Por: Sergio García y Bernard R. 24/04/24
El presidente Petro viene manifestando desde hace algún tiempo que «no lo dejan gobernar»: que le quieren propinar un «golpe blando». Es decir, que de forma «institucional» buscan obligarlo a renunciar. Así responde a la utilización que hace la derecha de los múltiples escándalos que casi a diario, estallan desde el interior de su gobierno y sus funcionarios, así como dentro del Pacto Histórico (PH). Los escándalos van desde haber sobrepasado los topes de la campaña presidencial, que de comprobarse haría ilegítima su elección, hasta la algarabía por la grosera danza de los millones de los Carrotanques y demás tropelías de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, UNGR, liderada por los funcionarios que él nombró y que, al parecer, involucra a parlamentarios de su coalición de gobierno.
Más allá de los argumentos que sin vacilar utiliza la oposición de la extrema derecha y la derecha, para atacar y desgastar al gobierno, lo importante es preguntarse por qué, a pesar de ser éste un gobierno que a su manera interpretó el sentir de un gran sector movilizado durante el estallido social del 28A, no ha podido enfrentar a esa oposición reaccionaria envalentonada. Y más importante aún ¿por qué no ha empezado a resolver las principales necesidades de los trabajadores y de los sectores populares que salieron a flote con el estallido social y que él prometió que resolvería si se abandonaba la protesta callejera y todos se volcaban a las urnas?
Petro-Francia y el PH dijeron que era el camino más corto e inteligente para lograr los cambios. Por ello, las ilusiones y esperanzas de un grueso de la población se centraron en que, votando por Petro-Francia Márquez y los parlamentarios del Pacto Histórico, las cosas cambiarían. Pero eso no ha sucedido. Grandes sectores empiezan a ver que con este gobierno no hay algún cambio importante en sus condiciones de vida y de trabajo. ¡Ven que se está ante más de lo mismo!
El gobierno y sus fieles seguidores reconocen (a veces a regañadientes) que los cambios no se han dado. Y, como decimos, se justifican diciendo que «no los dejan». Argumentan que la oligarquía, los uribistas, el establecimiento, las Cortes y ahora el parlamento, impiden que se haga las reformas prometidas. Eso en parte es verdad: los partidos, los políticos y los gremios del «establecimiento», es decir de los capitalistas, se han opuesto y siempre se opondrán a cualquier cambio que no favorezca sus intereses. Más si eso les significa renunciar a sus abultadas ganancias, o a las comisiones y sobornos que cobran por el saqueo de las arcas públicas. Pero, hablando seriamente y desde el punto de vista de las organizaciones de la clase obrera y de los revolucionarios ¿no era previsible esperar ese comportamiento de la oligarquía, los capitalistas y de los uribistas? ¿Por qué pensar que la reacción política burguesa no aprovecharía el gran respiro que les significó el desactivar el estallido social para recuperar la iniciativa y recomponerse? Para luego pasar a la ofensiva, asediar cada vez más al gobierno y sin desaprovechar cada uno de sus errores, capitalizar políticamente sus vacilaciones y movilizar su base electoral en marchas reaccionarias. Por eso la explicación de los seguidores del gobierno es muy parcial.
Sólo una magnificación de los mecanismos electorales de la “democracia” burguesa permitió que dirigentes sindicales y políticos del Pacto Histórico convencieran a sus seguidores que al triunfar electoralmente y no con la lucha directa –el paro, la huelga y la movilización callejera– la derecha y la extrema derecha supuestamente quedarían totalmente aniquiladas y obligadas a obedecer a pie juntillas las iniciativas y propuestas de un gobierno que siempre busca la colaboración y el pacto entre las distintas clases, como el de Gustavo Petro.
¿A quién se le ocurrió pensar que los que tienen el poder económico del país (dueños de las EPS, banqueros, terratenientes, ganaderos, industriales, comerciantes y capitalistas gringos y extranjeros, etc.) simplemente obedecerían lo que el gobierno Petro quisiera hacer? ¿Por qué esparcir la creencia que, del pacto y unidad con los liberales Gaviria, con Roy Barreras, Benedetti, Dilian Francisca y demás santistas, samperistas, o conservadores, a cambio de la llamada mermelada –pequeñas gabelas y reparto del pastel– se lograría su apoyo a las reformas y no se atravesarían en el camino? Con razón alguien afirmó que “en política no hay sorpresas…¡sólo sorprendidos!”.
