3 de Septiembre de 2023
OPCIÓN MARXISTA INTERNACIONAL Y DEMOCRACIA DIRECTA
Transcurrido un año del gobierno de Gustavo Petro y del Pacto Histórico todos los gremios de los potentados y sus políticos, así como los medios de comunicación, hacen un balance de su labor. Lo hacen desde su propia perspectiva y en relación con sus intereses. Nuestro balance es diferente. Lo hacemos desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora. Para ello, nos apoyamos en la realidad que viven los millones de trabajadores y campesinos pobres sometidos y explotados por los grandes y medianos empresarios de la ciudad o el campo, quienes se lucran del trabajo ajeno, como socios menores del “capital extranjero”, es decir de las empresas de los imperialismos.
El contexto del primer año, es que el gobierno ha tenido sucesivas “crisis” en las alturas. Paradójicamente no han sido causadas por ataques de uribismo a quien le dio la mano apenas ganó o de la derecha con quien pactó en el parlamento. Tampoco por las acciones de lucha de las masas o de los trabajadores. Han sido lo que se llama “tiros en el pie”, ocasionados por el comportamiento de algunos de los miembros de su gobierno o de los integrantes del Pacto Histórico (crisis ministerial, rompimiento de la coalición de gobierno, escándalo Laura Sarabia-Armando Benedetti, nepotismo de la ministra de Minas, delitos de su hijo Nicolás Petro, denuncias de ingresos de dineros del narcotráfico a su campaña, etc.). Algo que, como no podría ser de otra manera ha sido aprovechado por la reacción burguesa y sus políticos, para arrinconar y “apretar” aún más al gobierno. Eso alumbra el balance de la patronal y sirve a sus apetitos electorales.
Aprovechando esa situación, desde su orilla, los dueños de las grandes empresas y bancos, los presidentes de los principales gremios de la patronal y los jefes de sus partidos políticos, algunos como el uribismo, hoy en la oposición, tienen, entre ellos, un balance similar: opinan que bajo Petro, el país marcha bien, pero podría ir mejor si el gobierno acelera en la administración de sus intereses y ejecuta más rápido los recursos de la reforma tributaria, para que industriales y latifundistas agilicen sus negocios. Si permite que la “inversión extranjera” aumente más rápidamente. Y por supuesto, aprovechan los distintos escándalos que han surgido al interior del gobierno, para presionarlo y exigirle que “se baje de la nube”, concerte con los jefes políticos de los partidos tradicionales o dirigentes gremiales y ceda aún más en sus reformas. Por eso, elogian su respeto a la llamada regla fiscal, es decir, que use el presupuesto nacional en gasto social, pero sin excesos y reduzca los subsidios. Que el dinero para cubrir los déficits como el de la gasolina, como viene sucediendo, salga del bolsillo de los usuarios (los trabajadores, el pueblo pobre y la clase media). Ese balance, de mayores exigencias patronales al gobierno, no merece sino el repudio de cualquier luchador honesto. Y, por supuesto, tiene nuestro completo rechazo.
En contraste, todos los dirigentes de los gremios patronales y de los grandes partidos políticos, como César Gaviria, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Vargas Lleras, Luis F. Galán, Bruce Mac Master (industriales), Javier Díaz (exportadores de Analdex), Jorge Enrique Bedoya (SAC terratenientes y burguesía agraria), etc., han salido presurosos a exigir que nadie se atreva a plantear la salida de Petro o pretendan que no termine su mandato. Fino instinto de clase, que también mostró Petro durante el estallido social, al oponerse a que se pidiera tumbar al gobierno de Iván Duque.
De nuestra parte, el balance es desde la otra orilla. Distinto al de los uribistas, al de la burguesía y al del propio gobierno, quien a través de los medios oficiales presenta las tibias reformas que ha logrado, como el cambio que permitirá a todos los colombianos “vivir sabroso”. Para ello, partimos de la pregunta ¿Qué necesidades urgentes de los trabajadores, los campesinos pobres y las masas ha resuelto este gobierno? Necesidades que a grosso modo se pueden resumir en: solución a la desigualdad social, al desempleo, los bajos salarios, el hambre, la falta de vivienda, el derecho al estudio, la carestía, la inestabilidad laboral, la inseguridad. Que cesen los asesinatos de activistas sociales y sindicales, así como la impunidad y existan plenas libertades democráticas, y una verdadera Reforma Agraria. Ante eso, es legítimo preguntarse:
¿Se está avanzando en la disminución de la desigualdad? ¿Se está evitando que los niños pobres sigan muriendo de hambre? ¿Se redujeron los precios de los alimentos? ¿Se está reduciendo la informalidad laboral? ¿Se avanza en eliminar los contratos de trabajo temporal OPS? ¿El desempleo disminuye de manera importante? ¿Ha terminado el desplazamiento de campesinos y pobres de sus territorios? ¿La tierra se está repartiendo entre quienes realmente la trabajan para producir alimentos para todo el país y acabar con el hambre? ¿Los derechos a vivienda digna con servicios públicos completos, salud y educación gratis, están en la senda de garantizarse? ¿La inseguridad y la violencia en el campo y las ciudades, aumenta o disminuye?
