadores y las empresas encargadas de la protección al trabajador (ARL), ha obligado a muchos a tener que comprarlos de su bolsillo. Los de mejores ingresos (personal médico generalmente) tienen que invertir más de 25 dólares para comprar un traje adecuado; esto sin contar con los demás elementos como tapabocas y guantes que tienen que ser cambiados frecuentemente (y cuyos precios están por las nubes debido a que los especuladores están actuando a sus anchas sin que los gobiernos tomen medidas para evitarlo). Otros compañeros, como los auxiliares de enfermería, que reciben un poco más de 2 dólares por hora laborada y sin ningún tipo de prestaciones, optan por trabajar desprotegidos, arriesgándose a contraer el virus; y no porque sean inconscientes del riesgo, sino porque además reciben sus salarios con retrasos, y cuando el dinero llega, ya está comprometido en otras necesidades básicas. O sea, no les alcanza para comprar los EPP. De manera inaudita y como medida desesperada ante la falta de garantías y para evitar el contagio, aún a sabiendas que no es un material biosanitario seguro, el personal ha tenido que improvisar cubriéndose con bolsas de plástico para la basura, cuya excesiva manipulación a la hora de retirar estos improvisados EPP una vez utilizados, aumenta el riesgo de infectarse.
Una encuesta realizada entre el 21 de marzo y el 3 de abril, arrojó como resultado el altísimo riesgo al que están siendo sometidos los trabajadores de la salud en el país: Un 93% no ha recibido trajes de seguridad, un 88% carece de mascarillas N95 y un 78% carece de gafas de seguridad. El gobierno de Duque, principal responsable de la protección de los trabajadores, se limitó a definir un mecanismo de emergencia contemplado en el decreto 488 de 2020 que faculta a las empresas aseguradoras de riesgos laborales (ARL) para que dediquen un miserable 7% del total de los ingresos que reciben para la compra de EPP y coordinen con los empleadores su entrega. Pero mientras estos dos sectores de negocio dirimen quién pone menos plata, hoy, a más de dos meses de haberse decretado la emergencia sanitaria, muchos médicos, enfermeras, terapeutas y demás, continúan trabajando sin protección, aumentando las estadísticas de contagiados en el país. Hasta el momento ni una sola de estas entidades ha sido sancionada por su incumplimiento, según han informado la Procuraduría y la Contraloría. Todo este panorama muestra lo vacías que resultan las palabras de Duque en sus constantes alocuciones en vivo agradeciendo “a todo el personal de la salud, a los médicos, a las médicas, enfermeros, enfermeras, personal de apoyo, todo el personal administrativo que está entregado protegiendo la vida de tantos colombianos. A ellos siempre nuestro reconocimiento”. Y en contraste, la cruda realidad que expresó el medico Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana (FMC), en entrevista a RCN Radio a propósito de la muerte de los dos primeros médicos en Colombia: «A nosotros no nos sirve que nos digan héroes. Los colegas que murieron no son héroes son mártires porque esas muertes eran prevenibles»[1].
¿Si un escenario donde el gobierno mande al ejército al campo de batalla sin armas, con los uniformes raídos y sin pertrechos ni comida sería impensable, entonces porque Duque no pasa de las palabras a los hechos y además de expresar su admiración y respeto por televisión, no se encarga de garantizar de manera efectiva y sin demora los EPP para los trabajadores del sector? Simplemente porque su prioridad no es la protección de los trabajadores sino garantizar medidas para que los dueños de los bancos y los empresarios a los que representa, salgan bien librados de todo este desastre del que ellos son los principales responsables.
Inestabilidad laboral y contratos basura
Otra realidad que ha salido a flote en esta crisis por el covid 19 es la precarización e inestabilidad laboral de los trabajadores sanitarios en muchos países alrededor del mundo. En Colombia, por ejemplo, los trabajadores del gremio vienen siendo sometidos desde hace casi 30 años a diversos ataques con la ampliación en las jornadas; el aumento en el número de pacientes atendidos por hora; la asignación de tareas administrativas adicionales; la contratación mediante figuras como las Ordenes por Prestación de Servicios (OPS) sin derecho a vacaciones, primas, cesantías y otras prestaciones. ¡Y como si fuera poco, algunos reciben sus paupérrimos salarios con retrasos hasta de 14 meses!