Lo fundamental es que de lo prometido por Petro es muy poco lo que hay para mostrar. Los hechos evidencian a un presidente en dificultades, sobre todo en lo que respecta al apoyo popular. A excepción del Primero de Mayo, las últimas marchas convocadas por el gobierno, cuyo eje central ha sido defender su gestión y apoyar las reformas presentadas al Congreso, a pesar de contar con el apoyo de los dirigentes de las centrales obreras como la CUT, CTC y CGT e importantes sindicatos como FECODE, han venido en un constante declive.
Las mayorías parlamentarias con que contó al inicio de su mandato se han diluido rápidamente. Las encuestas de popularidad no le son favorables: 6 a 7 de cada 10 encuestados están en su contra. Lo que denota un rápido desgaste político para un gobierno que aún no llega ni a la mitad de su período. La otra cara de la moneda es que la situación es aprovechada por los opositores políticos del gobierno. Una muestra fueron las movilizaciones citadas por la oposición el 21 de abril, cuya masividad sigue en aumento, así en su postura retrógrada a muchos de los participantes les importe muy poco saber el verdadero contenido de las reformas del gobierno, pues son sus enemigos políticos.
Muestra que la derecha y la extrema derecha burguesa (uribistas), ante estos síntomas de debilidad del gobierno han pasado a la ofensiva. Incluso algunos pequeños sectores, más extremos, proponen tumbar el gobierno. Lo que generó toda una polémica en los círculos políticos de la burguesía, académicos, progresistas y organismos internacionales como la ONU y la OEA, sobre lo que llaman «la necesidad de respetar y defender la institucionalidad democrática del Estado». Así, que tumbar al gobierno no es una propuesta que aglutine fuerzas políticas mayoritarias a favor, porque entre otras, no es bien vista por el gobierno de EEUU y demás organismos del imperialismo. Pero los permanentes cuestionamientos que se le hacen al gobierno, si logran desgastarlo y desprestigiarlo. Cumplen el objetivo de debilitar electoralmente su bancada y sacar réditos con miras a las próximas elecciones presidenciales, llegando al punto que algunos sectores de sus aliados, como del Partido Verde, han tomado distancia y ahora lo atacan, por supuesto con la mira puesta en las elecciones.
Otro factor que entra en juego en la difícil situación del gobierno es su relación con los imperialismos, fundamentalmente con el yanqui que aprovecha su debilidad para someter más el país a sus dictados. Un ejemplo es el genocidio del pueblo palestino perpetrado en Gaza por el sionismo ha dado lugar a declaraciones de Petro condenándolo, comparando las acciones de destrucción en Gaza con el Holocausto nazi y romper relaciones diplomáticas con Israel. Eso derivó en una queja formal del gobierno israelí y una manifiesta diferenciación por parte del gobierno de Joe Biden. Algo que además le ha significado al gobierno el retiro del apoyo por parte de capas de clase media y sectores populares que, por su arraigo religioso y seguimiento a sus líderes políticos o religiosos, se ubican del lado de Israel y de la extrema derecha colombiana quienes apoyan abiertamente el asesinato masivo de la población palestina por parte del gobierno sionista.
¿Por qué se llegó a esta situación?
Cabe preguntarse ¿Por qué un gobierno que alcanzó la más alta votación en la historia del país y que contaba con un amplio apoyo popular y de la clase media al inicio de su mandato, se ha desgastado tan rápidamente? Como clase trabajadora, a diferencia de las afirmaciones en boga, lo primero que debemos ubicar es que la situación de la lucha de clases en el país cambió. Veníamos de un estallido social donde primaban las masivas movilizaciones en todo el país que no solo enfrentó, sino que hizo retroceder al gobierno uribista. Esas multitudinarias movilizaciones y puntos de encuentro de la juventud y la comunidad, así como los bloqueos, eran parte de la lucha cotidiana, la cual tenía ejes claros como el rechazo a la reforma Tributaria de Duque–Carrasquilla. Se protestaba contra la pobreza y el encierro, agravados por las ineficientes respuestas de Duque a la pandemia. También contra el continuo asesinato de líderes sociales, la impunidad, la corrupción, entre muchas otras cosas.