Una mirada a lo hecho por el gobierno hasta ahora
Desigualdad social: La tarea del recientemente creado Ministerio de la Igualdad, no avanza al paso que las necesidades que las masas exigen y nuevos conflictos surgen por doquier. Por eso, es que muchos trabajadores que votaron por Petro con la esperanza de resolver sus problemas de empleo, educación, vivienda, bajos salarios, estabilidad laboral, salud, educación, carestía, etc., hoy se preguntan: ¿Por qué a pesar de que las noticias muestran que el desempleo se redujo a un solo dígito (9,3%, cerca de 2 dos y medio millones), el salario aumentó (14.62%), y la inflación ha bajado un poco (12,36 %), no se avanza en mejorar su nivel de vida y el de sus familias?
¿Por qué a pesar de la ley de matrícula cero para las universidades públicas, sus hijos no tuvieron acceso a ella? ¿Por qué observan que mientras las redes sociales del gobierno hablan de avances en el programa de vivienda (de $3.8 billones, han asignado $1.5 billones), la población más pobre continúa por millones viviendo hacinada, en cambuches o en la indigencia?
Reforma laboral, pensional y de salud: Muchos siguen ilusionados en cambios de fondo o importantes con esas reformas. Pero, muy seguramente también habrá trabajadores que estarán con dudas si una reforma laboral que no se propuso derogar la Ley 50 (de Gaviria), ni la contrarreforma de Uribe y sólo hacer reformas parciales, discutidas y negociadas en el parlamento -escenario del trámite de leyes favorables a los intereses de los empresarios, banqueros y los poderosos- significará realmente el fin de los contratos basura y el fin de la inestabilidad laboral a causa de las OPS, o recuperar las prestaciones sociales. Tal vez sospecharán que, por el contrario, al oír a Petro y la ministra de Trabajo, hablar de que es necesario “aumentar la productividad”, esa reforma, significará mayores ritmos de laborales, mas trabajo por el mismo salario. Significará más explotación y en consecuencia, mayores ganancias para los capitalistas. Sobre las reformas a las pensiones y a la salud, nunca propusieron abolir la Ley 100 que las convirtió en negocio. Por ello, tal como lo anunció el ministro de Salud, no tocarán las EPS. Podrán seguir funcionando “si lo hacen bien”.
El trabajador crítico debería preguntarse si la oposición a dichas reformas, por parte de los ricos y sus politiqueros, busca presionar y está obligando al gobierno a rebajar sus tibias pretensiones: Aceptar ceder algunas migajas a los pobres, para que los ricos puedan seguir disfrutando de sus jugosas ganancias.
Dado que el programa de Petro es “desarrollar el capitalismo”, no hay abismales diferencias con las exigencias de los poderosos. Las continuas concesiones a la patronal, están significando que el gobierno derechiza cada vez más su política en favor de éstos. Por lo tanto, presenta las reformas nuevamente al congreso, pero modificadas y con nuevos artículos, menos irritantes para los patronos y sus representantes en el Congreso. Ninguna de sus reformas alcanzará a responder cabalmente a las urgentes necesidades que el estallido social puso a la orden del día.
Violencia: En este aspecto las cifras son desalentadoras para los sectores populares y para los trabajadores pues la violencia en vez de disminuir, aumenta. El desplazamiento, los asesinatos y los atentados a los líderes sociales han aumentado considerablemente (100 líderes sociales y 24 ex Farc[1], a tal punto que los opositores e incluso algunos integrantes del Pacto Histórico como el Senador Alexander López le reclaman al gobierno acciones contundentes y mano firme contra los autores materiales de los hechos de inseguridad y de los asesinatos. Continúan los asesinatos de los desmovilizados del acuerdo de “paz” con las FARC. El juicio y castigo a los culpables de estos asesinatos no se ve por ningún lado. No hay libertad para los cientos de presos políticos detenidos durante el estallido social, a quienes Petro les prometió pasar en casa la navidad… del año pasado.
