Por: Alfredo García – 10 de junio 2021
La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dio después de dos semanas de negativas por parte del gobierno colombiano de Iván Duque, quien, en cabeza de su vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, rechazaron rotundamente recibirla, aludiendo que no había necesidad, toda vez que el Estado colombiano, según este régimen “es un garante probado de los derechos humanos y respeta el ejercicio de la protesta pacífica”. Sin embargo, la decisión de militarizar varias ciudades y municipios, la magnitud de la represión que es algo de bulto, así como los muchos videos que circulan en redes sociales, las denuncias de sectores políticos de oposición y de varias organizaciones no gubernamentales que han documentado detalladamente los abusos policiales contra los manifestantes, evidencian la complicidad y el contubernio entre la fuerza pública y sectores civiles armados, especialmente en Cali. En consecuencia, las anteriores circunstancias dieron al traste con la negativa del régimen a dicha visita.
La mayoría de los dirigentes de las organizaciones sindicales y políticas, se dedicaron a ilusionar a los participantes de la protesta, en que esta visita le pondría freno a la represión a sangre y fuego de un régimen autoritario y asesino de vieja data, que se apoya en los paramilitares en campos y ciudades para mantener su dominación. Más ahora, que el partido de gobierno, el Centro Democrático, ha criticado duramente a Duque por su “falta de autoridad” y pide más represión y más medidas autoritarias, para detener el levantamiento popular y juvenil en el país. Incluso un fascista como Fernando Londoño, del partido de gobierno, pidió a Duque la renuncia porque no reprimía lo suficiente.
Lo que hará la comisión será recomendar algunos correctivos al gobierno, criticar el “uso excesivo de la fuerza” y reclamar proporcionalidad. Es decir, legitimar que reprima, pero no de manera excesiva. Esto es así, porque el problema de la visita de la CIDH, radica precisamente en que por más democrática que sea, dado su carácter, como institución del sistema político y social imperante (capitalista e imperialista), no rompe el marco de unas relaciones políticas que buscan la estabilidad del gobierno y el conjunto del establecimiento.
Esto se traduce en que, antes que mirar los derechos humanos desde una visión objetiva, de la sociedad en su conjunto, como muchos jóvenes y manifestantes esperan, la CIDH por su naturaleza, privilegiará primero las relaciones de dominio y de propiedad, entre la clase dominante y las clases dominadas. Lo anterior significa que no es un organismo imparcial como lo hacen aparecer las direcciones sindicales y políticas de “izquierda” del movimiento obrero y de masas. Así, más allá de las expectativas, por encima de los Derechos Humanos lo que prevalece son los intereses de la clase social burguesa que en últimas representa.
Esto se puede demostrar porque lo primero que hizo la comisión de la CIDH, fue reunirse con la Cancillería colombiana, luego, con la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo (que es bien sabido son de bolsillo del régimen, pues están cooptadas por éste y no tienen la más mínima independencia institucional) y, por último, con el Comité Nacional de Paro. En ese orden, es difícil no pensar que lo que se va a privilegiar es la información que de primera mano le entregarán a la comisión los funcionarios de alto nivel del régimen (no hay que olvidar, además, que la senadora ultraderechista María Fernanda Cabal fue a visitar la Comisión en Estados Unidos, para dar su versión del “paro”).
En la reunión sostenida entre la Canciller Ramírez y la CIDH, la versión oficial del régimen es que “Colombia tienen un estado que siempre será garante a los derechos de los colombianos a protestar, pero insistió que eso es totalmente distinto a lo que se ha visto”[1], deslegitimando los hechos y las versiones tanto de los representantes de la oposición, como de las ONG que han documentado las atrocidades cometidas por los agentes del régimen.
Gracias a la labor de los activistas políticos de oposición al gobierno y las redes sociales que manejan, sectores de la población ven con buenos ojos la llegada de la CIDH a Colombia, pues piensan que si ésta documenta detalladamente los crímenes de Estado cometidos por sus agentes durante lo que va corrido del estallido social, no solo denunciará a nivel internacional, sino que obligará al régimen a detener la salvaje represión y habrá sanciones contundentes contra sus responsables: Duque, el ministro de Defensa, la oficialidad de la policía y las fuerzas armadas y a todos los agentes involucrados y responsables de toda esta brutalidad.
De hecho, la oposición y sus parlamentarios han insistido y orientado a los protagonistas del levantamiento juvenil y popular, a confiar en el accionar de la CIDH, con la idea de que esta aportará una solución salvadora que evitará de una vez por todas, los crímenes como los asesinatos, la tortura, la desaparición forzada o las agresiones físicas y sexuales documentadas plenamente durante este proceso[2]. Efectivamente, la gente cree en su imaginario que es así, pues recibió a la comisión con una comitiva, desde su salida del aeropuerto internacional, hasta su llegada al hotel Tequendama en Bogotá[3] y posteriormente en Cali.