Fueron las penurias y calamidades de los jóvenes y trabajadores pobres en las ciudades, marginados del crecimiento económico del país durante casi treinta años, sin posibilidad de acceder a salud y educación de calidad y mucho menos a una vivienda y empleo dignos, así como los millones de colombianos arrojados a la informalidad para sobrevivir, las causas que originaron el estallido social del 28 A. Allí se hizo sentir el poder de las masas movilizadas en las calles, logrando tumbar la reforma Tributaria, a su cerebro el Ministro Carrasquilla y alcanzar la matrícula cero en la educación superior para todos. La fuerza de la movilización fue tan grande que incluso sectores de la burguesía llegaron a plantear que se les cobrara más impuestos a ellos para solventar los gastos de las reformas porque junto con su gobierno de turno se sintieron acorralados. Los que siempre han gobernado y dominado el país, sintieron incertidumbre.
Hacía mucho que no se enfrentaban a un levantamiento popular de tal magnitud. Por ello, ante la debilidad su respuesta fue militarizar capitales como Cali, coordinando sus fuerzas represivas contra la protesta focalizando los golpes contra algunos puntos de bloqueo que estaban al margen de las grandes movilizaciones, asesinando a decenas de jóvenes. Y a pesar de la represión, las movilizaciones continuaron, haciéndoles entender que el pueblo pobre no estaba dispuesto a ceder, sino que exigía soluciones e iba por más.
Sin embargo, cuando la fuerza y el poder de las masas en las calles mostraba su contundencia, aparecieron los profetas de la conciliación y el apaciguamiento, de la paz social. Todos los dirigentes del CNP y activistas de la «izquierda» parlamentaria agrupados en el PH, liderados por el propio Gustavo Petro, empezaron a decir que, al lograr tumbar la Tributaria, ya era suficiente. Que era necesario retornar a la calma «para construir país», dijeron. Apareció el senador Wilson Arias en el puente del Comercio en Cali llamando a suspender los bloqueos porque “el objetivo principal ya se había logrado”. Petro en medio del estallido «aconsejó» al Comando de Paro suspender la protesta y llamó a los jóvenes a «abandonar la barricadas«. Todos los dirigentes sindicales y políticos, así como los de la llamada «primera línea», llamaron todos a conjurar la lucha y suspender el estallido social “para resolver esto por las buenas y en las urnas”. Y los sectores populares de clase media y los jóvenes, hicieron caso. Por si existieran dudas de que estas afirmaciones nuestras son una acusación infundada, el propio Petro hace algunas semanas en un discurso pronunciado frente a campesinos en Santander, reconoció esto con una claridad meritoria: «…cuando le dijimos al pueblo del estallido social: cálmense que vamos a resolver esto por las buenas y en la urnas. Y el pueblo se calmó y fue a las urnas…propusimos un Pacto social a través del diálogo y a través del pacto…».
Como era de esperarse, al ser muy conveniente a sus intereses, a ese llamado de Petro y los dirigentes del PH, le hicieron coro tanto los EEUU como todos los potentados del país, los Sarmiento Angulo, Gillinsky, Santo Domingo. Es decir, toda la burguesía y sus corifeos de los sectores más acomodados de la clase media. Sin dudarlo, colocaron todos sus medios de comunicación al esparcir el mantra de suspender las protestas y continuar las luchas en las urnas, de forma civilizada, pacífica e inteligente. Así, se entró en el rellano de las ilusiones electorales, otorgándole a la burguesía del país y su gobierno una valiosa tregua en la lucha.
Los representantes del capital y sus partidos políticos poco a poco empezaron a retomar la iniciativa y lograron que la perspectiva de los destinos del país no se siguiera dirimiendo en las calles con las masas movilizadas, sino en el tranquilo escenario de las urnas y los interminables e inocuos discursos del parlamento.
Se entró en la campaña electoral donde la burguesía nacional nada como pez en el agua y a través de la cual lograron pasar el susto y postergar las soluciones de fondo que pedían las masas pobres. Si bien un gobierno de Gustavo Petro no era su predilecto, les tocó aceptar que fue el ganador, apoyado por sectores populares de clase media, los asalariados mejor remunerados “de cuello blanco” y los “progresistas”. Pero sobre todo por jóvenes ávidos y encandilados con el sólo objetivo de ratificar la contundente derrota electoral al uribismo y la extrema derecha. Todos llevaron a la presidencia a un candidato que prometía «el cambio» y la ruptura con las tradicionales formas de hacer política en el país.