La llamada “paz total” En la ceremonia de posesión de Petro, ante los disparos de salva, los asistentes corearon “no más guerra”, reflejando que los anhelos de vivir en paz y tranquilidad, son además de justos muy generalizados en el país. El Presidente como política ante esa dura realidad, promete lograr la “paz total”, dando concesiones, dinero e impunidad. Hasta ahora logró un acuerdo de cese al fuego bilateral por 6 meses con la guerrilla del ELN y continúa la negociación con los demás grupos armados y de delincuencia común, pero la persistencia y el número de víctimas de las acciones de esas bandas criminales y la delincuencia común, no baja, sino que sube. La “Paz Total” no avanza pues el gobierno en vez de luchar contra el prohibicionismo sobre drogas y la “guerra al narco” que nos han impuesto los gringos, sigue adelante con ella. Pretende que las bandas abandonen su lucrativo negocio a cambio de sentarse a negociar con ellos y prometerles una “Ley de reconciliación nacional”, y hasta les ofrece dinero. Además, le hace mucho daño a la lucha democrática, la posición de miembros del Pacto Histórico, como la del senador “comunista” Iván Cepeda, quien pretende conciliar a como dé lugar y vincular sin cortapisas a “todo el mundo” a la política de “paz total”, proponiendo perdón y olvido. Un insulto a las víctimas, a los familiares y a la memoria de los masacrados, cuando en realidad, no hay arrepentimiento, sino que lo hacen por conveniencia, y para “limpiar la cara a los asesinos”.
Para lo cual este gobierno “de izquierda” ha incorporado a dos miembros de la ultraderecha colombiana, como ministros sin cartera. A Salvatore Mancuso como flamante “gestor de Paz”, que se agrega al nombramiento del jefe de los ganaderos y terratenientes del país, José Félix Lafourie. Estos representantes del gobierno, son los responsables el uno política y el otro militarmente, del despojo de tierras e innumerables masacres contra campesinos y líderes sociales. Incorporación que debería ser motivo de escándalo nacional e internacional. Pero, por el contrario, es bien vista por los gobiernos tanto de derecha como de “izquierda”. Por algo la política de “Paz total” cuenta con el aval de los gobiernos norteamericano y europeo. Con razón las asociaciones de víctimas han protestado indignadas. Es como si para juzgar una masacre se colocara como juez a uno de los perpetuadores.
Pero los límites de esta política son aún más grandes. Vivir y trabajar en paz es algo imposible de lograr mientras impere un sistema donde una minoría de privilegiados se guía sólo por su afán de ganancias y vive en la abundancia gracias al trabajo de las grandes mayorías. De allí que la explotación de los trabajadores, así como la discriminación y opresión de las minorías y el recorte las libertades democráticas que continúan bajo el régimen despótico en este país, están por encima de cualquier acuerdo de cúpulas con los narcos y bandas armadas. En el peor de los casos se logrará que el ELN y los grupos armados dejen de echar tiros para asociarse con los capitalistas nacionales y extranjeros en la explotación de los trabajadores y las masas en el campo. Eso sí, en “paz” (la paz de los sepulcros).
Los hechos muestran que la política de “paz” de este gobierno no podrá lograr un futuro de tranquilidad y prosperidad para todos los colombianos, y que su objetivo reaccionario es la defensa de un régimen injusto y violento contra los trabajadores y los pobres, para mantener esta sociedad capitalista, basada en la explotación, el hambre y la miseria, al servicio de un pequeño grupo de potentados nacionales e internacionales.
Reforma Agraria: Petro y su gobierno han distribuido a los campesinos colombianos 30.000 hectáreas de tierra, más del doble de las 13.000 que repartió el gobierno Duque. Sin embargo, sólo representa el 1% de los tres millones acordados en el “acuerdo de paz” con las FARC y solo el 0.1% de los 30 millones de hectáreas cultivables que existen en Colombia. Con el agravante de que, según el último informe de la delegada del alto comisionado de la ONU para Colombia, 8 millones de ellas son producto del despojo realizado por los grupos paramilitares y los terratenientes con la ayuda del ejército o con la complacencia del Estado colombiano. Lo anterior quiere decir, que solo el 37% de las tierras despojadas a los campesinos colombianos van a ser devueltas si se cumple a cabalidad el acuerdo de paz, algo que debería escandalizar a cualquiera que se reclame no de izquierda, sólo demócrata o diga defender los derechos de los campesinos.
