SERGIO RED – QUITO. Abril 2021
La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, que se efectuó a inicios de febrero de este 2021, registró un hecho inédito. Por primera vez en la historia de esta república andina se produjo una votación que pudo haber dejado afuera del balotaje final a las derechas. Pachakutik, ala política de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y su candidato, Yaku Pérez, lucharon voto a voto para llegar a la segunda vuelta con el banquero Guillermo Lasso.
La elección fue ganada por el correísmo a través de su candidato, Andrés Aráuz, quien acumuló 32,7 por ciento de votos. Pérez y Lasso acumularon cada uno 19 puntos y algo más, en lo que se consideró un empate técnico. Sin embargo, una serie de hechos sembraron dudas en el proceso para establecer el segundo lugar, al cual el miembro de la patronal ecuatoriana se aferró y usó todas sus influencias para obtenerlo.
Giro radical
Ecuador termina un período de transición de un gobierno burgués nacionalista de corte bonapartista, como fue el liderado por Rafael Correa (2007-2017) a uno entreguista al capital internacional como es el de Lenin Moreno (2017 hasta la actualidad). Este último dio un giro prácticamente radical en su gestión, una vez que ganó las elecciones siendo parte del partido de Correa. Moreno desechó el plan de gobierno con el que había vencido estrechamente en las urnas al mismo banquero Lasso y, a meses del haber asumido la presidencia, llamó a una consulta popular para destituir a las principales autoridades del estado y desbaratar la institucionalidad correísta.
La gestión del correísmo no llegó a romper con la burguesía, en razón de que buscó consolidar las ganancias de las patronales y moderar sus impuestos, en medio de un proceso de modernización del estado. Sin embargo, permitió la emergencia de una casta burocrática que salió de las clases medias y no de las propias élites, como sucedía en el pasado[1] a través de una nueva institucionalidad: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue cuestionado por su falta de independencia con respecto a Correa. Asimismo, y gracias a los altos precios del barril de petróleo, la materia prima en la que Ecuador se ha especializado en exportar en el marco de la división del trabajo impuesto por el gran capital internacional, surgieron recursos para obra pública, educación en todos los niveles (centenares de becas a escala universitaria) y salud, entre otros aspectos.
Aunque el costo del crudo fue clave, el cambio de las políticas estatales con respecto a la participación de corporaciones internacionales en el negocio fue el que marcó la diferencia. El gobierno decretó en 2007 que el 99 por ciento de las ganancias extraordinarias de las empresas extranjeras se quedara en el país. Sin embargo, la estructura jurídica de entonces no daba para aquello, hasta que un lustro después, mediante una ley, eliminó la concesión a las corporaciones para la modalidad a prestación de servicios e incrementar los beneficios para el estado ecuatoriano.
Todo en el marco de una estrategia regional, favorecida por al ascenso de regímenes independientes, similares al de Ecuador, en Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina. El gobierno de Caracas, liderado por Hugo Chávez, incentivó el regreso de Quito a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde las condiciones para negociar el crudo eran favorables.
Fue una acción colectiva de gobiernos que quisieron ser autónomos frente al imperialismo y que en ciertas ocasiones lo consiguieron, más allá de su carácter burgués. En el caso ecuatoriano existieron acciones destacadas, como la salida de la base de Manta del ejército estadounidense, la renegociación de la deuda externa frente a multilaterales o el asilo al activista digital Julián Assange, perseguido por Washington.
La crisis para el correísmo, que se convirtió prácticamente en el principal empleador del país, inflando el sector público, sobre todo con contratos ocasionales que fomentaron el clientelismo, vino en el período 2014-2016, con la caída del precio de las materias primas a escala mundial. Si bien el modelo se mantuvo y no naufragó como en Venezuela, se sostuvo en base a créditos, especialmente provenientes de China, con tasas de interés altas (sobre el 10%), que además comprometieron la producción petrolera[2].
