Dada la importancia cardinal del proceso de lucha del pueblo trabajador peruano, que respaldamos incondicionalmente, publicamos el siguiente artículo. El no coincidir plenamente con todo lo expuesto en él, no constituye impedimento alguno para hacerlo.
Las movilizaciones continúan
Luchas obreras y populares plantean la renuncia del gobierno como única salida
Efraín Castro Valer
Miembro de Trabajadores en lucha
Cusco, 16 de enero 2022
El gobierno de Dina Boluarte mantiene al país bajo estado de sitio con la complicidad del imperialismo estadounidense y las FFAA en cogobierno con el Congreso, dominado por el fujimorismo y el apoyo de la prensa corporativa, mercenaria que tiene el monopolio de la comunicación en Radio y TV.
Más allá de las apariencias constitucionales, está claro que la burguesía agrupada tras la Confederación Nacional de Instituciones privadas, CONFIEP, la embajada norteamericana, las FFAA, la policía, los medios corporativos, y las multinacionales mineras han sacado, a través de sus agentes en el Congreso, al presidente Castillo del cargo para el que fue democráticamente elegido. Un golpe reaccionario que colocó en la presidencia a Dina Boluarte, con la finalidad de asegurarse medidas a su favor hasta el 2026 y mantener sus privilegios. Y desde el Congreso totalmente desprestigiado, busca asegurar la continuidad del modelo neoliberal y el régimen político-económico amparado en la burda Constitución del 93, impuesta por un gobierno dictatorial.
En medio de numerosas crisis de las cadenas de suministro en todo el mundo, Perú, segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, ha sufrido importantes interrupciones en el sector minero.
Desde la imposición de Dina Boluarte que gobierna bajo estado de emergencia y recortando derechos fundamentales fueron asesinados por la represión salvaje del ejército y la policía 50 peruanos, la mayoría jóvenes. Sin embargo, a pesar de la campaña oficialista basada en mentiras, la lucha popular se mantiene en casi todo el país. Quienes amparándose en la formalidad y la ley creyeron que sacando a Pedro Castillo del poder terminaría la crisis política, en realidad la profundizan día a día. Todas las medidas y declaraciones oficiales no hacen más que poner de manifiesto el viejo e irrefrenable declive de la democracia burguesa peruana y atizar la cólera y lucha popular en curso.
La lucha se mantiene y se profundiza
Desde el 4 de enero, que reinició el paro indefinido en la mayoría de regiones del país, las luchas exigen la inmediata renuncia de Dina Boluarte, junto con otras demandas democráticas que el propio régimen no puede cumplir genuinamente. Cada día que pasa la situación se agrava, la represión y las balas son la respuesta del gobierno, y la crisis política continúa y se profundiza. Hasta el momento decenas de heridos y alrededor de 100 de detenidos.
Es notoria la falta de firmeza y voluntad de la Fiscalía de investigar la muerte de 28 peruanos —todos civiles—, entre ellos niños y jóvenes, con disparo en la cabeza y tórax. Más aun, días atrás la Fiscal de la Nación ha desactivado ocho fiscalías provinciales en clara movida para aletargar e impedir investigaciones sobre las muertes ocurridas. Estos hechos crean mayor malestar en la población. Los toques de queda expiraron, pero el estado de emergencia nacional continúa, en cuatro regiones y se amplió hacia Lima, es un régimen de excepción que entrega el poder a las FFAA y Policiales para mantener el “orden”, los derechos democráticos fundamentales están suspendidos como la libertad protesta y movilización, el derecho de reunión, entre otros. El viejo régimen sólo se puede mantener restringiendo las libertades fundamentales y queda claro que un gobierno de Dina Boluarte se impone bajo Estado de Emergencia Nacional y sin derechos fundamentales, no puede ser llamado una “democracia”.
En respuesta a la maniobra del Congreso que aprobó adelanto de elecciones para abril de 2024, las manifestaciones han continuado en Lima, Cusco y el sur de Perú contra el golpe de Estado del 7 de diciembre que exigen la renuncia de Boluarte. Son nueve regiones del país que se mantienen en rebelión y paro indefinido. Hay contingentes que están marchando hacia Lima, capital del país y centro del poder conservador y neocolonial durante 200 años. En esta lucha hay regiones donde hubo fuertes picos de protesta y salvaje represión, particularmente Ayacucho, Puno y Cusco.
En el departamento sureño de Ayacucho, los 10 muertos confirmados eran adolescentes, salvo uno, y ocho autopsias confirmaron que habían muerto por disparos de armas de fuego. A medida que se van conociendo detalles sobre las víctimas, queda claro que la mayoría de las víctimas eran jóvenes empobrecidos que vivían en condiciones precarias, en su mayoría procedentes de pequeñas comunidades agrícolas y que sobrevivían en el sector informal. En Juliaca, del mismo modo, la salvaje represión en menos de un día provocó la muerte de 19 personas, todos son jóvenes y gente pobre, un médico recién graduado que ayudaba a víctimas heridas fue asesinado con dos impactos de bala, periodistas que cubrían las noticias fueron reprimidos y amenazados. Un policía apareció muerto y su cadáver fue levantado, por miembros policiales sin la presencia de un fiscal. En Cusco murió baleado un dirigente campesino.
Las tomas de los aeropuertos internacionales de Arequipa, Cusco y Juliaca, y de los aeropuertos locales de Ayacucho y Andahuaylas, junto con los bloqueos de la carretera Panamericana y del ferrocarril a Machu Picchu, fueron desarticulados por el ejército y la policía. Sin embargo, existe el temor de que estas acciones vuelvan.
