OMI – 01 septiembre 2020 –
En el país no solo se incrementan los muertos y contagiados por el COVID 19, la miseria, el hambre y el desempleo; también, aumentan los asesinatos y reaparecen las masacres.
En medio de la vulnerabilidad de la población por la pandemia, de los asesinatos a ex guerrilleros de las FARC y líderes comunales, resurgen las masacres. Ahora, los paramilitares enfocan su ofensiva de exterminio físico hacia jóvenes pobres en diferentes zonas del país.
Agosto tenebroso: resurgen las masacres
Esta reaparición de las masacres se inició con el asesinato de seis adolescentes en el barrio Llano Verde, Distrito de Agua Blanca de Cali, una de las zonas más pobres de la ciudad. No se había salido del asombro ante estos hechos atroces, cuando se conoció la nueva masacre de ocho estudiantes en Samaniego (Nariño) y luego de otras, configurando así, la escalofriante cifra de diez masacres en menos de dos semanas.
Según lo reportado por el Instituto para el Desarrollo de la Investigación y la Paz, Indepaz, “185 personas han sido asesinadas en 46 masacres cometidas en lo corrido de 2020”[1],
Estos hechos barbaros ameritan una contundente respuesta de condena y rechazo de las organizaciones sindicales, políticas y sociales del movimiento de masas: de jóvenes, trabajadores, campesinos e indígenas, en acciones unitarias de movilización nacional.
“justicia, justicia, justicia, eso es lo que queremos”
Mientras la población de Samaniego repudiaba la visita del Presidente y en coro gritaba “justicia, justicia, justicia eso es lo que queremos”, exigiendo castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos, el presidente Duque y su Ministro de Defensa, trataban de desviar la atención de la opinión pública, minimizar estos atroces crímenes y evadir la responsabilidad política que les compete como gobierno nacional.
Inmediatamente sucedieron las masacres, el gobierno vinculó a los jóvenes asesinados en Cali y Samaniego con el narcotráfico y, desfachatadamente, el Presidente Duque calificó las masacres como “homicidios colectivos”, como si cambiando las palabras se cambiara la realidad.
Por su parte, el ultraderechista presidente de FEDEGAN y dirigente del partido uribista Centro Democrático, trinó con una foto falsa señalando a los jóvenes de Samaniego de ser integrantes de “juventud FARC”. Al descubrirse su mentira no tuvo más remedio que eliminar el trino.
Esto no es nuevo. Es la política sistemática del gobierno, del Centro Democrático y su jefe político Uribe Vélez: culpar a otros, tergiversar los hechos, negar, mentir y ocultar, para encubrir y justificar la corrupción y los asesinatos.
De forma similar procedieron el Presidente y el ex ministro de Defensa, Guillermo Botero, frente al asesinato de ocho menores de edad en un bombardeo realizado por el Ejército en Caquetá; operación que no solo contó con la directriz del Jefe Supremo de las Fuerzas Militares, sino que fue presentada a la opinión pública como un gran éxito de este gobierno: “Con su tono enérgico, el ministro defendió el operativo, aduciendo que cumplió todos los protocolos, incluido el blindaje jurídico que exige un bombardeo… Pero 48 días después del bombardeo, ejecutado por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) y calificado como una “operación impecable” por presidente Iván Duque, el país se enteró de que allí murieron 8 menores”.[2]
También, el exministro Botero justificó el asesinato del ex-guerrillero Dimar Torres para encubrir la “…operación premeditada, urdida por militares…”[3]. Cínicamente afirmó que “Si hubo un homicidio, ha tenido que haber alguna motivación”. Fueron los campesinos de esa zona quienes sacaron la verdad a la opinión pública. Y, frente al asesinato de líderes sociales aseveró muy tranquilamente que “los mataban por líos de faldas”. Así mismo, intentó encubrir el asesinato del campesino indígena Flower Trompeta, a quien “La Fuerza de Tarea Apolo encabezada por el Coronel Sandro Grajales lo presentó como un disidente muerto en combate, pero este líder indígena de Corinto habría sido asesinado a sangre fría”[4]. Asesinato que recordó los crímenes de lesa humanidad, llamados “falsos positivos”,[5] de la “Seguridad Democrática” de los gobiernos de Uribe y su ministro de Defensa el ex presidente Juan Manuel Santos. Política que pretendió revivir el comandante del Ejército de Colombia, Nicacio Martínez, con “la emisión de directrices en el Ejército que revivieron el temor de los falsos positivos”[6], bajo el mando de Duque, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y su ministro de Defensa Botero.
