Huber K. Mayo de 2026
Desde nuestra perspectiva, la respuesta es categóricamente no. Como ocurre en la mayoría de las campañas electorales, los candidatos se presentan ante la población como opciones completamente antagónicas. Intentan reducir la realidad a una falsa dicotomía entre “derecha” e “izquierda”, construyendo una supuesta polarización que termina beneficiando a todos los sectores del establecimiento político.
Así se presentan las candidaturas de extrema derecha, encabezadas por Abelardo De la Espriella y el uribismo con Paloma Valencia. También actúan de esa manera los partidos tradicionales de derecha —liberales, conservadores, Cambio Radical y el Partido de la U— e incluso los sectores que se autodenominan de “centro”. De forma similar, la campaña de los llamados sectores progresistas, encabezada por Iván Cepeda y continuadora del actual gobierno del Pacto Histórico, entra en esa misma lógica: se presenta como una alternativa “totalmente opuesta” y representante del campo popular, mientras al mismo tiempo teje alianzas sólidas con figuras tradicionales de los partidos Liberal y el Conservador.
Los grandes grupos económicos y políticos, apoyados por encuestas, medios de comunicación, redes sociales y bodegas digitales, exaltan las diferencias secundarias entre los candidatos. La atención se concentra en polémicas personales, escándalos, ataques mediáticos y asuntos de escasa trascendencia para la vida cotidiana de la mayoría de la población. Mientras tanto, los problemas de fondo quedan relegados y se ocultan.
Rara vez se discute con claridad qué intereses económicos y políticos representa cada candidato, ni qué clases sociales se beneficiarían realmente de sus propuestas. Aunque todos prometen “mejorar la situación del pueblo” o “defender a los más pobres”, en la práctica la mayoría termina defendiendo intereses de distintos grupos empresariales y financieros, tanto nacionales como extranjeros.
Esa propaganda permanente lleva a muchos trabajadores a creer que están ante proyectos completamente irreconciliables y, para peor, que sus condiciones de vida cambiarán de manera decisiva dependiendo de quién gane las elecciones. De este modo, se deja en segundo plano un aspecto fundamental: los intereses de clase que representan los candidatos. Muchos terminan observando únicamente la apariencia de las disputas políticas, olvidando que las apariencias generalmente engañan y pueden ocultar profundas coincidencias entre sectores que públicamente dicen enfrentarse.
En este panorama aparece un hecho que resulta, en cierta medida, contradictorio: tras cuatro años de gobierno progresista y luego del completo debilitamiento del uribismo tras el estallido social, la actual campaña muestra que la extrema derecha amenaza con imponerse sobre Cepeda. Ese avance no se explica únicamente por su propia capacidad de organización, sino también por las continuas concesiones realizadas por el gobierno Petro al uribismo y a otros sectores tradicionales, mediante su política de unidad nacional y conciliación.
Bastan algunos ejemplos: la compra de tierras a precio comercial y la entrega de la implementación de la reforma agraria a José Félix Lafaurie —representante de ganaderos y terratenientes y esposo de la senadora María Fernanda Cabal—; el nombramiento de paramilitares como Salvatore Mancuso en calidad de “gestores de paz”; y los cuestionados pactos con pandilleros y narcotraficantes en nombre de la política de “Paz Total” y un sinnúmero de concesiones a esos sectores.
Por otra parte, este fortalecimiento de la extrema derecha desmiente la idea, promovida durante años por algunos dirigentes políticos y sindicales de izquierda, de que votar por candidaturas “progresistas” permitiría derrotar al uribismo o frenar el avance de la extrema derecha. Los hechos actuales muestran los límites y falsedad de ese argumento esgrimido incluso por corrientes socialistas.
Hay trabajadores que miran hacia adelante… y otros hacia atrás
Nosotros estamos del lado de los primeros. Comprendemos sus aspiraciones y les señalamos la necesidad de movilizarse y luchar para conquistarlas. Nos ubicamos junto a todo trabajador asalariado consciente que aspira a mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y su dignidad.
Coincidimos con quienes identifican a figuras como Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia y los candidatos de la extrema derecha y de la derecha tradicional, como enemigos de los trabajadores. Muchos llegan a esa conclusión porque reconocen en ellos a los responsables políticos de los llamados “falsos positivos”, de las masacres y de la violencia paramilitar que ha golpeado al país durante décadas. También los rechazan por su autoritarismo, por estar en contra de las libertades democráticas y por su negativa a ampliar derechos para las mujeres, las minorías étnicas y sexuales, y otros sectores históricamente discriminados.
Asimismo, compartimos la denuncia del respaldo de la extrema derecha a políticas represivas, guerras y agresiones impulsadas por Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, así como su apoyo a Israel y al genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Ese rechazo es profundamente justificado.
