Soldados colombianos y de los Estados Unidos durante ejercicios militares de entrenamiento realizados en la base militar de Tolemaida. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO
Larissa Wolf – Julio de 2020
La llegada a Colombia el 1 de junio de 2020 de la misión SFAB, brigada especial del ejército de EE. UU que según Duque “apoyará la lucha contra el narcotráfico”, es uno de los más descarados actos de intromisión en los asuntos nacionales por parte de los yanquis en el último periodo. Y por si había alguna duda, muestra el servilismo cada vez mayor del gobierno de Duque frente a EE.UU.
Este hecho, que ha suscitado el positivo rechazo de un sector de los parlamentarios de oposición al gobierno, pone en evidencia que la defensa de la soberanía nacional es un asunto de primer orden ya que ningún país tiene el derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de otra nación. Y eso aplica para Colombia, Venezuela o cualquier otro país pobre del mundo.
El reciente fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordena al gobierno la suspensión de cualquier actividad de los militares norteamericanos en el país hasta tanto el senado no se pronuncie sobre el hecho, así como las denuncias realizadas por algunos sectores políticos que se consideran demócratas y los debates de control político al Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares son positivas pero insuficientes, ya que focalizan la mirada en la actitud sumisa del gobierno Duque pero NO van al fondo del asunto: Rechazar en primer lugar la intromisión de Trump en asuntos que sólo le competen a los colombianos, así como cuestionar TODOS los acuerdos y tratados políticos y militares -como el TIAR[1] y otros- que subordinan los destinos del país a los intereses económicos, políticos y militares de las trasnacionales gringas, garantizando la dominación histórica que EE.UU ha ejercido sobre Colombia y sobre los demás países de la región. Y en segundo lugar, en el marco de esa postura antimperialista, rechazar la total complicidad de Duque y demás gobernantes, así como de la clase dominante del país, quienes han mantenido esa relación de sumisión que beneficia económicamente sólo a los potentados.
Este nuevo acto de injerencia del imperialismo yanqui en Colombia tendrá repercusiones en América Latina, región que EE.UU considera su “patio trasero” de y que desde hace algún tiempo viene estrechando relaciones con Europa, Rusia y China, cosa que esa potencia no está dispuesta a tolerar y mucho menos en medio de la actual crisis económica, social y política desatada por el torpe manejo de Trump a la pandemia del coronavirus, y que viene dejando una estela de muertos en ese país mayor que la de la guerra de Vietnam, otro de los fracasos históricos del régimen estadounidense.
Para defender su dominio mundial y con la falsa excusa de la amenaza a su seguridad nacional, EE. UU tiene una larga historia de intervenciones militares en el mundo; el bombardeo a Irak y a Siria en 2014 en coalición con el imperialismo europeo es una de las más recientes. América Latina no ha sido la excepción: la invasión a Granada en 1984 y a Panamá en 1989 son algunos ejemplos que causaron el rechazo de sectores liberales, demócratas y de la izquierda en general. El apoyo al estado nazi-sionista de Israel -su portaviones en Medio Oriente- el bloqueo económico a Cuba para socavar la revolución llevada a cabo por las masas en 1959, así como el reconocimiento a Guaidó y las fuertes medidas de presión política y económica para obligar a Maduro a dejar el poder, han sido otros de los mecanismos de agresión usados por los yanquis.
Pero estos no son los únicos mecanismos colonizantes que tiene el imperialismo en su arsenal. Están los pactos económicos disfrazados como “ayuda desinteresada” a través de préstamos de los bancos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM); la participación en instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN); así como los acuerdos comerciales llamados TLC, que han permitido el saqueo a las naciones débiles, con el consecuente robo de sus recursos y la destrucción del medio ambiente. Es lo que se disfraza con la careta de la globalización y que cuenta con el beneplácito de la mayoría de sectores sociales y políticos dominantes de la nación sometida, que se benefician con una parte de las ganancias producto de la explotación de los trabajadores.
Por eso Duque en Colombia, como representante de los grandes empresarios y banqueros que dominan el país y fiel a su estrecha relación con EE. UU, permite que el ultraderechista Trump envíe un contingente de “asesores militares” al país, lo cual profundiza esa histórica sumisión a los yanquis, permitiéndole a EE. UU ganar el terreno perdido en el control de su patio trasero. Otro ejemplo de la entrega de Duque a Trump y de su papel de peón en la agresión al pueblo venezolano, es el apoyo prestado para que extraditen al negociante colombiano Alex Saab y que sea juzgado en Norteamérica. Independientemente de la relación que tenga este personaje con el imfame régimen de Maduro, el gobernante de una nación soberana reclamaría el derecho de juzgar a sus nacionales y no ceder ese derecho a otro país. Está claro que Duque no lo es ese tipo de gobernante.
El mentado combate al tráfico de drogas desde Venezuela, México y Colombia es el argumento usado por Trump, que realmente esconde su política de dominación colonialista, donde Venezuela es un objetivo fundamental desde que llegó a la Casa Blanca, ofensiva en la que Duque ha sido su agente incondicional, entrometiéndose permanentemente en los asuntos del hermano país, actuando como peón de Trump y otorgando garantías a los militares gringos en el uso privilegiado de las bases militares colombianas, incluso en medio de la crisis actual del coronavirus.
La política de prohibición e ilegalidad sobre los cultivos ilícitos, una de las agendas impuesta por EE. UU al país y que Duque acepta de manera arrodillada, les permite atacar a los sectores que se benefician del tráfico de drogas, ocultando con ello su real interés en el control de esta lucrativa industria; por eso se oponen a su legalización, para no dañar el negocio. Por otro lado, el campesinado pobre que se ve obligado a derivar su sustento de esos cultivos -ya que el gobierno no le garantiza las condiciones para cultivar las tierras con otros productos- queda atrapado en medio de esta infame pugna por controlar un negocio que mueve más de 10 billones de pesos al año.