Desafortunadamente, hay que decirlo, Gustavo Petro no llegó a la presidencia reflejando solamente los intereses de los de abajo, las capas de clase media y de los “progresistas” liberales o socialdemócratas. Para aglutinar más votos apostó al pacto con sectores del rancio establecimiento, de la oligarquía y con empresarios calificados como de “avanzada”, argumentando que el pacto político de todas las clases sociales, era el camino seguro para lograr el cambio. Así buscó la unidad política con sectores de los partidos tradicionales que siempre han dominado el país, como los liberales, los conservadores, la U y otros.
Pero hoy ellos, la burguesía, ya no está por que les cobren impuestos para solventar las reformas sociales. Todo lo contrario: piden que el gobierno diseñe planes que les permitan alcanzar altas tasas de ganancias en sus negocios. Que les otorgue más descuentos en impuestos. Que supere los obstáculos para garantizar sus inversiones. Lo que prima ahora en la agenda política del país son los interese de los potentados de la clase dominante. La agenda del gobierno tiene muy poco que ver con las causas de fondo del estallido social: vivienda, educación, empleo y salud para los “nadies”. Tanto, que ya no se habla de ellos en el gobierno y mucho menos se habla del “vivir sabroso”.
La propuesta política de colaboración de clases de Petro incluyó entregar los ministerios más importantes a políticos tradicionales representantes de lo más rancio de la burguesía del país. Dijo que esa era una salida realista para lograr los cambios. Que se podía enderezar los destinos del país con ese Pacto. Que eso garantizaría algunas tibias reformas y paliativos para distribuir mejor la riqueza social producida por los trabajadores, de la que se apropian los dueños de las empresas. Que sólo era necesario retocar los aspectos más irritantes de este sistema social; que bastaba con reformas para hacerlo más justo, más equitativo. Así, supuestamente, se erradicaría la miseria, la violencia y se conquistaría la paz.
Pero la realidad para los de abajo, para los principales protagonistas del estallido social y quienes pusieron los muertos y los heridos, es otra. Los cambios de fondo, urgentes y necesarios no llegan. Sólo por nombrar algunos aspectos: la gasolina ha subido casi al doble, lo que golpea directamente los bolsillos de los hogares populares porque los precios de los alimentos y el transporte han subido también. La política de vivienda popular brilla por su ausencia y la finca raíz es cada vez más costosa, lo que aleja la posibilidad de alcanzar una vivienda digna. La salud sigue siendo un negocio rentable para un sector de empresarios a costa de la vida de los pacientes. Sólo que ahora asociados con los representantes del gobierno.
La ampulosa “paz total” es un fracaso evidente. Sigue sin poner sobre la mesa el punto nodal de la legalización del consumo y la distribución, porque significaría contradecir la “guerra al narcotráfico” impuesta por los gringos como flagelo al país y en acuerdo con la oligarquía. Y como consecuencia, se mantienen los altos precios de las drogas, fomentando el crecimiento de las organizaciones del “multicrimen” que terminan arrastrando con su fuerza económica a campesinos, jóvenes y población rural, convertidos en carne de cañón de una guerra que no pidieron, cuyos lucrativos intereses les son ajenos, pero de la que son sus principales víctimas.
Capítulo aparte del que se ocupará otro artículo, merece mencionar aquí la improvisación y desidia con que se cambió el sistema de salud de más de 800.000 maestros del país, poniendo en juego la salud y la vida de ese importante gremio, que en amplias franjas votó por Petro-Francia, ilusionado con sus promesas. Igualmente, el cierre de Colmotores (Chevrolet), así como la votación de Huelga en 14 de los 17 sindicatos de los trabajadores del Ministerio de Trabajo, motivada por la negativa de la Ministra -ex dirigente sindical y Comunista– a dar cumplimiento a los reclamos salariales y de mejora en las condiciones de trabajo.
Estos y otros episodios de trabajadores en lucha y protesta enfrentados, de hecho, al «gobierno del pueblo», evidencian que más allá de palabras y discursos, para este gobierno los intereses de la clase trabajadora importan un comino.
En síntesis, el gobierno Petro ha llevado a un callejón sin salida a sus seguidores y a todos aquellos que quieren, con toda justicia, mejorar y cambiar su realidad. Las multitudinarias marchas de oposición, lo zarandean, así como a los que aún lo siguen defendiendo, en muchos casos ciegamente. Estamos ante el resultado de haber sustituido la fuerza colectiva y las acciones de lucha masiva del pueblo, por el voto individual en las urnas como vía de solución a los problemas que se manifestaron en el estallido social del 28 A.
