La profesora Alina Bárbara López Hernández fue juzgada en Cuba el 28 de noviembre. Reconocida intelectual, valiente, que ha sido capaz de defender sus derechos constitucionales con entereza y dignidad frente a la persecución y hostigamiento de parte de la policía y de las autoridades judiciales y políticas en su ciudad Matanzas.
El delito imputado: Desobediencia. ¿Los hechos? Ubicarse, sola, en un importante parque de la ciudad, con un pedido de libertad de expresión y democracia, en rechazo a las constantes violaciones a la Constitución Nacional y a la persecución política contra muchos intelectuales y académicos, como Jorge Fernández Era y otros, así como la exigencia de libertad para el gran número de presos políticos existentes en la Isla. Muchos, cuyo delito fue manifestarse contra la miseria, la carestía y la falta de libertades, en el estallido social de la población del 11 de julio de 2021.
El régimen imperante necesita sofocar cualquier expresión de inconformidad y recurre a la persecución policial y judicial contra cualquier voz disidente. Ya no se limita a acusar falazmente de “contrarrevolucionario” y “agente del bloqueo yanqui” a quien proteste y no se doblegue ante las continuas arbitrariedades. Monta farsas judiciales, como en este caso, contra la profesora Alina, como castigo a cualquiera que se atreva a oponerse al régimen. Así, de forma autoritaria y represiva, defiende la penetración económica de las trasnacionales europeas y chinas en su proceso de semicolonización de Cuba y así profundizar el curso de restauración capitalista, que destruye todo lo conquistado con la revolución en beneficio de los gobernantes “comunistas” y sus aliados.
Como manifestación de nuestra solidaridad, en defensa del pleno derecho de expresión de la profesora Alina y en rechazo a la persecución de la casta gobernante contra ella y otros cubanos como Mario Gines Gonzáles Reyes Cepero e Ilonka Amuchastegui, a quienes se detuvo e impidió llegar al tribunal, publicamos la denuncia escrita por Alina Bárbara antes de comparecer al juicio, lo cual no significa compartir totalmente sus opiniones políticas.
Los demócratas y luchadores en Colombia y América Latina que hoy positivamente se manifiestan contra el genocidio israelí y en solidaridad con la causa palestina, tambien, tienen posibilidad de asumir esta causa democrática, exigiendo amplias libertades de expresión y movilización en Cuba, la libertad de los presos politicos y el cese a las persecuciones a los opositores al régimen.
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A continuación, la denuncia:
“Yo acuso: Ante la opinión pública cubana e internacional a los órganos de Seguridad del Estado, específicamente al General de Brigada del Ministerio del Interior Alejandro Castro Espín, Director de Inteligencia y Contrainteligencia de los Servicios de Seguridad del Estado y Secretario de Defensa y Seguridad Nacional de la República de Cuba, como máximos responsables de los atropellos e ilegalidades que se cometen diariamente en mi país contra una ciudadanía indefensa a la que impiden el ejercicio de sus derechos.
Durante todo el día de hoy se ha realizado una redada contra numerosas personas a las que han citado a estaciones de la policía, amenazado y colocado agentes fuera de sus viviendas con el fin de que no puedan salir de ellas.
Este atropello ha sido contra ciudadanos decentes que no han violado ley alguna. Han llegado al punto de incautar carnets de identidad y chantajearlos con que si salen sin ellos los detendrán por estar indocumentados. Dejar a ciudadanos indocumentados es un delito que puede ser denunciado en Fiscalía.
Entre las personas amenazadas hay hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes, universitarios y trabajadores, blancos y negros; católicos, masones, un ortodoxo y otros sin creencias religiosas; heterosexuales y representantes de la comunidad LGBTI; personas de ideas socialistas y de otras preferencias políticas, en fin… un microcosmos representativo de la ciudadanía cubana.
A algunos le han dicho que yo «planifico un desorden público» y que ellos «tienen el derecho de impedir que ocurra». Esto me hace recordar al teniente coronel de Seguridad del Estado Rogelio Cuesta Aragón, que el 14 de junio me dijo que tenían pruebas sobre mi participación en una conspiración financiada desde Estados Unidos para organizar y encabezar un golpe de Estado contra el gobierno cubano. Ese fue el mismo oficial que el 6 de septiembre tuvo la desvergüenza de ofrecerme un «criterio de oportunidad» para no ir a juicio dada mi «escasa lesividad social», en lugar de ofrecer disculpas por sus calumnias.
Además, desde ayer están instalando equipos en los postes de telefonía fuera del Tribunal Municipal de Matanzas donde se celebrará el juicio en el que soy acusada por el delito de «desobediencia». Imagino que serán inhibidores de la conexión a Internet y cámaras para monitorear.
La verdadera causa de tanta represión y precauciones es el miedo. Pero los tranquilizo: nunca he convocado a nadie a manifestarse ni a crear desórdenes. A diferencia de ustedes, creo en la responsabilidad individual y ética de las personas. También creo que en Cuba vivimos un nuevo momento histórico y que una crisis no es tal hasta que los actores sociales no toman cuenta de ella.
La cuestión que está en juego ahora no es «si hay» que cambiar, sino «cómo hacerlo».