Frente a estos hechos y tras la renuncia de esos personajes, la respuesta del presidente Duque fue darles un espaldarazo. Agradecer los logros del exministro Botero durante su labor y expresar que “el comandante del Ejército ha llevado estas tareas con lujo de detalles…Mi admiración y amistad para el general Nicacio Martínez”.[7]
Por eso, no debería llamar la atención que las masacres se cometan en zonas con “amplia presencia del Estado” a través de sus Fuerzas Militares. Tal como lo registró la revista Semana, “En casi todas estas zonas donde hay incremento de masacres y de violencia también se presenta una gran presencia militar…”.[8] Igualmente el Editorial del diario El Tiempo señala este hecho, “No se puede pasar por alto que las masacres han ocurrido en zonas con presencia de una fuerza de tarea del Ejército y dos de ellas en ubicaciones que no son de difícil acceso”.[9] Entonces no es suspicacia concluir que esa “presencia del Estado” no impide que estos grupos criminales actúen a sus anchas en esos territorios.
Es sabido de las siniestras alianzas que tuvieron los grupos paramilitares de las “Autodefensas Unidas de Colombia”, AUC, con las Fuerzas Militares y la policía, instituciones fundamentales del régimen político y del Estado; así como con políticos y mandatarios regionales, que en complicidad con empresarios, terratenientes y ganaderos, impulsaron y financiaron la campaña sistemática de exterminio, con incontables asesinatos selectivos y masacres que cobraron la vida de cientos de líderes sindicales, obreros, maestros, indígenas, campesinos, estudiantes, periodistas, y miles de miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica.
Contra el expresidente Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, el partido de gobierno, cursan múltiples denuncias en la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con el paramilitarismo y su participación en las masacres del Aro y de La Granja; por la conformación del grupo paramilitar los “Doce apóstoles”, por lo cual está preso su hermano; Así mismo, está siendo investigado porque apoyó el accionar de las “Convivir” cuando era gobernador de Antioquia, cooperativas creadas en el gobierno de Cesar Gaviria, que actuaron bajo el amparo de las fuerzas militares y fueron pieza clave de los paramilitares; También, cursan investigaciones por las interceptaciones ilegales, ejecutadas por el extinto DAS, entre muchos otros delitos. Uno de estos delitos es la manipulación de testigos y soborno por lo cual Uribe está detenido hoy.
Así mismo, “prestigiosos” miembros de su entorno cercano han sido condenados por vínculos con el paramilitarismo, el narcotráfico y por corrupción. Entre ellos están el exdirector del DAS, Mario Moreno el ex-secretario del gobierno de Uribe, el general (r) Mauricio Santoyo, jefe de seguridad de su presidencia en el periodo 2002- 2005 y el exministro Andrés Felipe Arias; solo por mencionar unos pocos.
Crímenes cuya mayoría continúan bajo una completa impunidad y por lo cual, algunos miembros del ejército están buscando salir impunes, dando su versión ante la Justicia Especial para la Paz, JEP.
Por otra parte, recientes hechos evidencian que esos vínculos de altos mandos del ejército con narcotraficantes y paramilitares, no son cosa del pasado. En 2020, han saltado escándalos de corrupción, de espionaje telefónico del Ejército a activistas políticos de oposición al uribismo y a periodistas nacionales o extranjeros. Además, multitud de abusos sexuales a menores, violaciones a los derechos humanos y un largo etc., campean en esta institución, especialmente a nivel de sus altos mandos.
Un régimen político autoritario, violento
Los sectores de oposición parlamentaria al gobierno, desde los políticos de la burguesía liberal hasta los de “izquierda”, basados en la lentitud y trampas del gobierno Duque y del uribismo a la implementación de los acuerdos Santos-FARC, presentan como causas de la actual ola de asesinatos selectivos y masacres, su no implementación o a la “falta de voluntad política del gobierno para garantizar la vida de los firmantes de la paz”.
Pero, si no se trata de ingenuidad, es malicia. Es iluso pensar que en un país con una histórica estructura latifundista de la tierra, ampliada con la atroz contrarreforma agraria mediante la cual despojaron de sus tierras a los campesinos y los expulsaron del campo, implementada a sangre y fuego por los paramilitares con sus aliados y en medio de la más descarada impunidad, los terratenientes, ganaderos y narcotraficantes, cederían fácilmente la tierra con un simple armisticio como el firmado con una guerrilla sin real apoyo en la población y debilitada.
