Desde Opción Marxista Internacional manifestamos nuevamente nuestra completa solidaridad con la historiadora y profesora cubana Alina Bárbara López y con la académica y activista Jenny Pantoja, en el marco de su derecho democrático a expresarse contra las arbitrariedades del régimen totalitario del gobierno cubano. Por ejercer su legítimo derecho a expresar su oposición a las arbitrariedades del régimen totalitario y el gobierno cubano.
En la lucha por ejercer este derecho, han sido víctimas de la más infame persecución que ha llevado a la Fiscalía cubana fabricara un caso contra ellas.
Después de casi un año de ese proceso judicial amañado y viciado, la Fiscalía cubana ha solicitado que sean condenadas a varios años de prisión o trabajo correccional. Expresamos nuestra total indignación ante este nuevo atropello a las libertades democráticas.
Expresamos nuestra total indignación ante este nuevo atropello a las libertades democráticas en la isla. Rechazamos completamente las falsas acusaciones hechas a las compañeras y todas las arbitrariedades de las que han sido víctimas, al igual que miles de opositores.
Desde una postura marxista y revolucionaria, es absolutamente vergonzoso cómo ese régimen despótico ejecuta la más cruenta represión a nombre de un «socialismo» o «comunismo», que la burocracia estalinista falsamente dice representar, que instauró el «delito de opinión» para silenciar la oposición al gobierno de una casta que disfruta una vida llena de privilegios, que contrasta con la gravísima crisis social y económica en que está sumida a Cuba, a consecuencia de su gestión burocrática y sus medidas de restauración del capitalismo en el país.
Esta persecución y ataque cotidiano a todos aquellos que tienen críticas al régimen quiere ocultar las críticas y malestar con esa profunda crisis económica y social que somete a la población y a la clase trabajadora cubana a condiciones de miseria.
Por todo la anterior, RECHAZAMOS enérgicamente todas las acusaciones y solicitud de condena que hace la Fiscalía cubana. Se hace imperioso exigir el cese de la persecución a las dos compañeras, así como demandar la libertad de todos los presos políticos existentes en Cuba. Esa realidad exige de las organizaciones democráticas, las que se reclaman de «izquierda» y sus gobiernos, abandonar las frases vacías cobre el «criminal bloqueo» para esconder su defensa no de Cuba sino de sus gobernantes y sus atropellos contra la población y los opositores. Es hora ya de colocarse del lado de los perseguidos y oprimidos por ese régimen, dejando de apoyar en silencio, todos los atropellos de ese régimen y de la cuales todos somos testigos, pues por allí pasa una auténtica defensa de Cuba. De no hacerlo, esas organizaciones y gobiernos dejarían en manos de las sucias manos del imperialismo y de la reacción burguesa, la imperiosa lucha democrática y la denuncia de estos infames atropellos.
Por ello, publicamos la Declaración de Alina López y Jenny Pantoja y otras denuncias, sobre estos hechos. Ofrecemos nuestra página para difundir las expresiones de solidaridad de distintas organizaciones o personalidades democráticas, que quieran hacerlo.
Hace unos días informamos que la fiscal Ana Lilian Caballero Arango, en sus conclusiones provisionales a la Sección de lo Penal del Tribunal Municipal Popular de Matanzas, solicitó para nosotras: Alina Bárbara López Hernández (acusada de «desobediencia», «desacato» y «atentado»), y Jenny Victoria Pantoja Torres (acusada de «atentado»), las penas de cuatro y tres años de privación de libertad, respectivamente. Tales sanciones podrán ser «sustituidas alternativamente por trabajo correccional sin internamiento» en igual período de tiempo.
Ante un proceso injusto, que nos presenta como delincuentes comunes y despoja a ambas partes (nosotras y los cuerpos represivos), de cualquier motivación política, deseamos dejar clara nuestra posición desde este momento.
Acudiremos a todas las instancias judiciales que existen en Cuba, pero, de cualquiera de ellas:
NO ACEPTAREMOS otra decisión que no sea la total exoneración de las acusaciones que se nos hacen.
NOS NEGAREMOS a acatar el trabajo correccional sin internamiento por considerarlo totalmente inadmisible y lesivo a nuestra dignidad humana.
