21 de Septiembre de 2020
“¡No murió, lo asesinaron!”,” ¡tombos asesinos!” eran los gritos que con justeza exclamaban los jóvenes y la población que salieron, indignados, llenos de ira y rechazo por el cobarde y brutal asesinato de Javier Ordoñez a manos de la Policía Nacional.
Más allá de compartir o avalar los métodos de lucha empleados por los sectores juveniles en su protesta, pues no son los de la clase obrera, la respuesta de rabia e indignación contra la actitud asesina y completamente abusiva de la policía, son totalmente legítimos y explicables.
La conducta de la policía, de guerra contra la población, es tan aberrante que hasta César Gaviria, presidente del Partido Liberal, responsable de ayudar a Duque a ganar las elecciones, vocero de la oligarquía y para nada sospechoso de ser algún radical, afirmó que fueron actos “no de brutalidad policial, sino de brutalidad criminal”. Los 13 muertos en 48 horas, son una cruda prueba de ello, que permite ahorrar palabras.
Este asesinato hace parte de un largo historial de abusos y atrocidades cometidos por esta institución del régimen contra la población más vulnerable. Hoy, con mayor claridad se ve el papel que cumple esta institución, defensora de quienes están en el poder y al servicio del gobierno de turno.
Los responsables
El gobierno de Iván Duque es el principal responsable político de estas atrocidades y de la respuesta criminal que la policía siguió dando a las justas protestas. Aprovechando su entrenamiento militar y armamento, sin escrúpulos dispararon a los manifestantes inermes, dejando un saldo mortal de 13 asesinados más.
Es responsable también su ministro de Defensa Carlos Holmes y la cúpula policial, quienes después de los asesinatos, declararon con arrogancia y sin pudor que el problema eran quienes protestaban contra la policía, tanto en las calles como en las redes, y que sus esfuerzos estarían en combatirlos como una gran amenaza.
Todo el gobierno y sus representantes se enfocaron en minimizar esta masacre y en enfatizar el “vandalismo” de los manifestantes o en acusar que sectores del ELN y disidencias de las Farc eran los dirigentes de las protestas, con el objetivo de justificar la represión.
Duque no dudó en colocarse un chaleco de policía para respaldar y destacar la actitud “gallarda, férrea” de la policía nacional, así como en otro momento, no dudó en calificar las masacres como “homicidios colectivos” o los desplazados como “migrantes internos”.
Pero, ante la imposibilidad de tapar el sol con un dedo, frente la “brutalidad criminal” (en palabras de Gaviria), encontraron la salida fácil y cínica de argumentar que el problema era de simples “manzanas podridas” que se debían remover y asunto resuelto.
En esta misma vía, los medios de comunicación juegan un rol nefasto. Como agentes lacayos de la élite gobernante y su régimen, equiparan la violencia sistemática de esas instituciones (policía, ejército) con las justas expresiones radicalizadas de sectores de la juventud y la población de rechazo a los abusos, como si fueran lo mismo. Nada más desigual e incomparable. Es una simple maniobra para deslegitimar una lucha más que justa contra la represión del gobierno y la violencia policial.
La impunidad que ha reinado en este país por años ha envalentonado esas instituciones de represión, como la policía, que cuenta con entrenamiento militar como verdaderos soldados (brindado por el imperialismo yanqui) preparados para una guerra sin cuartel contra la población desarmada.
Es una institución impregnada de corrupción, como muchas otras en esta sociedad, donde el soborno, la división de botines, el contubernio con criminales y narcotraficantes, el robo, las golpizas y maltratos a jóvenes y trabajadores, e incluso las violaciones de niñas y mujeres, son el pan de cada día. Así, las estaciones de policía, llamados CAI, se convirtieron en verdaderas cuevas de criminales. Todo esto facilita entender la indignación que llevó a cientos de jóvenes a destruirlos en varias ciudades del país.
Más que justa la respuesta contra la bestialidad policial y los atropellos
El asesinato del abogado y las ráfagas de disparos indiscriminados hacia la población, enardeció un importante sector, fundamentalmente jóvenes que tenían su ira contenida ante el confinamiento, el incremento de las masacres, el asesinato de luchadores sociales en distintas zonas del país y las medidas económicas del Gobierno. Son los mismos jóvenes sin recursos tecnológicos y sin acceso a la educación pública y que siguen engrosando las filas de millones de desempleados, sumidos en la pobreza, sin alternativas para ayudar a sus familias a sobrevivir en medio de una pandemia que por el deficiente sistema de salud, obligó al confinamiento generalizado ante el riesgo real al contagio y la muerte.
El Gobierno Duque descarga grandes calamidades contra quienes nada tienen, mientras beneficia con millones de dólares a los grandes magnates como Avianca y a los evasores de impuestos. Adicionalmente, Duque destruye la estabilidad laboral y la posibilidad de pensión para los trabajadores colombianos con el decreto 1174.
Las penurias, injusticias y calamidades que están sufriendo las mayorías en esta sociedad y que se siguen agudizando, provocaron la respuesta del 9 y 10 de septiembre contra los CAIs y la policía. Comprendemos la justeza y radicalidad de estos jóvenes y los llamamos a elegir otro camino. A colocar toda esa energía y disposición de lucha al servicio de la causa de los trabajadores y en unidad con ellos en un gran movimiento de masas que luche contundentemente por trasformar a fondo esta sociedad y contra todos los abusos y crímenes de este gobierno de extrema derecha burguesa y sus instituciones. Una lucha para poner en movimiento a millones de oprimidos, que unidos podrán luchar por una sociedad a su servicio.