Sin embargo, consideramos necesario ir más allá de una crítica basada únicamente en razones democráticas o morales. Aunque esas razones son válidas e importantes, resultan insuficientes si no se comprende el problema de fondo: el carácter de clase de esos proyectos políticos de derecha.
Más allá de sus diferencias y disputas electorales, todos esos sectores coinciden en defender un modelo económico basado en la explotación del trabajo ajeno y en la preservación del sistema capitalista. Aunque prometan gobernar “para todos los colombianos”, en la práctica terminan favoreciendo a los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.
Son los representantes políticos de quienes históricamente se han beneficiado del trabajo de millones, de quienes han gobernado para las élites económicas y han actuado subordinados a los intereses de las grandes trasnacionales de las potencias extranjeras. Su política de “mano dura” no expresa solamente una postura política o ideológica: expresa, sobre todo, los intereses de la clase social que domina económicamente el país. Por eso coincidimos con muchos trabajadores en que ninguna de esas campañas merece su apoyo político.
Pero también es necesario comprender por qué sectores importantes de la población vuelven a respaldar alternativas de extrema derecha. El gobierno Petro generó amplias expectativas de cambio que, para algunos, no se concretaron y terminaron convirtiéndose en frustración. La corrupción, las vacilaciones y contradicciones del gobierno, el aumento del precio de la gasolina, la crisis del sistema de salud —particularmente la que afecta al magisterio— y el fracaso de la llamada “Paz Total” fueron factores y errores aprovechados por la derecha para fortalecerse políticamente.
A esto se sumó el silencio, la minimización o la justificación de muchos seguidores del gobierno frente a sus errores, facilitando que la extrema derecha capitalizara el descontento de sectores que inicialmente habían depositado expectativas en el cambio prometido.
Por otro lado, existen amplios sectores de trabajadores, capas medias, estudiantes, docentes e intelectuales que todavía ven en las elecciones la posibilidad de conquistar cambios parciales, aunque sean limitados. Bajo la idea de que “algo es mejor que nada”, muchos vuelven a inclinarse en respaldar la candidatura del Pacto Histórico, con la esperanza o ilusión de así impedir el retorno de la extrema derecha.
Ese debate expresa una contradicción profunda dentro del movimiento de los trabajadores: entre quienes siguen confiando en transformaciones graduales mediante la vía electoral y quienes consideran necesaria una alternativa electoral y política de clase, totalmente independiente de todos los sectores tradicionales del poder económico y el establecimiento burgués.
¿El progresismo representa los intereses de la clase trabajadora?
Muchos activistas y dirigentes del progresismo afirman que sí. Incluso políticos tradicionales vinculados al actual gobierno, como Armando Benedetti, llegan a presentarse como supuestos representantes de la clase obrera. Mientras ocultan el carácter patronal y los intereses de clase que sostienen los proyectos uribistas y de derecha, intentan mostrarse como una alternativa de cambio progresista y como voceros del pueblo frente a los sectores más tradicionales del establecimiento.
Numerosos trabajadores coinciden parcial o totalmente con esa visión. Otros consideran que, aunque el actual gobierno no represente plenamente los intereses de los trabajadores, sí ofrecería un contexto más favorable para la lucha social, brindando mayor espacio democrático y mejores condiciones para impulsar reclamos obreros. Se ilusionan en que esa mayor democracia o ese mayor espacio para la lucha, será obra del gobierno y no dependerá de que sea conquistada por la movilización y la lucha, como señala la experiencia.
Además, existen razones concretas que explican ese respaldo. Muchos trabajadores valoran avances reales alcanzados en los últimos años, como el incremento significativo del salario mínimo, la recuperación parcial del recargo nocturno y dominical mediante la Reforma Laboral, el reparto de algunas hectáreas de tierras a campesinos pobres y otras medidas sociales. Incluso conquistas como la matrícula cero en universidades públicas o la reducción de la jornada laboral semanal suelen ser asociadas al actual gobierno, aunque algunas de ellas tengan un origen previo o respondan a luchas sociales de años.
Sería equivocado desconocer esos avances. Sin duda representan conquistas importantes para sectores obreros y populares. Pero precisamente por eso consideramos necesario que todo trabajador consciente se formule algunas preguntas fundamentales: ¿el enorme impulso social que significó el estallido social de 2021 —y sobre cuya realidad Petro llegó al gobierno— no permitía avanzar mucho más? ¿La profunda crisis del uribismo y del conjunto de las élites tradicionales no abría la posibilidad de recuperar derechos históricos perdidos durante décadas? ¿No era ese el momento para que los sectores excluidos y empobrecidos conquistaran transformaciones más profundas?
¿Acaso no existían condiciones para derogar completamente la Ley 100, la Ley 50 y el conjunto de reformas regresivas que desde los años noventa precarizaron el trabajo y privatizaron derechos esenciales? ¿Realmente esas reformas parciales y limitadas eran todo lo que podía alcanzarse?
