La jornada de protesta del próximo 19 de noviembre conmemora un año del 21N de 2019, contra el paquetazo de Duque. Fue el acontecimiento político más importante y alentador en la historia reciente de la lucha en Colombia.
Con sus diferencias, desde el Paro Cívico Nacional de 1977, no se producía una acción nacional de ese alcance.
Con esa apoteósica y unitaria movilización nacional, Colombia ingresaba a la oleada de luchas en América Latina, iniciada con el estallido social en Ecuador y seguido por Chile.
Hoy el pueblo trabajador y la juventud de Perú, con sus manifestaciones masivas contra el presidente Merino, el parlamento, la corrupción, el totalitarismo y la violenta represión a las marchas, conquistaron la renuncia del recién nombrado presidente. Otra muestra de la eficacia de la movilización combativa y masiva.
Los motivos que originaron el 21N, no sólo siguen pendientes… ¡Se han agudizado!
Las necesidades políticas, sociales y económicas que generaron el 21N, articuladas en un rechazo político frontal al gobierno de Duque y el uribismo bajo el grito ¡NO AL PAQUETAZO! ¡FUERA DUQUE!, en vez de solucionarse se agudizaron con sus nuevas medidas económicas para enfrentar la pandemia, en consonancia con sus pares del mundo.
Los subsidios y préstamos millonarios del presupuesto estatal, entregados a los empresarios y presentados bajo el discurso de “salvar” o “generar” empleos, como el tal “subsidio a la nómina” o “a la prima”, son realmente para rescatar a los grandes empresarios.
Una prueba más de como los capitalistas y sus gobiernos son expertos en aprovechar todas las circunstancias para colocarlas a su favor y engañar a los pobres con el discurso de que buscan el “beneficio de todos”.
Tras este discurso, pretenden ocultar lo que la pandemia dramáticamente desnudó: el Estado en el capitalismo está para impulsar el objetivo fundamental de esta sociedad: el incremento constante de las ganancias de los grandes comerciantes, industriales, banqueros y terratenientes. Por eso, la pandemia se tradujo en un desastre y desató la ofensiva de los poderosos contra los débiles.
Al 10 de noviembre se registraban en Colombia más de 33.200 muertes y 1.156.675 contagios por Covid19 y el país se encamina hacia un nuevo rebrote como el que actualmente vive Europa o los Estados Unidos con Trump, resultado de la apertura de los negocios.
La miseria se incrementa al compás de las políticas de protección del empresariado.
El gobierno, fiel discípulo de Trump, continúa con los pagos de la abultada Deuda Externa y con sus políticas para entregar aún más el país a los intereses de los Estados Unidos y sus transnacionales. Y ahora, se dispone a hacer buena letra con Biden, el nuevo jefe del imperio (algo que lamentablemente la oposición parlamentaria, imita), mientras los despidos, la miseria y el hambre de la población se disparan y continúan sin freno.
Uno de cada cuatro hogares no tiene las tres comidas diarias (el 25%) y más de tres millones de familias solo comen dos veces al día. Y la juventud pobre que ni puede estudiar ni trabajar, ve truncados sus sueños de tener un empleo o hacer una carrera universitaria y salir adelante.
Y como consecuencia de años de abandono y nula previsión, la población de las islas de San Andrés y Providencia enfrentó el huracán Iota con una pésima infraestructura. Por eso la catástrofe.
La tasa de desempleo que subió a 20% y golpea más intensamente a las mujeres y los jóvenes pobres con un 37% y 29,7% respectivamente, no cayó del cielo. Gobierno y empresarios a fin de resguardar su dinero, despidieron a cientos de trabajadores aprovechando la vulnerabilidad de la población pobre y los asalariados, ante la pandemia y el confinamiento.
El sufrimiento, hambre y angustia de los asalariados y pobres, queda para los discursos politiqueros en el parlamento, por las redes sociales y por los noticieros.