O que la profunda desigualdad social imperante, la miseria y el desempleo en el campo y la ciudad, finalizarían. Así como el fenómeno mundial del narcotráfico, el paramilitarismo, la corrupción de empresarios y políticos, así como la descomposición y el contubernio de las Fuerzas Militares con esos paramilitares, empezarían a desaparecer por obra y gracia del “Acuerdo de la Habana”. Igualmente es engañoso esparcir la idea de que si “los amigos del acuerdo de paz hubieran ganado las elecciones”,[10] se habría alcanzado la anhelada “paz”.
Esas “explicaciones” eluden el centro del problema: la relación entre la violenta disputa territorial en el campo y la existencia de unas instituciones del Estado, o régimen político, altamente represivo, excluyente, autoritario y violento, que actúa como garante de los atropellos y el despojo de los terratenientes, ganaderos y capitalistas, e íntimamente vinculado a la contrarreforma agraria que llenó el campo de sangre para favorecer los intereses de esos sectores, y en común con los paramilitares, exterminó y desplazó a miles de trabajadores del campo y la ciudad, durante la llamada “guerra sucia”. Relación que como lo demuestran recientes hechos, aún continúa.
La realidad cotidiana de campesinos pobres e indígenas y de la clase obrera, es evidencia de que los intereses de los empresarios, los narcotraficantes y ganaderos, estrechamente subordinados a los de las corporaciones extractivistas y de agroindustria de EEUU y otras potencias, son incompatibles con los intereses del campesino pobre, el indígena y de la clase trabajadora.
Los millones de nuevos desempleados, la agudización de la desigualdad, la violencia, la miseria y el hambre, a consecuencia de las medidas tomadas por los gobiernos al amparo de la pandemia, son hechos nacionales y mundiales recientes y contundentes que en vez de acercar, aleja a grandes sectores de la población a una vida tranquila y en paz.
El “Acuerdo de Paz”: ilusión que se desvanece
Sectores democráticos y de oposición parlamentaria al gobierno, con justeza se indignan, repudian y reclaman justicia. Claman una y otra vez por la “paz”, el respeto a los acuerdos firmados con las FARC y que el Estado – es decir, sus instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas y de policía-, hagan presencia en los territorios.
Su confianza en las instituciones de esta democracia retaceada, burguesa, les impide ver que hoy se desvanece la ilusión de que vendría un futuro de tranquilidad y prosperidad para los colombianos sin violencia o asesinatos, tras la firma del “Acuerdo”.
Amplias capas de clase media, de jóvenes, trabajadores, campesinos pobres e indígenas, que albergaron esperanzas y se ilusionaron con las posibles bondades de ese pacto, por la credibilidad en estos sectores parlamentarios, no logran desentrañar que esa “paz” promovida desde el Estado no puede responder y menos resolver, sus necesidades y aspiraciones.
Por algo esa “paz” fue impulsada por el gobierno Santos, los jerarcas de la Iglesia católica y todos los gobiernos de América Latina, (tanto de “izquierda” como de “derecha”). Por eso contó con el firme respaldo del gobierno de Estados Unidos y su presidente Barak Obama, la potencia imperialista que nos oprime. Porque favorece esencialmente a los grandes inversionistas y sus negocios.
En su momento,[11] expresamos que la llamada “Reforma Rural Integral”, no eliminaría la propiedad privada de grandes latifundios. No estatizaría ni entregaría la tierra productiva al campesino pobre. Por el contrario brindaría las condiciones jurídicas, de infraestructura, políticas y de “seguridad” a las inversiones de los empresarios nacionales y de las transnacionales.
También afirmamos, que no habría una apertura democrática y la violencia contra los de abajo, seguiría. Sólo algunas concesiones menores para las FARC, unas gotas de agua, en un océano de garantías para los grandes empresarios nacionales y las trasnacionales favorables a sus negocios en el campo.
Los hechos recientes nos muestran que la violencia estatal y paramilitar no se frenó y menos se terminó con la firma del tal “Acuerdo de Paz”. La realidad viene arrasando todas esas ilusiones.