Estos son los argumentos en que se sostiene tal determinación:
1. Obedecer la sanción significaría admitir acusaciones falsas que lo que pretenden en realidad es evitar el ejercicio de derechos refrendados y aprobados en la Constitución de la República. Esa es la génesis de este espurio proceso judicial, cuyos fines últimos son: enviar un mensaje a cubanas y cubanos para que se comporten como súbditos y no como ciudadanos, e inhabilitar en la práctica, aunque no en la letra, a la Ley de leyes aprobada en 2019.
2. Por una cuestión de justicia, compromiso y solidaridad con nuestros compatriotas presos por motivos políticos, aceptar una sanción en apariencia más leve, después de acusaciones tan graves como las que nos hacen, equivaldría aceptar un tratamiento de privilegio. En las instituciones carcelarias cubanas sufren mujeres y hombres cuyos delitos, injustamente imputados, son similares o más leves incluso que los atribuidos a nosotras; por lo tanto, nos negamos a ser objeto de privilegios frente a un sistema judicial elitista, racista y antipopular.
3. Sustituir la sanción de privación de libertad por trabajo correccional sin internamiento no pretende beneficiarnos por razones de edad, sexo o profesión; es puro cálculo político del Estado cubano para evitar un mayor escándalo, dado que ambas somos intelectuales conocidas, con apoyo popular, mediático, diplomático y de organizaciones internacionales de diversas tendencias políticas. Sin embargo, nosotras también hacemos una lectura política del asunto, y ella nos lleva, inevitablemente, a esta posición: estamos dispuestas a exponer, ante la opinión pública global y los organismos internacionales, la carencia absoluta del rango de ciudadanía con plenitud de derechos para los cubanos, a los que se les impide el ejercicio y disfrute de los más elementales derechos y garantías.
No merecemos ir a prisión; como no lo merecían los cientos de presas y presos políticos que han hecho ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación pacífica para interpelar a un gobierno que los ignora y aplasta. Tampoco deseamos ir a prisión; pero estamos dispuestas a correr los riesgos necesarios para hacer válido el ejercicio de nuestros derechos.
Con este mensaje pedimos, a nuestros compatriotas y al mundo, solidaridad con nuestra causa y con la de todas las personas presas por motivos políticos en Cuba.
Dado el primer día de junio de 2025,
Alina B. López Hernández y Jenny V. Pantoja Torres.
El poder recurre una vez más a los tribunales para castigar el pensamiento crítico y disenso cívico. Con ello, rompe cualquier ficción de legalidad que pudiera quedarle. El caso fabricado por la Fiscalía cubana contra las ciudadanas e intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres es un acto claro de criminalización del disenso, que confirma —una vez más— la voluntad represiva del régimen cubano y su total desprecio por los derechos humanos.
El juicio que pretenden montar es una farsa política. Alina, quien es historiadora y codirectora de CubaXCuba – Laboratorio de Pensamiento Cívico, y Jenny, antropóloga y colaboradora de nuestra red de intelectuales, no han cometido delito alguno: han ejercido su libertad de expresión y su derecho a manifestarse de forma pacífica. El régimen ha convertido esas libertades, consignadas en la propia Constitución de 2019, en delitos para enviar un mensaje de miedo y sumisión a la ciudadanía.
El caso se inscribe en un patrón represivo más amplio. En medio de una crisis sin precedentes —económica, migratoria, energética, política y social— el gobierno responde con más control, más vigilancia y más violencia. Incapaz de ofrecer respuestas reales, persigue a quienes señalan su fracaso. Alina y Jenny son hoy blanco de esa represión porque encarnan una ciudadanía crítica y comprometida.
Esta ofensiva ocurre como advertencia a las personas que participan en el debate público independiente en Cuba. El régimen intenta enviar un mensaje de castigo ejemplar, sin darse cuenta de que con ello fortalece el rechazo y el disenso que se generaliza en la medida en que la crisis provocada por su ineptitud se profundiza.
Por otro parte, consideramos que la comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado. Este caso, que intenta disfrazar de delito común una evidente acción de represión política, es un ejemplo más de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las que incurre el régimen cubano. Es también una alerta para quienes hablan de «avances democráticos», mientras la dictadura ha convertido la isla en una cárcel donde tiene presos a más de mil cubanos que han ejercido derechos constitucionales. El caso de Alina y Jenny es otra prueba.
Elogiar en foros internacionales supuestos logros democráticos y derechos consagrados que solo están en el papel y no se materializan en la realidad de Cuba es no solo un error político y un acto de complicidad, sino un agravio al pueblo cubano, que sufre una dictadura que lo oprime y empobrece.