Por eso, el ministro de Trabajo impuso una contrarreforma laboral disfrazada bajo el Decreto 1174, que crea un nuevo régimen de remuneración, de duración de la jornada laboral, de prestaciones sociales y de protección social. Entre otras cosas, permite a los empresarios contratar a menor costo, cambiar los contratos de trabajo, pasar de una jornada laboral completa a una jornada de unas pocas horas y a un salario inferior al mínimo. Lo que, además, eliminará la poca estabilidad laboral y la posibilidad de pensionarse.
Más aún, se está cocinando la contrarreforma pensional para aumentar la cotización de los trabajadores y eliminar el pago de subsidios por parte del Estado. De esta manera, Colpensiones pasaría a funcionar como las Administradoras de Fondos Privados, basados en el “ahorro y la capitalización”.
Así, se satisface las necesidades de los empresarios y se genera “confianza inversionista” a las transnacionales imperialistas y empresas nacionales con condiciones óptimas para la explotación de una mano de obra más barata. Ya la ex ministra de Trabajo, como vocera de los empresarios lo había ambientado con lo que llamó “Flexibilizar para formalizar el empleo”.
Y como si lo anterior fuera poco, los empresarios y el gobierno tildan de incoherente la propuesta de las centrales obreras de incrementar el salario mínimo a $1.000.000 para el 2021 y llaman a la “prudencia”. Moderación que no tienen ellos en sus descomunales ingresos y gastos personales.
Como demostró la pandemia, la clase obrera es indispensable para el funcionamiento de la economía y la generación de ganancias. Sin embargo, a la patronal no le tiembla la mano para expulsarlos de los empleos, pagarles un salario miserable que no alcanza para sobrevivir y negar un aumento del salario mínimo que en algo compense. Prefieren darle una patada a quienes llamaban “héroes” en sus campañas publicitarias, durante el confinamiento.
La pandemia: una amenaza para la vida de los trabajadores
Los pobres son los más golpeados por la pandemia, con un sistema de salud pésimo en manos de las EPS y la salud pública en ruinas que no están para garantizarles la salud y la vida.
Los asalariados están desprotegidos, a pesar de que esta enfermedad se adquiere por la inevitable exposición que se tiene en el transporte público o en los centros de trabajo. No tienen el derecho mínimo vital de incapacidad médica por Covid19, ya que ésta no se reconoce por aislamiento preventivo y en la mayoría de los casos ni por contagio.
Para los maestros estatales, la prestación de la atención en salud -privatizada por la Ley 91- está completamente bloqueada tras una maraña de trámites, requisitos y trabas. Y a los contagiados por COVID 19, sólo les formulan acetaminofén, lo cual los obliga a buscar tratamiento médico y a comprar los medicamentos por su cuenta. Eso sí, los descuentos por salud no se suspenden.
La violencia estatal y paramilitar: el gobierno responsable político
El gobierno, su ministro de Defensa y el comandante de la Policía, tenían oculta la muerte de nueve detenidos por quemaduras de primero y segundo grado en su cuerpo, durante el incendio de la estación de policía de Soacha el pasado 4 de septiembre.
Según denuncias, la policía se negó a evacuarlos a pesar de que “las 20 familias de los presos gritaban que, por favor, no los dejaran encerrados, que les permitieran salir…» “Había más de 20 uniformados, y ninguno hizo nada para ayudarlos, para que no se quemaran. Cruzaron sus brazos y dejaron que el fuego se propagara, afirmó una madre que perdió a su hijo”[1]
Esta tragedia infame, es otra que se agrega a la larga lista de asesinatos selectivos de activistas populares, líderes comunales y ex guerrilleros de las FARC, a las masacres, y a los crímenes de líderes y activistas de Colombia Humana, así como a las amenazas de muerte a todos los miembros de ese partido político en la Guajira y a la junta directiva de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT.
Y, el ministro de Defensa tiene la desfachatez de seguir con el viejo cuento de las “manzanas podridas” y de que hay una “campaña de desprestigio” contra la policía.