Así en las declaraciones que dan a los medios de comunicación Trump y Duque aparezcan preocupados por la población adicta, lo que menos les importa son las vidas de aquellos que a causa de la crisis social cada vez más aguda de esta sociedad capitalista buscan refugio en las drogas. Si así fuera ya hubieran legalizado su consumo, como se hizo hace mucho con el alcohol y el tabaco. El sustento ideológico a su política de combate al narcotráfico se basa en algo real y es el daño que causa la droga a quien la consume; pero en vez de tratar este flagelo como un problema de salud pública atacan su comercio ilegal, desviando así la atención en la raíz del problema. Esto, entre otras cosas, permite a Trump que el mundo entero no repare sobre las fatales consecuencias por su desastroso manejo de la pandemia en EE.UU.
Por otro lado, el magnate yanqui -que busca ser reelegido el próximo noviembre- en una clara muestra del ataque a las libertades democráticas para las minorías y los pobres en ese país, no le ha temblado la mano para reprimir las justas protestas desatadas por el asesinato de George Floyd a manos de un policía el pasado 25 de mayo. El país que se ha erigido por años como el “guardián de la democracia” a nivel mundial, discurso que usa para oprimir y explotar a otras naciones más débiles, no es capaz de garantizar ni siquiera la vida de su población más vulnerable.
Mientras tanto en Colombia Duque, con el discurso de “mostrar su compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos”, exhibe esta nueva muestra de sumisión que le permitirá estrechar lazos con el imperialismo yanqui, con el objetivo de atraer capitales extranjeros, dándoles todas las garantías para extraer recursos naturales y aumentar la explotación de los trabajadores a su antojo, única forma de poder recuperar la economía capitalista en tiempos de crisis y coronavirus; todo a cambio de una mayor pérdida de la soberanía nacional y degradación del ecosistema. El regreso a la fumigación con Glifosato por presión de EE. UU -de consecuencias negativas científicamente comprobadas sobre la población y el medio ambiente – eran pasos que el gobierno ya venía dando en esta dirección.
El argumento altisonante del apoyo incondicional a EEUU en su “lucha contra el narcotráfico” esconde la doble moral de las élites gobernantes de este país, que ocultan su estrecha relación de décadas con reconocidos narcotraficantes y paramilitares, como revela el reciente caso de la condena por narcotráfico del hermano de la hoy vicepresidenta del país, hecho que se ocultó deliberadamente a la opinión pública y que era conocido por el gobierno de Duque y el Uribismo y no fue impedimento para su nombramiento. También está el caso conocido como la “Neñepolítica”, que involucra directamente a Duque en actos de corrupción electoral con un conocido testaferro del narcotráfico.
Este nuevo avance de EE. UU traerá mayor inestabilidad para Latinoamérica y en especial para Colombia, dada la situación en el campo con el constante asesinato de líderes sociales y la pugna entre los “grupos ilegales” para hacerse con el control de las rutas del tráfico de drogas. Situación que demuestra además que el acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno de Santos (predecesor de Duque) no significó el futuro de “prosperidad y tranquilidad para los colombianos” que prometían tanto Santos como los dirigentes de las FARC y la izquierda parlamentaria.
Es por ello que hoy se hace imperante el contundente rechazo a este nuevo acto de intromisión imperialista en el país. Los trabajadores, el pueblo pobre y todos aquellos demócratas que defienden la soberanía nacional, debemos rechazar contundentemente la presencia de este contingente de militares norteamericanos. Así mismo se hace necesaria la unidad con nuestros hermanos de lucha en Norte, Centro y Sur América, para dejar claro que el imperialismo no debe entrometerse en los asuntos internos de las naciones débiles.
La necesidad de liberar los pueblos del dominio de EE. UU cobra una vigencia aún mayor en estos momentos en que el gobierno de Trump es repudiado en las calles por el pueblo norteamericano, lo cual da aliento a la lucha unificada de todos los trabajadores y los pobres en todo el continente, con la importante tarea pendiente de conquistar la Segunda Independencia de América Latina.
Así mismo se hace necesario que expresemos nuestro rechazo al gobierno de Colombia, miserable agente de EE. UU, reclamando el no pago de la deuda externa y la ruptura de todos los pactos políticos y militares suscritos por la oligarquía con ese país y hoy defendidos por Duque, pactos que atan al pueblo colombiano y a los trabajadores a los dictados del imperialismo, sobre todo en el momento actual de crisis de la economía capitalista.
Los dirigentes de las organizaciones sociales y de trabajadores están ante el reto convocar a las bases a una postura de defensa de la soberanía nacional. De rechazo y combate al imperialismo, principal enemigo de los pueblos, y responsable del desastre en que se convirtió esta pandemia para la humanidad, además del saqueo, muerte, explotación y miseria en el continente y el mundo.
De desarrollarse en este país y en la región luchas contra el racismo, en apoyo a los que hoy se levantan en EE. UU y otras capitales del mundo contra este flagelo del capitalismo, se podría unificar la lucha de los oprimidos en todo el continente y fortalecer el combate contra este enemigo común, responsable también del ataque a las libertades democráticas de los trabajadores y los pobres.
La clase obrera de cada país, creadora de la riqueza social, junto a los demás trabajadores y pobres del campo y la ciudad, es a quienes les asiste el derecho de definir democráticamente el destino de sus naciones, sin la intromisión de ningún otro país.