La explosión que vimos, aunque muy importante, aún no se elevó al nivel de la lucha que se inició el 21N de 2019. La masividad y amplia confluencia de distintos sectores, unidos en una movilización nacional contra el gobierno de Duque y el uribismo, como eje aglutinador, fue su característica.
Ese proceso iniciado el 21N fue un importante paso en el camino de unificar las luchas, pues empezó a articular la indignación acumulada. Eso es lo que necesitamos hoy para derrotar la violencia policial, detener los asesinatos y masacres y poner en cintura al gobierno y al uribismo.
Tibia reforma o radical democratización de la policía
Las protestas instalaron la discusión de qué hacer con la institución policial. El uribismo y la mayoría de la oposición, cada uno a su manera, ahora se desvelan por protegerla y salvarla. O como dicen tantos otros intelectuales y sectores de oposición, que los recientes asesinatos son un “síntoma de la crisis en la institución policial”, lo que se resolvería con una “reforma”. ¿Será que el problema central es el modelo de la policía de este país, que no es civil sino militar? O entonces, como dice la alcaldesa Claudia López, que ¿con una reforma a esta institución se resolverá el problema?.
Nosotros opinamos que NO. Y no porque no veamos que se trata de una institución podrida hasta la médula, porque lo es. Sino porque el problema es mucho más profundo de lo que nos quieren hacer creer. La reforma podría ser un tibio paso, podría calmar la fiebre sin atacar la enfermedad, no solucionaría el problema de raíz. Una muestra de esto es la policía de EE.UU., aquella que también asesinó a George Floyd frente a la cámara, es una policía civil y no le tiembla la mano para utilizar la violencia asesina contra la población.
Esta idea de tibias reformas no hace más que ocultar que tanto la policía como el ejército son la columna vertebral de este sistema capitalista, que sirven al gobierno y a los sectores más poderosos de la burguesía en el poder y que, como prueban los hechos recientes, no dudan en utilizar la más cruenta represión si ven amenazados sus intereses.
Por eso, la solución no está en tibias reformas institucionales sino en la radical trasformación que democratice orgánica, política y socialmente a la Policía y las Fuerzas Armadas, para impedir que sigan siendo utilizadas como instrumento represivo.
Urge la unidad para luchar
Las causas que generaron el estallido del 9 y 10 de septiembre dejan ver la urgente necesidad de la más amplia unidad de acción para reorganizar la lucha que ya venía desde noviembre de 2019. Un Plan de Lucha Nacional que incluya la preparación por la base de acciones, movilizaciones y asambleas democráticas que alimenten dicho plan, sin perder de vista que en el marco de la pandemia, es de suma importancia el cuidado y la autoprotección.
La jornada del 21S es muy positiva porque se trata de una primera respuesta contra la violencia policial y contra el gobierno. Nos parece equivocado que se la trate de convertir en una jornada por la no violencia, en general, como propone Petro, equiparando la violencia de la policía y el régimen, con la de los manifestantes.
Esta primera respuesta del 21S, se podría convertir en el inicio de ese Plan de Lucha, si los dirigentes de FECODE, las centrales obreras, organizaciones estudiantiles y los políticos de oposición, así se lo proponen. Entonces, los dirigentes están ante el reto de dar continuidad a la jornada del 21S y deponer su deseo de protagonismo y cálculo electoral, para unirse alrededor de organizar la lucha. Petro y la Bancada Alternativa, deben acogerse a los planes de lucha de los trabajadores asalariados y la clase obrera.
Esta es una tarea urgente que las masas, los trabajadores y la juventud tienen planteada y que sus dirigentes deberían escuchar.
Los objetivos de esta lucha son diversos. De nuestra parte proponemos la más amplia unidad alrededor de los siguientes puntos:
- Contra la brutalidad policial, la represión, los asesinatos, las masacres y la presencia de uno de los principales representantes del Imperialismo Yanqui que somete a nuestro país: Mike Pompeo que estará en nuestro territorio entre el 17 y 20 de septiembre.
- Basta de impunidad. Juicio y castigo a todos los culpables de estos 13 asesinatos y los de tantos activistas sociales, además de las recientes masacres de jóvenes.
- Por la disolución inmediata del ESMAD y la desmilitarización de la policía que ejerce la más brutal represión a manifestaciones, protestas y huelgas.
- Por libertad inmediata de todos los detenidos y presos políticos. Plena defensa de los jóvenes y trabajadores apresados.
- Juicio, castigo y el desmonte de las bandas parapoliciales y paramilitares.
- Supresión de la llamada Justicia Penal Militar.
- Una radical trasformación de la Policía y las Fuerzas Armadas, para impedir que sigan siendo utilizadas como instrumento represivo de la oligarquía y el imperialismo. Que además desarrolle la democratización orgánica, política y social de la Policía y las Fuerzas Armadas y que cuente con control obrero y tribunales populares para juzgar cualquiera de sus crímenes.
- La ruptura de los pactos militares como el TIAR que subordinan el país a los dictados del imperialismo gringo.
- Plenas libertades democráticas: de movilización, organización sindical, política y acción.
- Rechazo total a la militarización propuesta por Uribe y sus cómplices.
- El derecho de sindicalización y a organizarse democráticamente de policías, soldados, suboficiales y oficiales.