El curso autoritario del gobierno
Presionado por la pérdida de respaldo popular y por no contar con las mayorías en el congreso para pasar sus reformas, el gobierno debilitado, ha entrado en una deriva autoritaria (bonapartista). Busca solucionar su debilidad ante la ofensiva de lo más reaccionario del establecimiento tomando medidas de corte despótico. Pretende y cree que puede desconocer las reglas de la democracia burguesa y de la institucionalidad que se comprometió a respetar sagradamente, sin desatar la furia de la extrema derecha, de la derecha e incluso de capas de clase media que lo vieron al inicio con simpatía y hoy desertan de su proyecto. Lo puede hacer utilizando las instituciones del mismo régimen político colombiano que dice combatir, dado que éste sigue casi intacto. Régimen, que lejos de ser altamente democrático como dicen, concentra en la figura del presidente altos poderes que con Decretos le permiten pasar por encima de las instituciones burguesas y ejecutar decisiones sin pasar por las discusiones parlamentarias. Y es de esperar que, si el gobierno continúa perdiendo popularidad y manejo, sus salidas autoritarias se acentúen.
Ante las trabas de la oposición en el Congreso a sus reformas, Petro empezó a hablar primero de una Asamblea Constituyente para discutirlas. Pero al ser fuertemente criticado por los sectores de la reacción burguesa por poner en juego el replanteamiento de la constitución, reculó para hablar de un gaseoso Proceso constituyente apoyado en cabildos abiertos en los que se discutan y apoyen las propuestas del gobierno. Esa conducta errática y autoritaria le entrega en bandeja las banderas de la defensa de la democracia, a la reacción interna y a sectores del imperialismo yanqui y europeo, quienes así pueden aparecer como acérrimos defensores de la democracia y respetuosos de la institucionalidad, atacando a Petro por estar convirtiéndose en “dictador” o un “autócrata”.
Las medidas que Petro ha propuesto para avanzar en sus planes, como los llamados cabildos abiertos, no son realmente mecanismos democráticos, pues allí se aclama, pero no se vota nada. Son ajenas a la cultura de los trabajadores y las masas populares. Y a pesar de que los partidos de “izquierda” y representantes de sindicatos reconocidos hoy son gobierno, sus dirigentes no recurren al llamado a las bases para preparar asambleas que autónoma y democráticamente voten y decidan al interior de sus organizaciones, como enfrentar la ofensiva de la derecha. Sólo son convocadas para apoyar en forma pasiva las marchas pro-gobierno.
Y es explicable que estos dirigentes lo hagan. Pues no desean que las decisiones de los trabajadores y sectores populares puedan desbordar la «paz y tranquilidad social» que prometieron a la oligarquía. Las manifestaciones y marchas convocadas por las direcciones, sin consultar a sus bases, son más esporádicas marchas rutinarias de corte electoral, antes que movilizaciones de lucha. Algo que, además de evitar que los reclamos populares se pudieran salir de control, permite desentrañar que los tales Cabildos, el supuesto Referendo o la Constituyente, no están relacionadas con la defensa de los intereses de la clase trabajadora, del «pueblo» o de los nadies como proclaman, sino que tienen la mira puesta sólo en lograr ganar las elecciones de 2026.
¿Qué medidas debería o podría tomar el gobierno?
A pesar de ser un gobierno que canalizó las ilusiones electorales de los sectores movilizados en el 28 A, no recurre a la democracia de las mayorías movilizadas. Sólo a las decisiones a los Decretos y a la grandilocuencia de la figura presidencial, como mecanismo de campaña electoral. Limitado a polemizar con la extrema derecha y así evitar enfrentarla con la movilización y lucha directa. Así, le pavimenta el camino a la reacción oligárquica y las presiones e injerencia imperialistas.
Por tanto, es necesario que la clase obrera, trabajadores y sectores populares, se movilicen de manera independiente del gobierno y sus dirigentes. Para enfrentar a la reaccionaria derecha burguesa y patronal y no en defensa de las políticas del gobierno, porque no dan solución a las necesidades más apremiantes de los sectores más pobres del campo y la ciudad o la clase obrera: salario mínimo justo, reforma agraria integral, vivienda digna, en vez de ensayos improvisados, salud de calidad y a cargo del estado, entre otras. Esa es la razón por la cual el respaldo de la población a los llamados del gobierno, viene en caída.