La gran cantidad de dinero del estado devino en no pocos casos en actos de corrupción, que comenzaron a ser evidenciados por la prensa privada, la cual cuestionó desde el principio el giro del estado, el goteo en obra pública y en lo social y, de manera especial, el talante autoritario de Correa y otros funcionarios, que no dudaron en cuestionar el trabajo periodístico. En un país con medios particulares sobre todo, afines a un establecimiento que apenas fue cuestionado en casi dos siglos de historia republicana, el enfrentamiento no tardó en llegar y devino en leyes e instituciones oficiales que persiguieron y victimizaron al trabajo de los comunicadores. La represión desembocó en una radicalización mediática y en la desinversión de las patronales, que produjo centenares de despidos y el cierre de empresas vinculadas con el campo de la Comunicación. Fue inédita también para el país la creación de un conglomerado de medios públicos, que en la práctica terminaron como medios gubernamentales (más de una docena), que se mantuvieron fieles al relato oficial en razón de su subordinación en materia financiera sobre todo.
En el 2018, con Moreno virado a la derecha, el entonces flamante régimen planteó una consulta popular con el objetivo de devolver el control de la institucionalidad del país a una élite política y económica que lo había perdido la hegemonía a escala pública. El plebiscito planteó básicamente que el presidente podía elegir a dedo a los integrantes del Consejo de Participación y dar discrecionalidad al poder legislativo (la Asamblea Nacional, que ya no tenía una abrumadora mayoría correísta como ocurrió años atrás) para elegir a las principales autoridades del estado. Ganó la consulta con más del 70 por ciento de aprobación. Gracias a ello, Moreno eligió un consejo de “notables”, liderado por un octogenario conservador, Julio César Trujillo, y el proyecto planteado por el correísmo empezó a derrumbarse.
Trujillo mantuvo los concursos, pero con el poder de influir en ellos, como en el pasado lo hizo Correa. Destituyó a las autoridades existentes, leales al régimen anterior, y dio una nueva institucionalidad el país en materia judicial y de control. Los nuevos funcionarios revirtieron muchas de las reformas del pasado inmediato, empezaron a investigar los procesos anteriores y encontraron un sinfín de irregularidades, que se plasmaron en pesquisas de la justicia sobre el ex presidente y decenas de colaboradores.
La persecución por vía judicial, que el correísmo instauró con todo el aparataje institucional a su favor, no tardó. Empezó por el vicepresidente Jorge Glas, leal a Correa, involucrado en los casos de corrupción fomentados por la multinacional Odebretch; terminó preso luego de que renunció a su cargo. Correa fue vinculado en más de treinta casos y finalmente sentenciado en uno por convivir con prácticas de sobornos de empresas privadas en la construcción de obra pública. Fueron procesos turbulentos, mediatizados, en contra del caudillo, los cuales, por su inmediatez y falta de rigor en materia de pruebas, causaron controversia no solo a escala nacional.
Con toda la institucionalidad a su favor, las medidas económicas en contra de las masas trabajadoras no tardaron en llegar, al tiempo que se aprobaban otras para asegurar y/o incrementar las ganancias de las patronales (se perdonaron intereses de los impuestos pendientes de los grupos económicos más grandes del país por algo más de cuatro mil millones de dólares). En ese sentido, y frente a la inestabilidad de los precios del petróleo, el gobierno recurrió nuevamente al Fondo Monetario Internacional, una de las multilaterales de crédito que había rotó con Correa en algún momento. El nuevo financiamiento del FMI exige un drástico recorte del sector público, además de la venta de empresas del estado.
La eliminación de los subsidios a las gasolinas retó directamente al bolsillo de la población. En octubre de 2019, miles de personas, lideradas por indígenas vinculados a la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, la Conaie, trabajadores y estudiantes marcharon y se tomaron Quito, ante un cruenta represión de la policía, que dejó una docena de muertos, más de un millar y medio de heridos y una cifra similar de detenidos. El gobierno estaba contra las cuerdas y tuvo que derogar el decreto que producía un incremento de los combustibles y atentaba contra el poder adquisitivo de las asalariadas.