Para hacer esta “reforma” le están comprando tierras a precios comerciales a sus propietarios -terratenientes y ganaderos-. Lo cual significa decir que se va a resolver el problema de la estructura de tenencia de la tierra, origen de la violencia centenaria en el país, por medio de un jugoso negocio para los principales responsables de ella. Una verdadera reforma agraria -como la lograda a través de sus luchas por el campesinado peruano, dirigido por el trotsksita Hugo Blanco- significaría la distribución de la tierra a los campesinos que la trabajen, sin indemnizar a sus despojadores, otorgándoles créditos baratos y asistencia técnica para que puedan cultivar y desarrollar adecuadamente la explotación del campo.
Reforma tributaria: El dinero recaudado –debido a que puso a pagar un poco más impuestos a las grandes fortunas y a sectores privilegiados de clase media hasta ahora no se ve reflejado en significativas inversiones sociales para los más pobres y necesitados. Por el contrario, fiel a los lineamientos de organismos internacionales como el FMI, destina una gran proporción del presupuesto de la nación a cumplir con el pago de la deuda externa. Tanto así que algunos analistas se atreven a plantear que: “No puede ser de izquierda un gobierno que sigue todos los mandamientos del FMI, que solamente habla de Regla Fiscal, de estabilidad macro económica, de subir los precios de los combustibles como lo piden los organismos internacionales…”. Debido a esto, el gobierno cuenta con el apoyo de las calificadoras de riesgo, de la OCDE, el FMI, y de los gobiernos de EE.UU. y de la UE. No ven en este gobierno un peligro para sus intereses. Así lo niegue o esconda tras discursos, su política económica es para desarrollar el capitalismo, pues beneficia a los empresarios, así privilegie el sector que él representa. Por otro lado, debido a su acercamiento cada vez mayor a los países imperialistas y sus trasnacionales que nos saquean, no denuncia los tratados militares con los que someten al país, y sólo pide revisar el TLC con los Estados Unidos.
En materia de soberanía nacional habrá diferencias de forma, pero no de fondo, con lo hecho por gobiernos anteriores: el discurso de
“renegociar” el TLC, que su ministro aclaró que se trata de una “revisión. Y más allá de roces y regateos propios del gobierno de una semicolonia, la esencia de las relaciones es de sometimiento a los intereses y acatamiento a los dictados del “imperio del norte”. De ahí que siga apoyando la política imperialista de guerra contra las drogas y contra el narcotráfico. Restableció relaciones diplomáticas con Venezuela, en sintonía con los lineamientos de la política exterior de Biden hacía ese país: pasar a Maduro por las urnas, para que los gringos recuperen el control de los negocios de los combustibles fósiles y un mayor suministro de ellos. Además, aún mantiene al país como miembro de la OTAN, el brazo militar de las potencias lideradas por EEUU en la guerra que libran en Ucrania en diputa con Rusia. Su política exterior busca agradar y quedar bien con el gobierno de EEUU, con las potencias europeas y con la OTAN.
A pesar de sus anuncios iniciales, ha continuado cumpliendo los acuerdos de extradición por lo que ha extraditado un promedio de 14 nacionales por mes. En la Amazonía abrió las puertas al Comando Sur de Estados Unidos y propuso crear una «OTAN amazónica». Es decir, una organización en manos de las potencias que garantice a las transnacionales y a los capitalistas colombianos, la explotación en “paz” de los inmensos recursos existentes. Y entre sus seguidores, muy pocos notan que su discurso ambiental y su oposición al extractivismo, es resultado de su asociación con las transnacionales dedicadas a los negocios verdes, quienes los justifican en “la búsqueda de energías alternativas”, actividad financiada, en primer lugar, por los propios pulpos petroleros.
La foto de la vicepresidenta Francia Márquez bailando con el embajador norteamericano en el festival “Petronio Álvarez” en Cali, envía a sus seguidores y a la población, el mensaje muy negativo de que está bien departir como amigos y celebrar con el representante de la potencia que nos saquea y domina, del gobierno del país que invade, despoja y masacra a los pueblos del mundo. En resumen, más allá de trinos y discursos o matices, el gobierno se comporta como un agente y aliado de los negocios e intereses de los países desarrollados, en especial del norteamericano. El gobierno Petro-Francia no muestra ninguna independencia frente a los imperialismos. En suma, el país sigue como “el principal socio estratégico” según la definición del gobierno yanqui.