Según las palabras de los presidentes del Colegio Médico Colombiano y de la Federación Médica Colombiana, “el 80% de las 684.058 personas que realizan actividades de asistencia en salud carece de condiciones de trabajo dignas, pues son “contratados” mediante modelos de contratos de prestación de servicio o de órdenes de trabajo; no son contratados por los hospitales sino por intermediarios laborales, y, en los menos graves de los casos, reciben contratos a término fijo, que les quitan estabilidad laboral y les impiden organizarse como ciudadanos para defender sus derechos y presentar sus puntos”.
En Europa, principalmente en España e Italia, los servicios de salud colapsaron por la poca infraestructura para atender una pandemia de estas características. Pero no porque estos países no tengan recursos suficientes, sino porque el sistema de salud público ha sido sometido a recortes en el presupuesto y a privatizaciones desde los 90’s, situación que se agudizó con los drásticos ajustes implementados por los gobiernos a partir de la crisis económica de 2008, con despidos masivos de trabajadores, disminución en el número de camas, poca dotación de insumos médicos y el cierre de hospitales, así como el fortalecimiento de los negocios privados, convirtiendo la salud en un negocio que beneficia a unos pocos. Una situación similar es la de EEUU, país donde la salud se ha privatizado al máximo, y los presupuestos para atender la salud de los más pobres y necesitados (inmigrantes, población afro, entre otros) se han recortado mucho más desde la llegada de Trump al poder. Todas estas privatizaciones han significado además despidos de personal en los hospitales públicos y un empeoramiento en las condiciones laborales del personal sanitario, condiciones que empezaron a salir a flote en la actual emergencia sanitaria.
Por otro lado, sectores de trabajadores de la salud que no tienen que atender pacientes con coronavirus vienen sufriendo ataques a sus derechos laborales ya que las empresas los mandan a vacaciones sin pago, les obligan a tomar licencias no remuneradas, o los envían a trabajar desde sus casas con aumento en sus jornadas laborales. Muchos otros han sido despedidos, medida tomada en clínicas y hospitales aprovechando las condiciones de excepción dictadas por muchos gobiernos.
Mientras tanto, aquellos empresarios que tienen negocios en el sector salud, como los que especulan con los precios de los insumos médicos, y los dueños de las farmacéuticas a nivel mundial, obtienen ganancias siderales en medio de la crisis sin que los gobiernos muevan un dedo para impedirlo.
En Colombia -con la complicidad del gobierno- ADRES y EPS, las empresas que manejan el dinero de la salud, que sale en gran parte del bolsillo de los trabajadores, son las que más se han beneficiado ya que siguen manejando los multimillonarios recursos a su antojo, soltando a cuenta gotas el dinero adeudado a los hospitales públicos e IPS privadas y ahorrándose una suma nada despreciable en servicios no prestados a los pacientes, a quienes se les viene advirtiendo que mejor no consulten para no saturar el sistema; el poco dinero pagado por los servicios que se ha prestado a los usuarios, como las consultas virtuales y algunos otros, les ha dejado una jugosa suma en sus bolsillos. Y si antes de la pandemia era malo el acceso a la salud, ahora mucho más, gracias al manejo sin control que el gobierno viene haciendo, apoyado en el estado de emergencia decretado dizque para combatir la pandemia.
Constricción del ejercicio médico
Con ocasión de la pandemia a muchos profesionales de la salud se les ha despedido por exigir claridad en los protocolos de manejo, transparencia en las cifras y por tratar de hacer un debate científico para el manejo de la misma. Está claro que las decisiones tomadas en esta coyuntura no tienen en cuenta las opiniones científicas sobre cómo salvar más vidas con el menor riesgo, sino que están dadas por la ley suprema de este sistema capitalista: la rentabilidad para los dueños de las empresas, a expensas de la vida de trabajadores y pacientes.