La realidad del capitalismo en este país asoma su fea y atroz cara
Los asesinatos selectivos y las masacres de agosto no son un hecho inconexo. Hacen parte de una campaña de exterminio, de amedrentamiento a sectores de la población en la disputa territorial y tienen trasfondo económico:
“Desde que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC–EP hasta el 15 de julio de 2020, 971 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia (21 en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018, 253 en el año 2019 y 53 en el año 2020)”.[12] Y “216 ex combatientes de las Farc han sido asesinados.»[13]
Igualmente, como informó el Tiempo, en su edición digital del 18 de agosto 2020, “Desde que se firmó el acuerdo de paz con las Farc, en el país se registra una nueva desaparición asociada al conflicto o a la violencia armada cada tres días”[14].
En ese contexto violento, el gobierno Duque firma con el gobierno imperialista de Estados Unidos, el plan “Colombia Crece”, una especie de nuevo “Plan Colombia”, que reforzará las condiciones de entrega y sometimiento del país a la voracidad de las transnacionales imperialistas y del saqueo de las riquezas del campo colombiano a costillas de incrementar aún más la miseria y la violencia en el campo.
Con su política arrodillada a “la lucha contra el narcotráfico” del gobierno de los EEUU, se cede aún más el territorio y la soberanía nacional del país a Estados Unidos y por eso sus soldados instruyen, supervisan y se pasean libremente por el territorio nacional.
Se esfuma el espejismo
Que el presidente Santos, los países imperialistas, con Obama a la cabeza, empresarios y los gobernantes, hicieran esa campaña, era de esperarse.
Pero, aprovechando el cansancio con la violencia, el anhelo de tranquilidad y las aspiraciones de mejorar su futuro, albergadas en amplias capas de la juventud, los campesinos pobres y trabajadores, los parlamentarios y dirigentes sindicales, fomentaron la ilusión de que ese “Acuerdo de la Habana” significaría el fin de la violencia, el respeto a los derechos humanos, garantías “democráticas” y cambios tanto sociales como económicos, favorables para todos los colombianos sin distingo de clase social.
Esto fue promovido por el hoy partido FARC. Y, en el seno de los trabajadores, por las direcciones de las Centrales Obreras, los sindicatos y las organizaciones políticas que se reclaman de izquierda como el Partido Verde, Congreso de los Pueblos, el Polo, Moir, Marcha y Unión Patriótica, el Partido Comunista, la Colombia Humana de Petro, se dieron todos a la campaña de convencer a sus seguidores de que con la firma de ese acuerdo se alcanzaría la “paz” en Colombia.
Los dirigentes de la FECODE, usaron los recursos de los maestros, en una millonaria campaña de afiches, folletos y conferencias para impulsar el apoyo porque según decían, “los acuerdos darán cierre definitivo a más de 50 años de enfrentamientos, guerra y zozobra que enlutaron a cientos de familias…”. Igualmente, promovieron la implementación de la Cátedra para la Paz en la escuela, como si los problemas de la propiedad de la tierra, el despojo, la violencia de los poderosos, la miseria o la falta de democracia y demás problemas del país, se resolvieran en las aulas. Marcha Patriótica manifestó: “No habrá más muerte, más persecución, más genocidio, ni odio ni violencia…”[15].
Esta política centrada en ilusionar al pueblo trabajador en que es posible conciliar los intereses de los pobres con los de sectores de la burguesía nacional y del imperialismo, se contrapone a lucha por el derecho que asiste a los campesinos pobres a una reforma agraria que les devuelva la tierra históricamente arrebatada.
La política de llamar a confiar en que con los pactos, como el de la Habana o que votando, todo poco a poco se irá solucionando, deja a los trabajadores y campesinos pobres con las manos atadas a la espalda para enfrentar los atropellos de los terratenientes y los poderosos y les evita formular un plan político de lucha acorde a la necesaria defensa de sus intereses y sus derechos en sus territorios.
Por eso hoy los dirigentes del partido FARC, están más preocupados por incorporarse a la “institucionalidad” y acomodados en sus curules, que en rebelarse ante el gobierno por el asesinato de sus militantes.
La “paz” es ante todo una práctica de vida social, solo se construirá a partir de la igualdad social. No puede haber paz para los pobres en el actual sistema capitalista–imperialista, cuya base es que unos pocos viven del trabajo de la mayoría, de la explotación del hombre por el hombre.