Ahora bien, confiar en la pretendida sanción y condena contundente de la CIDH al régimen colombiano es un error político grave, pues esta institución, así como la Organización de Estados Americanos, OEA, y la ONU son en realidad, como se afirma arriba, entidades bajo el domino de EEUU (el imperialismo norteamericano), que solo actúa en función de los intereses de éste y de la institucionalidad burguesa. Por lo tanto, esperar que la gestión de la CIDH se traduzca en categóricas acciones contra la violación de los derechos humanos en Colombia, de la misma manera que lo hizo en Venezuela en su momento contra el régimen de Maduro, es equivocado. Porque una cosa es condenar enérgicamente a un gobierno opuesto al imperio norteamericano, que dirige a una nación en contravía de sus intereses económicos, y otra es “regañar” al gobierno de Iván Duque, fiel escudero de los intereses del imperialismo de Estados Unidos en América Latina, especialmente en Suramérica.
A pesar de los recientes roces políticos entre el gobierno de Duque frente al de Joe Biden, debido a la injerencia colombiana a favor de Trump en las elecciones de 2020 en Estados Unidos, como era de esperarse, no se han pronunciado de manera fuerte y tajante. Más bien, han hecho llamados de manera muy blanda a respetar el ejercicio de la protesta pacifica y a condenar el “vandalismo” dentro de la misma. En la misma línea se encuentra la Alta Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ha llamado al dialogo entre las partes y a que se lleven a cabo “investigaciones independientes”, esperando que sean las mismas instituciones del régimen y del gobierno, las que pongan fin no solo al levantamiento, sino a la feroz represión desatada directa o indirectamente por esas instituciones al servicio de la misma clase social dominante[4].
Nuestro llamado es a desechar las ilusiones sembradas por la política del Comité Nacional de Paro y demás organizaciones con influencia en los jóvenes, incluidos los de la llamada “primera línea” así como del movimiento obrero y de masas, en que la CIDH va a detener la violencia estatal y paramilitar. El llamado es a confiar en la propia fuerza del levantamiento masivo.
La derrota del proyecto de la Reforma Tributaria, la caída de Carrasquilla, en tan solo cinco días de iniciado el estallido social, la profunda crisis política en el gobierno nacional y los locales, así como los posteriores logros como la caída del proyecto de reforma a la salud, la renuncia de la anterior Canciller, del Comisionado de Paz, la matricula cero por un semestre en las universidades públicas, y demás medidas paliativas que el gobierno está anunciando, son evidencia rotunda de los triunfos que puede lograr el método de lucha de la movilización masiva.
Todos estos triunfos contra el paquetazo de Duque, se lograron sin la intervención de salvadores supremos. Fueron obra de la multitudinaria participación de los jóvenes y los sectores populares, quienes, por decenas de miles, protagonizaron las acciones de movilización y protesta, valerosas y decididas contra el gobierno y el uribismo, e indirectamente contra el FMI, la OCDE, organismos del sistema de dominación internacional que orientaron todas las medidas económicas implementadas por Duque.
Por lo tanto, el único método de lucha y la única fuerza capaz de detener en serio los asesinatos, heridos y desaparecidos y derrotar la violencia estatal y paramilitar en campos y ciudades, es la movilización de masas del pueblo trabajador y la juventud pobre, algo puesto de presente con este estallido social con total claridad y por las experiencias históricas.
Entre las tareas centrales y urgentes de la lucha democrática están: el juicio y castigo a los asesinos estatales y paramilitares. La conformación de tribunales donde se incluyan a familiares de las víctimas, obreros, campesinos, indígenas, personalidades democráticas. La disolución del ESMAD y la democratización de las Fuerzas Armadas y Policía con derecho a sindicalizarse para elegir y revocar a sus mandos. Así como, la libertad a los presos políticos y todos los detenidos en este levantamiento y que aparezcan vivos los desaparecidos.
Por último, cabe aquí un llamado inverso al divulgado por los dirigentes del CNP, de los sindicatos (FECODE, sus filiales regionales y otros) y de la mayoría de las organizaciones políticas que orientan a los jóvenes de la primera línea: a que su camino no está en seguir con acciones de pequeños grupos al margen de la movilización masiva y sin supeditarse a las decisiones de base de las masas. Eso los ha hecho vulnerables a la represión y a los asesinos oficiales del régimen y los paras. El camino para proteger su vida y continuar en la lucha, está en integrarse y sumar fuerzas.
[1] “CIDH recibió informe de Cancillería y Fiscalía sobre protestas” El Tiempo, 07 de junio de 2021. Recuperado de:
[2] Varios senadores de la oposición hicieron un viaje a Estados Unidos a llevar la denuncia. Aquí la referencia: “Senadores Gustavo Bolívar y Alexander López llevan hasta el Congreso de Estados Unidos denuncias por represión policial en Colombia”. Cuarto de hora, mayo 17 de 2021. Recuperado de: https://cuartodehora.com/2021/05/17/senadores-gustavo-bolivar-y-alexander-lopez-llevan-hasta-el-congreso-de-estados-unidos-denuncias-por-represion-policial-en-colombia/
[3] “colombianos en las calles aplauden llegada de CIDH al país” Las dos orillas, junio 06 de 2021. Recuperado de:
https://www.las2orillas.co/colombianos-en-las-calles-aplauden-llegada-de-cidh-al-pais/
[4] “Michelle Bachelet muestra preocupación por la situación en Cali”, entorno inteligente, 31 de mayo de 2021. Recuperado de: https://www.entornointeligente.com/michelle-bachelet-muestra-preocupacin-por-la-situacin-en-cali-2/