Respuesta reiterada frente al contubernio del ejército y la policía con los paramilitares, la brutalidad policial, y los abusos sexuales que han sacudido esa institución. Este comportamiento y el de Trump son como dos gotas de agua.
Mientras Duque, como caja de resonancia de Estados Unidos, ataca a Venezuela señalando a Maduro como una “amenaza constante para la democracia en la región y el mundo”, bajo su mandato suceden todas estas atrocidades. Y el informe sobre el Índice de Desarrollo Regional en América Latina, ubica a Colombia como la nación con mayor desigualdad social e inseguridad en este continente.[2]
La derrota del paquetazo requiere un PLAN DE LUCHA y parar la producción.
El gobierno y los empresarios tienen claro que para subir sus ganancias deben orientar sus políticas a rebajar el salario, despedir más y eliminar derechos sociales y laborales.
Por lo tanto, es necesario que los dirigentes sindicales y políticos abandonen su política de “concertar el paquetazo”.
Duque y los empresarios no darán solución cabal a los reclamos y exigencias, si no se lo imponen con la movilización, la huelga general y/o una parálisis de la producción.
La experiencia del proceso iniciado el 21N de 2019, mostró que es posible la más amplia unidad de acción masiva para la lucha.
Los objetivos de la pelea exigen enfrentar al gobierno y al uribismo sin medias tintas. Se requiere que la dirigencia sindical y política se proponga ir más allá de jornadas y marchas esporádicas, desarticuladas y sectoriales, que además no consultan a las bases, tal como han hecho los directivos de FECODE y las Centrales obreras, motivados, ante todo, por su agenda electoral.
Se requiere un paro nacional, no solo de magisterio y los estatales. También de la clase obrera del sector industrial, del transporte y el comercio, con el respaldo de estudiantes, indígenas y campesinos.
Paralizar la producción es más eficiente, contundente, seguro y adecuado a las circunstancias del Covid19. También más acorde a las necesidades planteadas y a la cerrada intransigencia del gobierno y su partido.
La responsabilidad de diseñar un efectivo PLAN DE LUCHA que desemboque en un auténtico Paro Nacional o Huelga General de los asalariados, corresponde a los dirigentes del movimiento obrero, campesino, indígena y estudiantil, con tareas centrales tales como:
- Por la derrota del paquetazo de Duque y la patronal.
- Plenas garantías laborales. Ni un solo despido más. Reintegro inmediato de los despedidos. Pago completo de los salarios. No al Decreto 1174.
- Por total adecuación de los centros de trabajo y suministros de equipos de bioseguridad para todos.
- No a la “alternancia” sin plenas garantías de bioseguridad para estudiantes y maestros.
- Salario mínimo de un millón. Renta básica universal: pago mensual de un salario mínimo a cargo del Estado, para desempleados e informales.
- Devolución de los auxilios y subsidios otorgados a los grandes empresarios y banqueros para destinarlos a financiar la renta básica.
- Pago de incapacidad médica por aislamiento preventivo y por contagio de COVID19.
- Atrás el proyecto de Ley 010 contra la salud. Sistema nacional y universal de salud a cargo del Estado. Seguro de vida y contratación laboral directa de todos los empleados de la salud.
- Nacionalización bajo control de los trabajadores de las EPS y los negocios de la salud.
- Ninguna restricción al derecho de reunión, movilización y protesta. Defensa plena de las libertades democráticas.
- Cese al autoritarismo del gobierno, la represión, los atropellos de la policía y las FFAA. Disolución del ESMAD. Reestructuración radical y derecho de sindicalización de la policía y las FFAA.
- No más asesinatos. Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales.
- No pago de la deuda externa e interna. Destinación de ese dinero para atender las necesidades en salud y alimentos del pueblo trabajador.
[1] ¿Qué pasó el 4 de septiembre en la estación de policía de Soacha? https://www.eltiempo.com/bogota/soacha-en-incendio-en-esta- cion-de-policia-murieron-ocho-personas-5483278.
[2] Colombia es el país más desigual de toda América Latina. Forbes Staff. 30- 10-2020.