Donde, la clase trabajadora que produce la riqueza y pone a funcionar la economía es considerada una mercancía que se compra y se desecha según la ley de costo beneficio, como se ha demostrado en esta pandemia. Donde el despojo, el hambre y la desigualdad social es condición de enriquecimiento de terratenientes, ganaderos, banqueros y empresarios, la paz es una utopía. Una cosa es la paz para los ricos y otra para los pobres.
La realidad exige reorganizar la lucha
Por eso, solo la unidad en la movilización directa y sistemática de los trabajadores y las masas populares, campesinas e indígenas, podrá:
- Establecer la responsabilidad del Gobierno, el juicio y castigo a los culpables de los asesinatos de líderes comunales y de los jóvenes, mediante Tribunales populares y de trabajadores, que integren a familiares de las víctimas para que juzguen y castiguen a los asesinos y sus financiadores.
- Desmantelar las organizaciones paramilitares.
- Finalizar con los asesinatos selectivos y las masacres.
- Conquistar amplias libertades democráticas y de movilización.
- Conquistar una reforma agraria que devuelva la tierra a quien la trabaja y dote de infraestructura, educación, vivienda y salud al campo colombiano y expulse a las transnacionales imperialistas del campo.
El proceso abierto a partir del 21N unificó a diferentes sectores sociales con diversas demandas, en una sola voz contra el gobierno de Duque y el uribismo. Allí, se inició el camino de una lucha nacional, contundente, masiva y contra los asesinatos, las contrarreformas, la injusticia social, etc. Ese proceso, en los hechos y mas allá de alguna convocatoria minoritaria, volverá a resurgir, porque las causas profundas que lo originaron, lejos de solucionarse siguen empeorando.
[1] Informe de Masacres en Colombia durante el 2020 – Con corte 25 de agosto de 2020. Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos de Indepaz. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/08/Masacres-en-Colombia-2020-INDEPAZ-25-agosto-2.pdf
[2]Secretos del bombardeo que mato 8 niños y cobró la cabeza de Botero. El Tiempo. 10 noviembre 2019. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/asi-fue-el-bombardeo-en-el-que-murieron-8-ninos-en-caqueta-432146
[3] Botero el intocable. María Jimena Duzán. Semana. 2019/11/02.
[4] El asesinato del joven comunero Flower Trompeta enloda al ejército. Julián Gabriel Parra-De Moya. Las 2 Orillas. Octubre 30, 2019. https://www.las2orillas.co/el-asesinato-del-joven-comunero-flower-trompeta-que-enloda-al-ejercito/
[5] Estrategia militar dirigida desde los altos mandos militares. Los soldados asesinaban a jóvenes de los sectores populares y campesinos para presentarlos como guerrilleros muertos en combate para mostrar eficacia del ejército en la lucha contra la guerrilla, cumplir con las cuotas establecidas y ganar beneficios personales.
[6] La cadena de errores que terminó con la renuncia del ministro Botero. Semana. 11/06/19. https://www.semana.com/nacion/articulo/renuncia-del-ministro-botero-los-errores-que-lo-sacaron-del-ministerio/639328
[7] Duque anuncia la salida del general Nicacio Martínez de la comandancia del Ejército. Semana. 12/27/19.
[8] Masacres en Colombia: detalles de los 17 asesinatos en Colombia que dejan una noche de horro. Semana. 8/22/2020. https://www.semana.com/nacion/articulo/masacres-en-narino-cauca-y-arauca-detalles-de-los-17-asesinatos–colombia-hoy/696350Editorial El Tiempo.
[9] Estudiantes en la mira. Editorial, El Tiempo. 17 agosto 2020. https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/estudiantes-en-la-mira-editorial-de-el-tiempo-530018
[10] El acuerdo de paz no lo han hecho trizas, pero lo han engavetado. Juan Fernando Cristo. El Tiempo. 31 agosto 2020.
[11] “El Acuerdo Santos–FARC: ¿Un futuro de tranquilidad y prosperidad para todos los colombianos?” Declaración de Opción.
[12] Indepaz
[13] Van 216 excombatientes de las FARC asesinados: ¿cómo detener esta violencia? 7 agosto 2020.Semana. http://pre.semana.com/Item/ArticleAsync/685044
[14] Una persona desaparece cada tres días desde el acuerdo de Paz. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/desde-el-acuerdo-de-paz-el-cicr-registra-466-desaparecidos-534292
[15] Idem