Iván Duque, presidente colombiano, con el artículo 9 del decreto 538 expedido en medio de la pandemia, de manera irresponsable determinó la obligatoriedad para que todos los trabajadores y estudiantes de la salud presten sus servicios durante esta crisis según la conveniencia de los dueños de las empresas: ¡es decir, peores condiciones de las que ya se tiene! Y en contraprestación, en vez de garantizar los derechos laborales negados durante años, promete un incentivo económico que hasta el momento ningún trabajador ha recibido.
Discriminación y altos niveles de estrés
Como si fuera poco, luego de extenuantes jornadas laborales, el trabajador de la salud en algunos lugares tiene que lidiar con sectores de la población que impiden su acceso a los supermercados, al transporte público e incluso a los lugares de vivienda, agrediéndolos y discriminándolos. La tensión social se vuelve contra los que exponen la vida diariamente garantizando la atención de la población. Se les responsabiliza de esparcir la enfermedad, cuando los únicos responsables de todo este desastre son los gobiernos capitalistas, que para evitar que los negocios de los empresarios se resintieran, se negaron a realizar pruebas masivas a toda la población y a detectar a tiempo el brote, provocando con ello la dispersión de la enfermedad por todo el mundo. Un botón de muestra lo constituye la política de Duque en Colombia, que al mejor estilo de su socio mayor, Trump, viene arriesgando a los obreros de la construcción y la manufactura al mandarlos a las fábricas en condiciones inseguras, para que los negocios de los empresarios no dejen de obtener ganancias, cuando se sabe que el pico de la pandemia en el país no ha llegado y lo peor está por venir. Es uno de los ejemplos de la actuación de estos representantes de los intereses de la clase dominante, que ponen sus intereses por encima de la vida de los trabajadores y los más pobres.
La responsabilidad que tiene el trabajador de la salud en estos momentos frente a la población, la inseguridad de enfrentar una situación que lo desborda por la incapacidad de un sistema de salud dedicado fundamentalmente al lucro; el miedo al contagio por la falta de protección y por la poca claridad en cuanto a los protocolos de atención; la incertidumbre por el futuro laboral y la falta de garantías, junto a las intensas jornadas de trabajo por la falta de personal suficiente, constituye un explosivo coctel que incide en la salud mental del quienes enfrentan a diario la atención de los pacientes en esta coyuntura, y que ha llevado a algunos a tomar fatales decisiones, como la de la Dra. Lorna Breen, directora médica de urgencias en el Hospital NewYork – Presbyterian Allen, que ante la devastadora situación de la que ella era testigo a diario se suicidó.
Es un hecho que muchos trabajadores en todo el mundo -y los de la salud en particular- fuimos llevados a enfrentar esta irracional situación por la irresponsabilidad de los gobiernos de cada país, que privilegiando los negocios de los empresarios a los que sirven, se negaron a realizar una pausa en el ritmo frenético y descomunal con el que obtienen sus ganancias y a disponer de los recursos necesarios para realizar pruebas diagnósticas masivas a tiempo y así evitar la dispersión de la enfermedad, como lo recomendaban los científicos. Una vez más prefirieron ignorar a la ciencia y escuchar a los negociantes, poniendo sus mezquinos intereses económicos por encima de la vida de la población.[2]
En Colombia el gobierno de Duque, a través del Ministro de Salud, insistía en que “el país estaba preparado para afrontar la pandemia” y que solo se requería que la población se lavara las manos. Pero una vez llegó el coronavirus al país, se destapó la cruda realidad: la de los trabajadores de la salud por un lado, y por otro, la ausencia total de una infraestructura hospitalaria pública, desmantelada hace tiempo para dar paso a los negocios privados de las IPS, EPS y aseguradoras, donde el acceso a precarios servicios para los trabajadores y los pobres es limitado, mientras que los ricos, con posibilidades de pago, gozan de servicios de alta calidad. Los trabajadores del gremio, víctimas de este cruel sistema, tenemos que soportar la pandemia en medio de condiciones laborales aberrantes, que nos impide llevar una vida digna para nosotros y nuestras familias. Y estas condiciones tenderán a agravarse ya que los capitalistas de todo el mundo, para recuperar su maltrecha economía de la crisis que ellos mismos ocasionaron, ya empiezan a anunciar medidas de flexibilización laboral que no son otra cosa que mayores ataques a nuestros derechos, para que los trabajadores paguemos los platos rotos. Implementación de jornadas laborales por turnos con pago proporcional (trabajo por horas), pago diferido de derechos como primas y recargos por horas extra, entre otros, son algunas de las propuestas que los empresarios en Colombia ya hicieron al gobierno.