A quienes fabrican guiones judiciales para acallar voces: no lograrán su objetivo. A quienes intentan presentar como delincuentes a las que han sido víctimas: no les creemos. Y a quienes, desde el poder, piensan que pueden seguir gobernando a golpe de impunidad: recuerden que no hay poder eterno, ni mentira que resista el peso acumulado de la dignidad.
A los cubanos de bien les recordamos: callar es permitir y permitir es ser cómplices.
Análisis de Madelyn Sardiñas Padrón sobre la farsa judicial contra las activistas cubanas
Cuando uno piensa que no queda nada más de qué asombrarse, aparecen las conclusiones provisionales de la Fiscalía Provincial de Matanzas, sobre la causa, ¡digo!, la farsa penal que se inventaron —como otras tantas—, esta vez, para convertir en delincuentes comunes a dos mujeres cubanas. A Alina no le perdonan la coherencia, la perseverancia y las condiciones como posible líder contra el poder, mientras a Jenny no le perdonan, además su lealtad a Alina y a una causa humana, mucho más que política. A ninguna de las dos les perdonan, el no haber cedido a las múltiples presiones a las que han sido sometidas; ¡había que “tenderles la cama”!
No se trata de un caso único. El mismo truco de siempre, una detención arbitraria, esta vez un poco más elaborado, es el procedimiento de rutina para convertir en delincuentes comunes a personas políticamente incómodas, aunque éstas no militen en organizaciones de naturaleza política y solo reclamen lo que, por su condición de seres humanos, les pertenece. ¿El objetivo? Criminalizar la disidencia y negar la existencia de presos por motivos políticos en Cuba.
Ya en abril de 2024, Alina había sido detenida y víctima de brutalidad policial, cuando viajaba a la capital para, entre otros asuntos, realizar una sentada silenciosa de una hora en un parque presidido por una estatua de nuestro Martí, exigiendo una Constituyente y la liberación sin condiciones de los presos políticos, entre otros reclamos de justicia social. Casualmente, los videos que demostraban esa brutalidad policial simplemente desaparecieron y, tanto los moretones como la lesión en el hombro de Alina, así como la divulgación de un video sin su autorización, quedaron impunes.
Esta vez, en el mes de junio, Alina no estaba sola; Jenny la acompañaba. Un auto policial perseguía el vehículo en que viajaban desde Matanzas, escogiendo un lugar poco concurrido y desprovisto de cámaras de vigilancia para efectuar su “control de rutina». ¿Casualidad? ¡De eso nada! Todo es resultado de una acción premeditada de la Seguridad del Estado para, mediante su brazo armado –la policía–, generar un escenario en el que pondrían a prueba la reacción de Alina ante la violación de sus derechos constitucionales. Cualquier cosa que sucediera, sería magnificada y tergiversada para alcanzar el objetivo, sin escrúpulo alguno.
Cuestionable es la actuación de la Fiscalía —órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley— desde el mismo inicio, al convertirse en parte de la farsa. La simple coincidencia de los testimonios de las presuntas delincuentes, sin posibilidad de acuerdo previo entre ellas, y su contradicción con los testimonios de los agentes actuantes, era motivo más que suficiente para archivar las actuaciones. ¡Pero no! Su misión era completar el guion prestablecido y, mientras tanto, limitar el ejercicio del derecho de manifestación, imponiendo medida cautelar de reclusión domiciliaria.
La Fiscalía omite en su escrito que la génesis real de los hechos es, precisamente, una conducta multidelictiva, nada más y nada menos que de las autoridades encargadas de preservar el orden interior y la tranquilidad ciudadana, el Ministerio del Interior. Ordenar la intercepción del vehículo en que viajaban, a sabiendas de que el motivo del viaje era realizar una protesta pacífica, silenciosa por demás, califica como delito contra el derecho de manifestación previsto y sancionado en artículo 385 numeral 1 inciso b) del vigente código penal, agravado por el abuso de poder del funcionario público que dio la orden. Que a los defensores de la clase en el poder se les permita manifestarse y a sus detractores se les impida, es un acto constitutivo del delito de violación del derecho de igualdad, según el artículo 388 del propio Código. Manifestarse pública y pacíficamente es un derecho de todas las personas de acuerdo con el artículo 56, mientras la violación del principio de igualdad — consistente en que todas las personas son iguales ante la ley, gozan de los mismos derechos y reciben el mismo trato de las autoridades— se proscribe mediante el artículo 42, ambos de la Constitución de la República de Cuba.