Era una derrota por goleada del régimen. Durante los meses siguientes no pudo pasar ley alguna en la Asamblea, donde una alianza de correístas y socialcristianos (derecha tradicional) daba mayoría a la oposición. La Conaie alistaba nuevas movilizaciones, pero vino la pandemia.
Barbarie y elecciones
Ecuador es uno de los países que en peores condiciones enfrenta la pandemia. Meses antes de que se conociera el primer caso, en marzo del 2020, algo más de 12.000 médicos y trabajadores de la salud habían sido despedidos. Este hecho disminuyó la capacidad estatal para enfrentar la crisis sanitaria, que impactó sobre todo a Guayaquil en los meses de marzo de abril del año pasado. Hasta febrero de este año se calcula que la cifra de muertos superaba los 40 mil personas, tomando como fuente los datos del Registro Civil sobre defunciones. El gobierno apenas reconocía 15.000 decesos. Su inercia frente a la crisis sanitaria se evidenció desde el aparente primer caso, en el mes de marzo, dato que no fue preciso porque distintas fuentes hablaban de al menos dos decenas de infectados días antes. El régimen liberalizó la venta de pruebas para detectar la enfermedad, con costos prohibitivos para la mayoría de la población que enriquecieron a un puñado de laboratorios privados.
El escándalo mayor se produjo a inicios del 2021, una vez que se conoció que el ministro de salud vacunó primero a su madre octogenaria (segura en un centro gerontológico privado) en lugar de hacerlo con el personal sanitario que atiende la pandemia y los pacientes de casas de retiro públicas para personas de tercera edad. Igualmente se filtró el hecho de que se vacunaron un empresario y un periodista, ambos ancianos. Existe una lista de personas “vip”, que el gobierno no quiere revelar. El funcionario de marras renunció y viajó al día siguiente a Estados Unidos, lugar donde permanecen seguros un ex ministro de economía, responsable de la crisis económica y hoy funcionario de una multilateral, y una ex responsable de la seguridad, quien ordenó la violenta represión de octubre de 2019.
Alrededor de 700.000 empleados públicos han sido despedidos en los últimos meses, que coincidieron con la pandemia mundial de la Covid-19. El gobierno envió a la asamblea nacional una ley que permitió a las patronales liquidar a discreción a los trabajadores y bajar hasta el 50 por ciento los salarios.
Con ese panorama, al correísmo no le hizo difícil ganar adeptos en una población abandonada a su suerte, que tuvo ciertas ventajas durante la década que fue gobierno en materia de educación y salud. Hay que tomar en cuenta que el período que lideró Rafael Correa privilegió una modernización del estado capitalista a través de una abundante obra pública en sintonía con los altos precios del petróleo. Todo unido a una administración cada vez más bonapartista, que criminalizó la protesta y persiguió física y judicialmente a opositores.
Uno de los dirigentes sociales reprimido y encarcelado fue Yaku Pérez, ambientalista proveniente del Azuay (sur del país), quien adquirió notoriedad pública gracias a su activismo frente a la minería, que empezó a implantarse en el correísmo. Se concesionaron territorios enteros a multinacionales chinas y canadienses, que invadieron comunidades con escolta policial. Pérez, en razón de su activismo y figuración, ganó la prefectura de su provincia en 2018 con la intención de proyectarse a la candidatura presidencial. Apareció en las protestas del 2019, aunque luego ofreció disculpas al gobierno y no fue judicializado, a diferencia de Leónidas Iza y Jaime Vargas, cabezas visibles de la Conaie.