La respuesta criminal y de oídos sordos del gobierno
El régimen buscando consolidarse y amedrentar, emprendió una serie de procesos judiciales contra dirigentes estudiantiles, redadas contra universidades y allanamientos de locales y viviendas, han detenido a dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho y también a estudiantes. En redes se hizo pública una orden judicial, que considera pruebas de “terrorismo” los libros de Marx y Lenin, entre otros.
Intentando contrarrestar y desvirtuar las luchas populares que exigen la renuncia de Dina Boluarte, sectores de derecha, del gobierno y de la Policía han estado organizando algunas marchas “por la paz”. La propia policía ha estado involucrada entregando polos blancos, aunque los generales policiales formalmente se han echado atrás.
La renuncia del Gobierno, una salida coyuntural a la crisis
Si bien la población en lucha plantea como eje central la renuncia de Dina Boluarte, la izquierda oportunista se opone a la renuncia de Boluarte porque argumenta, le sucedería el presidente del Congreso, un militar con un pasado criminal durante los años de la lucha “contra el terrorismo”. De acuerdo a Ley, si Boluarte renuncia, el sucesor o sucesora está obligado a convocar inmediatamente a nuevas elecciones. Ante la falta de una alternativa política clara y un liderazgo obrero y popular esta consigna sigue siendo progresiva, pues pone en dificultad a los defensores y operadores políticos del actual régimen, en particular al ejecutivo, para sostener la actual institucionalidad, tan venida a menos, plagada de corrupción y preñada de crisis políticas permanentes. Para quienes luchan y están en las calles está claro que la renuncia de Dina Boluarte sería una victoria popular y quien le suceda, el actual presidente del Congreso, no tendría mucho margen de maniobra para aplazar nuevas elecciones como quiere la burguesía y sectores de derecha que controlan el Congreso de la República.
Desde el punto de vista político si cae el ejecutivo, el siguiente en la mira de las luchas populares sería el desprestigiado congreso que se ha convertido en nido de la reacción antipopular.
Si bien existen otras demandas, como el cierre del Congreso y la Convocatoria a una Asamblea Constituyente, el pedido de renuncia de Dina Boluarte, sirve como una palanca para unificar las luchas y de hecho sectores de la intelectualidad, artistas, así como gremios e instituciones sociales han asumido la demanda de renuncia del gobierno, pues, es insostenible un gobierno con 50 muertos. La población en lucha no acepta otra salida.
La única fuerza capaz de lograr cambiar la correlación de fuerzas hoy a favor de la derecha, es el mismo pueblo trabajador organizado en una asamblea nacional unitaria de representantes electos de todas las fuerzas en lucha. Este es el ‘talón de Aquiles’ de las luchas obreras y populares en curso.
El papel del reformismo y direcciones de las centrales sindicales
Para el pueblo trabajador, el único camino es el de la movilización unificada. Esto no se dio por el papel activo de la izquierda reformista que defiende a toda costa el régimen institucional en crisis, buscando ponerle parches.
El principal obstáculo para concretar esta necesidad de lucha unitaria, planteada incluso desde antes del estrepitoso fracaso del gobierno de Castillo, ha sido la política de los partidos reformistas, como el Partido Comunista, Patria Roja o Nuevo Perú. Se autodenominan izquierdistas, pero renunciaron a encabezar la lucha y la movilización obrera y popular exigiendo una solución a estos problemas, por el contrario, concentraron sus esfuerzos en la agenda institucional. Hasta justo la víspera del 7 de diciembre le dieron todo su apoyo a Castillo. Llamaron sin éxito a defender el “Estado de derecho contra el golpe corporativo”, solo para terminar votando, ellos mismos, por la destitución de Castillo horas después. Las centrales sindicales, por su parte han actuado a la cola de los acontecimientos. La principal central, la CGTP, fue a reunirse con el gobierno de Dina Boluarte a horas de ser impuesta por el congreso. Sin embargo cambió su orientación planteando la renuncia del gobierno y ha convocado un paro nacional en esa perspectiva.
Por una perspectiva obrera y socialista
Para ponerle fin a la crisis política crónica y a las penurias de las masas del país hace falta un programa de acción socialista para que la clase obrera defienda sus derechos sociales y democráticos, que unifique a todos los sectores de la clase obrera urbana y rural y desmantelar el podrido Estado burgués y sustituirlo por un nuevo Estado obrero.
Esto requiere que la clase obrera desarrolle sus propias organizaciones, independientes de todas las facciones de la burguesía y de los sindicatos pro patronales y adocenados: Comités de base, Comités de Acción elegidos democráticamente en cada lugar, en las fábricas, lugares de trabajo, barrios obreros y zonas rurales de todo el país.
La clase obrera debe garantizar el empleo para todos, apoyar la condonación de las deudas de los trabajadores y de los agricultores pobres y marginales y de los pequeños empresarios, así como las subvenciones a los fertilizantes.
Esta lucha de los trabajadores peruanos contra sus comunes enemigos de clase debe coordinarse con la de sus hermanos de clase en América Latina y a nivel internacional, para romper la dominación económica de las corporaciones globales, los bancos y las casas financieras y poner fin al capitalismo.
Una revolución socialista requiere una dirección revolucionaria. Para ello, los trabajadores necesitan construir en Perú, su propio partido socialista, revolucionario e internacionalista.