Solo esto ya es causa de nulidad absoluta según el artículo 59 de la Ley no. 143/2023, Del Proceso Penal. Inconforme con esto, la Fiscalía aporta lo suyo a las causas de nulidad absoluta al extender el proceso durante casi 10 meses, violando el derecho de tener un proceso sin dilaciones indebidas como parte de las garantías del debido proceso, según establece el artículo 94 inciso g) de la Constitución. ¿El resultado?: un relato poco creíble como conclusiones provisionales.
Con el escrito acusatorio presentado ante el Tribunal Municipal, la Fiscal se suma como presunta autora o, al menos, cómplice de delitos de perjurio, acusación falsa, abuso de autoridad y hasta prevaricación, que antes fueron presumiblemente cometidos por sus antecesores actuantes en este proceso.
El delito de DESACATO consiste en injuriar, calumniar o difamar a un funcionario público. De los que se mencionan en el escrito, solo califican como injurias “puerco» y “cochino», algo que no parece encajar en el comportamiento habitual de Alina.
Lo de “esbirros» les toca por definición del diccionario de la RAE, de modo que no califica como injuria, mientras que lo de “batistianos» resulta una descontextualización totalmente incoherente tratándose de alguien, cuya profesión se basa en el conocimiento profundo de la historia. Una cosa es emitir el calificativo y otra, muy distinta, es hacer un símil que, en este caso, es perfectamente válido. Poner en boca de Alina palabras que no dijo o tergiversar las circunstancias y el sentido con que las dijo, califican como delito de perjurio, presuntamente cometido por los testigos y amplificado por la fiscal, para generar una acusación falsa, otro delito tipificado en el Código Penal.
La narración de la violencia de Alina para perpetrar el ATENTADO parece resultado de imaginación de un pre-escolar. Resulta que tanta violencia ejercida por ella, solo alcanzó para desprender unas charreteras, despegar las suelas de unas botas y propinar unos rasguños en el brazo de la oficial. ¿Se imaginan? Una mujer de palabras, de 59 años de edad, con un estilo de vida básicamente sedentario, contra una oficial con la preparación física y el entrenamiento marcial suficiente para reducir a un hombre, si fuera necesario. Quien escribió esto, ¿realmente lo cree? ¿Acaso no tuvo acceso la fiscal a las declaraciones de Alina y Jenny el día de los hechos? De ser así, ¿por qué? ¿Acaso tampoco accedió a los certificados médicos que diagnosticaron la condición de salud provocada a Alina por el restrallón que recibió así, sin más datos? ¿Pretende hacer creer que Alina golpeó su cabeza intencionalmente contra el suelo? Lo cierto es que todo esto constituye indicios de perjurio, para continuar el curso de una denuncia falsa.
Una huella de calzado en un cristal no es suficiente para asegurar que fuera golpeado, mucho menos en repetidas ocasiones, por lo que como medio de prueba es muy cuestionable. Las suelas del calzado pueden despegarse de un tropezón; no obstante, me pregunto qué técn8ca aplicó Alina para despegarla. ¡Sin palabras!
A Alina no la acusan por el delito de RESISTENCIA, que hubiera sido la primera opción si se tratara de un proceder legal. ¡Pero no lo era! Se trataba de una DETENCIÓN ARBITRARIA, en ausencia de sospecha de comisión de un delito, mientras se dirigía al punto donde pretendía ejercer un derecho. La acusan de DESOBEDIENCIA, descrito en el Código Penal como el clásico “tienes que hacer lo que la autoridad ordena, sin importar si es legal o no», cual si de un campamento militar o un campo de concentración se tratara.