Lasso, quien lleva doce años de campaña, perdió en las elecciones de 2009 y 2013 frente a Correa, ambas en primera vuelta. En 2017 por un estrecho margen ante Moreno y adujo fraude. Sin embargo, este miembro de la patronal financiera ecuatoriana, católico radical (miembro del retrógrado Opus Dei) y vinculado a un feriado bancario que perjudicó a millones, se convirtió en el mejor aliado del actual gobierno. Colaboradores y/o amigos cercanos llegaron a ser ministros y su bancada de asambleístas apoyó permanentemente las políticas oficiales de pauperización a los trabajadores. Además, ha opinado a granel en los medios –prácticamente a diario-, los cuales reciben la generosa pauta del banco del que es accionista principal, el Guayaquil.
Con el apoyo de la gran prensa, millones de dólares invertidos de por medio, Lasso sucumbió frente a la emergencia de Pachakutik y su candidato Pérez, quien se desmarcó de las propuestas de campaña de su partido y del movimiento indígena, dirigidas sobre todo a reivindicaciones económicas y étnicas, para apostar por propuestas liberales y medio ambientales. Con el peso de lo sucedido en Octubre del 19, e incrédulos frente al autoritarismo correísta, se convirtió en una opción para miles. Horas después de la votación, el conteo rápido de las autoridades electorales le daba el segundo lugar, a décimas de Lasso, pero en minutos el panorama cambió. Uno de los vocales del Consejo Nacional Electoral, afín a Lasso[3], dijo que el resultado dado estaba incorrecto: el banquero pasaba a ocupar el segundo puesto.
Días después el establecimiento ratificó a Lasso y descartó el reconteo de votos planteado por un ambiguo Pérez, quien no tuvo el apoyo decidido de los dirigentes indígenas. Pidió una movilización que no pasó de ser tibia, disminuida. Sin embargo, el racismo que afloró en 2019 evidenció su vigencia y no faltaron epítetos discriminadores contra el candidato de los pueblos originarios, provenientes también desde el correísmo.
Lasso ha dado un giro en la campaña para atraer el voto joven y para borrar su imagen conservadora (es rabioso anti aborto y anunció que eliminaría el matrimonio igualitario, aprobado en el país en 2018, si llega a ganar la elección). Incluso anunció políticas asistencialistas. Aráuz, sin hacer mucho y con el apoyo de Correa desde Bélgica, ha tratado en cambio de mostrar una imagen conciliadora. A estas alturas de la campaña, a inicios de marzo del 2021, distintas encuestas le dan entre quince y veinte puntos de ventaja sobre su contendor.
Al final, la emergencia del movimiento indígena como potencia electoral, más la ratificación del correísmo pese a sus características de proyecto burgués, ratifican a un establecimiento que, salvo ciertas concesiones realizadas en el gobierno anterior, se mantiene inalterable. Sin liquidez y con una deuda enorme, el próximo gobierno, en el caso de que gane el correísmo, que es lo más probable, no tendrá la misma llave de recursos que en el pasado. Paliar la crisis, al menos a mediano plazo, será una tarea enorme. El talante bonapartista del movimiento del ex presidente, del cual no ha hecho mea culpa, buscará, como lo hizo –con éxito- en su momento, dividir y desmovilizar a los colectivos sociales que lidera la Conaie. Esta última, con Iza al frente, llamó a un voto nulo ideológico y anunció que la resistencia continuará con cualquiera de los candidatos.
[1] Para los principales cargos de administración del estado se establecieron concursos de méritos y oposición públicos, a cargo del inédito Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, elegido por la misma modalidad por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, fueron cuestionados porque terminaba elegidos, permanentemente , funcionarios afines y serviles al gobierno.
[2] Las empresas chinas que comercializan el petróleo ecuatoriano se beneficiaron con entre el 1 y3 % por barril de crudo del país andino. Un negociado enorme que no ha sido aclarado hasta la fecha.
[3] El CNE se reformó en 2018, luego del giro del gobierno y del estado, y fue retomado por los partidos políticos.