Petro afirma que la salud no debe ser un negocio y que debe ser convertida en un derecho real. Pero la apresurada decisión tomada con el servicio de salud para el Magisterio va en contravía de esa afirmación, que, según él mismo, será el modelo a implementar hacia el resto de la población. La protesta de sectores de los maestros fue la que sacó a la luz el grave problema creado con la salud de los maestros y permitió apreciar la gran crisis que vive el magisterio con el cambio abrupto y sin transición realizado por el gobierno. A pesar de que al inicio los directivos de la Fecode y los sindicatos, así como los defensores del gobierno dentro del gremio, trataron de ocultar, hoy buscan con declaraciones y videos re-acomodarse. Hoy para los maestros víctimas de ese cambio improvisado totalmente amarrado a los intereses de los monopolios financieros, es más claro que el nuevo servicio es desfavorable. Entonces lo que se impone es acabar con las EPS y convertir la salud en un servicio bajo responsabilidad del Estado y bajo el control de los trabajadores. No se trata de reformar y retocar la Ley 100, sino de su derogatoria. Ya que no funcionó por ser un negocio destinado a la obtención de ganancias para sus inversores y no para una real atención y cubrimiento de las necesidades en salud de la población. La salud debe estar a cargo del Estado, no de los empresarios como negocio, según consignó la Ley 100.
Petro afirma que las instituciones de la democracia burguesa son una traba para los cambios que se necesitan (Cortes, Fiscalía, Congreso). Eso también es cierto, ya que están diseñadas para garantizar el funcionamiento de los intereses de los capitalistas nacionales y extranjeros dentro del país. Sus representantes cada tantos años luchan electoralmente para enquistar en estas instituciones a sus aparatos mafiosos, que les garanticen impunidad ante sus delitos y abusos, pero manteniendo el margen de legitimidad necesario para resolver las agrias disputas entre ellos. La experiencia ha demostrado a los trabajadores que la democracia de la que tanto hablan es para los de arriba, es burguesa, es sólo aparente.
No es la que permitirá resolver los grandes problemas que tiene el país. Para eso se necesitan mecanismos ampliamente democráticos donde se discuta libremente la grave crisis social, política y económica que se padece. Ante eso, es verdad que una institución más democrática que el Parlamento y las otras instancias que existen, sería una Asamblea Nacional Constituyente. Pero no para repetir la nefasta experiencia del año 90 de creer que los graves problemas sociales y económicos se arreglarán cambiando la Constitución. Menos aún con una Asamblea con temario previamente pactado entre los partidos y el gobierno, donde tan sólo setenta “lúcidos” legisladores electos definieron la nueva constitución que hoy, 34 años después, los tiene discutiendo la necesidad de soluciones de fondo a los llamados problemas estructurales del país. O la también nefasta experiencia de la Asamblea Constituyente vivida recientemente en Chile, en la que se discutió de todo para que todo siguiera igual, pero sirvió de maravilla para desactivar el estallido en ese país y evitar que se tumbara a Piñera.
Los trabajadores y sectores populares podrían aprovechar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, sólo si ésta es verdaderamente Amplia, convirtiendo el país en una sola circunscripción electoral. Democrática, si cualquier obrero, trabajador o poblador puede inscribirse y ser elegido sin ninguna restricción oligárquica como el llamado umbral electoral. Y Soberana, si el temario no está pactado de antemano por los partidos burgueses y pequeñoburgueses, y menos aún, manejada por el gobierno. O sólo se limite a retocar la “neoliberal” Constitución del 91.
En últimas, lo que se pone a discusión es quién debe gobernar el país: las oligarquías mafiosas o los trabajadores, que son los productores de la riqueza social y que son los que deben controlar los medios sociales de producción en beneficio de todos los pobres.