¿Qué decir respecto a la imputación contra Jenny? Resulta que, después de negarse a continuar viaje y dejar a Alina en manos de los agentes, prácticamente auto deteniéndose decide, así como así, ya dentro de una patrulla, generar un gasto a la oficial tirando bruscamente de su cabello artificial. No cuenta para nada la fiscal, que la oficial casi ahoga a Jenny, al ejercer presión con su rodilla sobre el diafragma de Jenny, en su intento de meter a La Habana en Guanabacoa. ¡Algo tenía que hacer Jenny, para quitarse aquella mole de encima y salvar su vida! ¿No se preguntó la fiscal, si ella no hubiera hecho los mismo? Se trata de una reacción de autodefensa ante el peligro; se le conoce en derecho como “defensa propia». Por cierto, me pregunto cuántos días dejó de comer la oficial para poder pagar 5000 CUP por unas extensiones. ¡Uumh! ¿Habrá sido una ponina de sus considerados compañeros o será parte del dinero de algún contribuyente extranjero? La verdad es que eso no me importa, pero no deja de ser un buen motivo para memes. Después se quejan de las burlas, pero ¡toño!, no cooperan.
Jenny no sabía qué le esperaba de continuar viaje, pero sí sabía lo que podía suceder con Alina. Jenny no pudo evitar las imputaciones contra Alina y, en el proceso, cayó en una trampa que, en principio, no estuvo diseñada para ella. Delitos cometidos de manera rutinaria e impune por la Seguridad del Estado, como la DESAPARICIÓN FORZADA, la COACCIÓN disfrazada de ADVERTENCIA y quién sabe qué más, vendrían a continuación. Ante esto, la Fiscalía también suele desviar la mirada, evidenciando la discrecionalidad en la aplicación de la ley y, con ello, la violación del principio de igualdad antes mencionado.
Este “proceso», como tantos otros evidencian el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, y el propio abuso de autoridad como agravante en la comisión de otros delitos.
Que, ¿cómo encaja aquí el delito de PREVARICACIÓN? El artículo 178 del Código penal incluye como prevaricación el retardo malicioso de la tramitación o resolución de un asunto. Además de un relato poco creíble obtener los medios de prueba presentados por la fiscal, no necesitaba casi 11 meses. En ninguna parte del documento se refiere excusa o justificación alguna para tal dilación del proceso. El documento de conclusiones provisionales, tampoco refiere las múltiples quejas ante la propia Fiscalía y el peloteo de que fueron víctimas las imputadas. Mientras tanto, Aluna siguió sin poder viajar a la capital y Jenny tiene asignado un grupo de vigilantes, que apenas le permiten salir de su casa.
La sanción principal que propone la Fiscal para ambas es la de privación de libertad, sustituida por la de trabajo correccional sin internamiento y las sanciones accesorias de privación de derechos y de salida del territorio nacional. ¡Más claro, ni el agua! No es benevolencia; es una forma de presionarlas. “¡O abandonas tus manifestaciones o vas presa!” En cualquier caso, tanto el teatro, como el castigo por no haber cedido a presiones anteriores, tienen en el foco a toda la ciudadanía, y no solo a las imputadas. Yo no lo pediría a Alina que sacrifique su libertad física por un pueblo que, a pesar de estar viviendo los peores días de sus vidas siendo cotidianamente ninguneado por el despotismo de estado, no ha sido capaz siquiera de pronunciarse a su favor.
De nada sirve a los cubanos una Constitución que reconozca derechos, si luego esa, la norma suprema, es ninguneada por las mismas autoridades encargadas de velar por su cumplimiento. Quien solo se fije en que la letra existe, sin verificar si respira, sencillamente ¡se va con la de trapo!
Alina y Jenny son INOCENTES; lo sabemos nosotros, lo saben ellos y lo saben quienes, seguramente actuarán como sancionadores, en lugar de actuar como jueces, todo, por complacer a una cúpula a la que “el que le haga sombra, ¡se va!”
Hoy son Alina y Jenny, antes fueron los del quinquenio gris, los del 11J y un montón más; mañana, ¿quién sabe?. Esto va más allá de la exclusión política; es algo más básico: la dignidad de los cubanos y la soberanía popular —¡ojo!, no confundir con la soberanía nacional—. Se trata de borrar del mapa cualquier intento ciudadano de ejercer su soberanía y esos mismos derechos que tanto se proclaman, pero cuyo ejercicio no es permitido a todos por igual. Esa es la esencia de la lucha de Alina, Jenny y muchos otros que, a lo largo de más de seis décadas han sido perseguidos, socialmente aislados, encarcelados en procesos como este y amenazados hasta el auto destierro. Tanto estos procesos penales, como las sanciones de ellos derivadas constituyen agravios a la dignidad humana y a la soberanía popular de los cubanos.
¡Bien dicho por Alina! “Las dictaduras no pueden disfrazarse de democracias, aunque lo intenten»