Es por esto que, siguiendo el ejemplo de muchos trabajadores a nivel mundial, tenemos que hacer valer nuestros derechos y exigir al gobierno, mediante protestas en los sitios de trabajo:
¡Pruebas masivas para todo el personal de la salud ya!
¡Dotación inmediata con suficientes EPP!
¡Contratación formal con salarios dignos y con todas las prestaciones y garantías!
¡Pago inmediato de los salarios atrasados!
¡Seguro de Vida gratuito para todos, a cargo el Estado!
Contratación de personal suficiente para atender la crisis, con todas las garantías para evitar la sobrecargue del trabajo: 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para estudio. El personal contratado debe mantener su empleo con todas las garantías luego de la crisis.
Que envíe sin demoras todos los recursos necesarios para poner a funcionar toda la infraestructura hospitalaria pública desmantelada y que los dote con insumos y tecnología adecuada. Los ejemplos del hospital de Corferias en Bogotá y la Clínica Valle Solidario en Cali, que fueron puestos en funcionamiento en tiempo récord, demuestran que sí hay recursos suficientes para la salud, la cual debería pasar de manos privadas a públicas.
Medidas contundentes contra los especuladores de los insumos sanitarios.
El manejo de la salud a manos de negociantes como las EPS, aseguradoras e IPS privadas, que privilegian su negocio sin importarles la vida de los trabajadores y pobres, tiene que acabarse de una vez por todas. Se necesita que estos engendros desaparezcan, así como la ley que les dio origen. ¡No más EPS ni aseguradoras de salud! ¡Derogatoria inmediata de la ley 100 de 1993! ¡Por un Sistema de Salud Único a cargo del Estado!
Los dirigentes de las organizaciones sindicales del gremio de la salud y los de las centrales de trabajadores están ante el reto de organizar a las bases para llevar a cabo esta pelea por los derechos que nos están siendo arrebatados y para evitar que nos sigan arrebatando otros más, como ya se empieza a vislumbrar en el panorama.
Los trabajadores a nivel mundial, quienes producen la riqueza de esta sociedad, tienen todas las capacidades para tomar el control de las empresas y ponerlas al servicio de la mayoría de la población y no para una ínfima minoría como sucede actualmente. Las empresas de servicios, como la salud, deben pasar a manos de los trabajadores. El manejo que los capitalistas están dando a la pandemia sólo nos conducirá a más miseria y calamidades. Sólo una sociedad, gobernada por la clase obrera y los trabajadores, en alianza con los pobres del campo y la ciudad, evitará que la humanidad sea conducida a la barbarie.
[1] https://www.rcnradio.com/colombia/medicos-fallecidos-no-son-heroes-sino-martires-esas-muertes-eran-prevenibles-federacion
[2] Un grupo internacional de expertos reunidos en 2016 bajo la Comisión para la Creación de un Marco Mundial de Riesgos Sanitarios para el Futuro propuso una inversión de 4.000 millones de dólares anuales en la mejora de las sanidades públicas, además de crear sistemas de vigilancia vírica y laboratorios avanzados. Menos del 1% del presupuesto militar de EE UU. Los mismos que ningunearon a los científicos que advertían del riesgo de una repetición de la gripe que en 1918 mató a 50 millones de personas niegan la existencia del cambio climático. Las causas son las mismas: su negocio es vender muerte, no salvar vidas. Tomado de https://elpais.com/opinion/2020-04-30/el-negocio-de-no-salvar-vidas.html?event_log=oklogin