Su temario debe discutir los graves problemas democráticos del país, como, por ejemplo: Alcanzar la plena soberanía ante las potencias y dejar de ser una semicolonia de los imperialistas; el no pago de la fraudulenta deuda externa que hoy ronda los 198.000 millones de dólares; la ruptura con los dictados del FMI, el BM y todos los tratados militares que atan al país a los EE. UU.; el problema de la reforma agraria. Que discuta cómo garantizar plenos derechos a todas las minorías; la democratización de las FFAA; el cese de la grosera impunidad y juicio a los culpables; la libertad a todos los presos políticos y todos los derechos de los trabajadores: el empleo; los salarios y hasta el problema del poder. Y ese tipo de constituyente no caerá del cielo. Sólo se podrá imponer a la reacción de derecha y extrema derecha con una gran lucha nacional centralizada y liderada por las organizaciones obreras, de trabajadores, de sectores populares y no con lacónicos llamados desde arriba, carentes de contenido, para luego decir que la culpa es de las bases que no apoyan las propuestas del gobierno.
Sobre la reforma Laboral, cabe decir que mientras no mejore las condiciones de los trabajadores, no resolverá sus problemas de fondo. Y a una reforma de este tipo se opondrá radicalmente la patronal y sus parlamentarios, pues en los últimos gobiernos lo que se han hecho es esquilmar sus bolsillos, recortando y suprimiendo los derechos conquistados por los trabajadores durante años de lucha. Primero se les despojó de la retroactividad de las cesantías; luego le rebajaron los impuestos sobre las nóminas a los empresarios, modificaron los recargos nocturnos, horas extras y festivos, legalizaron los contratos basura, entre muchos otros puntos. Al día de hoy es imperativo reconocer que la política de reformar la Ley 50 no conduce a ninguna parte. Se requiere también derogar esa Ley para que cesen los contratos por OPS en todas las empresas. Acabar con el trabajo a destajo, que es como se contrata a gran cantidad de jóvenes hoy día y lograr el pago de todas las prestaciones sociales.
Pero recuperar unas condiciones dignas en los salarios y contratos laborales es tan sólo una parte mínima de lo que requieren los trabajadores, porque de fondo se encuentra el flagelo del desempleo que golpea a millones de colombianos y en especial a los jóvenes y mujeres pobres. Esa realidad exige al gobierno realizar urgentemente un Plan Nacional de Obras públicas, centrado en la construcción de vías terciarias en el campo para que los campesinos puedan ofrecer y comercializar sus productos a precios justos y así evitar que queden en manos de los intermediarios y almacenes de grandes superficies que les imponen los precios de compra; y en los barrios populares mejorar las condiciones de la vivienda, la salud y la educación y las condiciones de vida de sus habitantes, empleando a la gran masa de jóvenes y mujeres que hoy viven del rebusque.
El gobierno con la vista puesta en el espejo retrovisor, ha convencido a la población de pagar el doble por la gasolina y ajustar al alza los demás combustibles. Eso no puede seguir así. Se impone congelar esos precios, al igual que las tarifas de energía y demás servicios públicos. La crisis de las empresas de servicios públicos no es responsabilidad de los usuarios sino de las administraciones corruptas y de los empresarios e inversionistas dueños de esas empresas, que cobran altas tarifas para garantizar el aumento de sus ganancias. Así que los costos de la crisis las deben pagar ellos y no la población pobre.
Sobre la educación superior, con las movilizaciones del 28 A se le arranco al derechista gobierno Duque la matrícula cero en las universidades e instituciones públicas. En el gobierno Petro se ha recortado su alcance y la gratuidad cubre sólo algunos estratos, eludiendo así la gratuidad plena de la educación pública universitaria. La juventud estudiantil requiere la gratuidad total en las universidades públicas y un presupuesto de funcionamiento adecuado a las necesidades de cada institución, no cobros diferenciados por estratos, que ha dejado por fuera de la educación superior a muchos jóvenes del país.
Acerca del anhelo de querer vivir en paz y lograr tranquilidad en la cotidianidad, Petro dice que su política de “paz total” logrará eso. También ha dicho que la estrategia de la guerra al narcotráfico fracasó, eso es cierto. Que ese negocio es el combustible de lo que él llama el multicrimen y que es necesaria una “nueva estrategia”, aunque no dice cuál.
Pero hasta ahora no rompe con el sometimiento y la “guerra a las drogas” que EE. UU. le impone al país. El primer paso para lograr la “paz total” es ser autónomos y soberanos en las decisiones que impactan todas las esferas de la sociedad. Para lograr la paz en el campo y las ciudades, el gobierno debe orientar al país hacia la legalización de las drogas, así eso signifique chocar y romper con la guía impuesta por EE. UU. y sectores de la burguesía nacional que se lucran del negocio. Se debe terminar con lo que alimenta a las bandas armadas que trafican y se benefician del trabajo de los campesinos y cultivadores. La mal llamada “Paz Total” sólo se podrá lograr si se pone fin al sistema de explotación y opresión capitalista.