Adquiere mucho peso en el panorama actual el “Acuerdo Nacional” que Petro se propone realizar pues significaría ceder más a los intereses de los empresarios de este país, y una mayor dependencia de los partidos políticos de la burguesía, que se traducirán en mayores condiciones de explotación, miseria y hambre para las masas. Por ello, no es casual que el presidente de la ANDI Bruce Mac Master responda acucioso: “Los empresarios queremos trabajar con el gobierno Petro” y afirme que “si tenemos una buena definición vamos a llegar a un buen resultado”, por supuesto se refiere a los intereses de los grandes capitalistas.
La condición colombiana de país dependiente y sometido a los intereses políticos y económicos de los EEUU –y otras potencias- y a que el poder real lo detentan los dueños de las grandes fábricas, cadenas de comercio, los bancos y las tierras del país, en su mayoría socios de las trasnacionales extranjeras, nos permiten afirmar que los cambios que los asalariados y las masas pobres de este país necesitan y anhelan, difícilmente se lograrán con este gobierno, que está comprometido en desarrollar el capitalismo, es decir en trabajar para ellos. Son posibles de alcanzar, pero, como la experiencia nacional e internacional ha mostrado, será a través de la lucha, la movilización el paro y la huelga. Un verdadero cambio en las condiciones de vida y trabajo para el pueblo trabajador, no provendrá de las acciones de este gobierno, por bien intencionadas que parezcan.
Pero la lucha de la clase trabajadora encuentra un serio obstáculo en la conducta de la burocracia sindical (CUT-CTC-FECODE, sindicatos) y la política de la llamada “izquierda democrática”, que al ser parte del actual gobierno lo apoyan incondicionalmente y le ayudan a mantener a la clase trabajadora desmovilizada y con los ojos tapados. Le hacen creer a los trabajadores y sectores que influencian, que los cambios qué necesitan, provendrán de “reformas” aprobadas en un Congreso plagado en su mayoría por representantes de los partidos tradicionales de la burguesía. Ayudaron a Petro a afirmar que cambios favorables a los asalariados y las masas se lograrían en coalición con los parlamentarios de Gaviria, Santos, Dilian y los conservadores, etc., si él era presidente. Dado que cuenta con el apoyo de esa burocracia sindical y de esa “izquierda” reformista, los trabajadores no son convocados a la lucha o la huelga para exigir solución a sus necesidades urgentes, sino a desfiles callejeros de apoyo al gobierno y con la mira puesta es sus mezquinos intereses electorales.
Actuación totalmente contraria a los criterios de dirigentes medianamente consecuentes que tendrían que impulsar la movilización y la lucha de los trabajadores para exigirle al gobierno los cambios urgentes y necesarios. Sometido como está, a transar con la mayoría del congreso, y con la ultraderecha atizando el fogón, la idea que vendió el propio Petro, está cada día más embrollada.
Las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno Petro en favor de los intereses de los empresarios que él representa y de los restantes, y su programa de “desarrollar el capitalismo” deberían ser suficientes para que los trabajadores y jóvenes con sentido crítico se movilicen a defender sus derechos. Se impone, entonces, a los luchadores honestos y conscientes, la tarea de reorganizar una lucha masiva y nacional, de la clase trabajadora y sus aliados del pueblo pobre, para ir más allá de las tímidas reformas del gobierno.
Transformaciones de fondo son posibles de lograr, pero a través de la lucha y la movilización revolucionaria. De allí que sea urgente para los trabajadores y las masas pobres el dotarse de una dirección sindical y política completamente nueva. Que sea independiente del gobierno y de los patronos; que no confíe en los pactos secretos con la burguesía y sus políticos, ni en los pactos con los gobiernos de los países imperialistas.
La clase obrera, desde sus organizaciones y en forma completamente independiente y con democracia interna, puede organizarse para liderar la pelea. Todo con el objetivo de postularse para dirigir los destinos del país. No seguir delegando esa tarea en políticos profesionales de la burguesía o de la clase media, “comunistas” y exguerrilleros, que seguirán pactando y entregando el país a los grandes pulpos empresariales y a la dominación y saqueo de las potencias imperialistas.
[1] https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2023/