Igualmente, Petro habla de la necesidad de dar tierra a los campesinos y modernizar el campo. Hoy es claro que la política de pactar con Lafaurie, el representante de los ganaderos y los terratenientes, comprándoles la tierra a precios exorbitantes no es la solución. La miseria y la violencia en el campo exigen romper esos acuerdos y entregar gratuitamente y sin cortapisas la tierra a los campesinos pobres que no la poseen, como también devolver a sus legítimos dueños las tierras que durante años fueron despojadas por terratenientes y paramilitares a través del desplazamiento, masacres y posteriormente legalizadas mediante compras fraudulentas para pasar de agache como compradores de buena fe, exigiendo altas indemnizaciones para devolverlas.
Petro hace declaraciones por la paz y en contra del genocidio del sionismo en Gaza. Eso es positivo. La ruptura de relaciones con Israel es un paso en la dirección correcta, pero es insuficiente. Se impone además que rompa las relaciones económicas y militares con la entidad sionista. Y en unidad con Lula, López Obrador, Boric y otros gobiernos, buscar el aislamiento internacional de Israel para ayudar a parar esa masacre.
¿Cómo hacer todo esto?
Se debe insistir que ninguna solución a estas y otras demandas se va a lograr esperando pasivamente que el gobierno lo haga, así le demos más tiempo. Menos aún se lograrán con algún Cabildo o con esporádicos y débiles desfiles callejeros de apoyo al gobierno Petro y sus iniciativas, por impactantes que suenen.
Las respuestas a las acuciantes necesidades de la clase obrera, los asalariados y los sectores populares son urgentes. Pero sólo se podrán conquistar con la movilización independiente del gobierno. Decidida democráticamente por los trabajadores y la población, en sus organizaciones y asambleas. Los Cabildos que consigna la Constitución del 91 son mecanismos burgueses por eso llamados de “expresión ciudadana” sin poder de acción, menos aun cuando son controlados desde arriba con una agenda predeterminada.
La experiencia enseña que todo lo que se le arrancó a Uribe, Duque, a Santos o a los demás gobiernos fue por la movilización y lucha en las calles. Por medio del paro y la huelga y la protesta general, como medios de enfrentamiento a las políticas y a las medidas de todos esos gobiernos burgueses y patronales asociados con los gringos. Y no hay forma de demostrar que eso cambió con este gobierno. Nadie seriamente puede demostrar hoy que hemos alcanzado nuevas conquistas para los de abajo como consecuencia de las acciones de este gobierno. Así aún haya muchos que lo apoyen o lo consideren suyo. Es necesario y urgente volver al camino de la lucha directa. Del paro, la huelga y la lucha callejera, si se quiere hacer retroceder a los reaccionarios sectores de derecha que se están tomando las calles y si se quiere de verdad avanzar, hacia las soluciones de fondo a la desigualdad social y las penurias de la clase trabajadora y los de abajo.
Por ello es necesario plantear y abrir el debate en las bases de los sindicatos y las organizaciones obreras y de trabajadores, acerca de la situación actual y de la necesidad de reorganizar de manera urgente y desde abajo la movilización y la lucha para alcanzar la solución a las necesidades urgentes y sentidas de los asalariados y los desheredados.
Corresponde a los sectores que se reclaman luchadores, independientes y clasistas, encabezar el duro proceso de abrir un camino autónomo e independiente de lucha. Por fuera y rompiendo la tutela de las castas burocráticas que dominan los sindicatos, totalmente enfeudadas con el gobierno actual. Que las bases exijan a los dirigentes la ruptura de su apoyo incondicional al gobierno, y que pasen a luchar por los intereses de los afiliados y no por sus intereses particulares de casta.
Ese es el reto: organizar por la base en asambleas democráticas y decisorias, una gran lucha nacional. Preparar un Paro nacional de la producción, del transporte y los servicios, centralizado y liderado por la CUT, FECODE, CTC y demás sindicatos y organizaciones obreras y populares, que enfrente la extrema derecha y abra paso a la conquista efectiva de soluciones.