El gobierno y sus defensores sostienen que sí. Afirman que los trabajadores deben conformarse con avances mínimos y graduales, bajo la idea de que “algo es mejor que nada”. Incluso argumentan que para continuar avanzando serían necesarios nuevos gobiernos progresistas o, como algunos exageran, “otros doscientos años”. Sin embargo, suelen ocultar que muchas de las reformas obtenidas no fueron resultado exclusivo de la gestión gubernamental, sino consecuencia indirecta —aunque deformada y limitada— de la enorme movilización social expresada en el estallido social. Fue esa irrupción de masas, más que la voluntad reformista de los sectores progresistas, la que abrió el camino a determinadas concesiones logradas.
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Precisamente esa política de conformarse con reformas parciales explica también por qué el gobierno no logró derrotar la resistencia de los representantes políticos del gran capital, tanto de la extrema derecha como la derecha de los partidos tradicionales.
Desde nuestra perspectiva, aunque se hayan conquistado avances importantes, estos están muy lejos de responder a la magnitud de los problemas sociales existentes. Las reformas impulsadas resultan insuficientes frente a la gravedad de la exclusión, los bajos salarios, la explotación, el desempleo, la precarización laboral, la pobreza, la violencia en campos o ciudades y las múltiples formas de opresión que padecen millones de trabajadores y sectores populares.
Pero a pesar de esa realidad angustiante Iván Cepeda y los sectores progresistas que defienden la continuidad del Pacto Histórico piden paciencia e insisten en una estrategia de reformas limitadas y graduales. Plantean que los cambios pueden lograrse, pero “poco a poco”, mediante acuerdos parlamentarios y alianzas con sectores tradicionales del establecimiento político. Según esa lógica, las transformaciones profundas de raíz, serían inviables o inconvenientes.
Esa perspectiva implica, en los hechos, pedirles a los trabajadores que renuncien a luchar por cambios estructurales urgentes. En lugar de impulsar la reversión completa de las reformas impuestas desde los años noventa, el progresismo opta por administrar parcialmente sus consecuencias mediante reformas mínimas, limitadas a lo arrebatado por el uribismo.
Ese enfoque no es nuevo. Durante décadas, distintas organizaciones sindicales y de la izquierda reformista privilegiaron políticas de conciliación entre los intereses de los trabajadores y los de sectores empresariales y políticos tradicionales. La promesa siempre fue la misma: obtener mejoras graduales mediante acuerdos. Sin embargo, esa estrategia terminó debilitando o derrotando luchas históricas y aplazando transformaciones profundas reclamadas por muchos trabajadores y sectores populares.
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Hoy el progresismo vuelve a insistir en esa orientación reformista y vacilante. No plantea una campaña para exponer la necesidad de ruptura con el sistema económico dominante ni con las relaciones de poder existentes. Por el contrario, insisten en que es posible gobernar y mejorar las condiciones de vida de la población mediante alianzas con vertientes del liberalismo, el conservatismo y otras figuras tradicionales de la política burguesa.
Ahí surge una de las principales críticas: aunque el progresismo se presenta como alternativa frente a la derecha, mantiene alianzas con dirigentes tradicionales como Armando Benedetti, Ernesto Samper, Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo y otros representantes históricos del establecimiento político. De ese modo, termina convocando a los trabajadores a respaldar proyectos que continúan ligados, en última instancia, a intereses empresariales y al mantenimiento del sistema económico capitalista.
Por más medidas positivas que pueda impulsar, un proyecto político aliado con sectores tradicionales difícilmente puede constituirse en una alternativa verdaderamente independiente para los trabajadores. En el fondo, se trata de una variante reformista dentro del mismo sistema: una corriente que promete corregir algunos de sus aspectos más cuestionados mientras intenta preservar la estabilidad y continuidad del capitalismo.
A pesar de eso, muchos trabajadores continúan respaldando esas candidaturas, no necesariamente por entusiasmo con sus propuestas, sino por temor al retorno de la extrema derecha. Bajo la lógica del “mal menor”, consideran que un gobierno progresista podría al menos preservar ciertos derechos democráticos o evitar políticas todavía más agresivas contra los sectores populares.
Es importante entonces hacerse algunas preguntas: ¿pueden resolverse problemas estructurales como la desigualdad, la precarización laboral, la crisis de salud y la violencia social mediante reformas mínimas transadas por arriba? ¿Es posible transformar realmente las condiciones de vida de la mayoría mientras se gobierna en alianza con sectores tradicionales del poder económico y político? ¿Hasta dónde pueden llegar los cambios sociales sin afectar los intereses de los grandes grupos empresariales?
Desde una perspectiva socialista y revolucionaria, la experiencia reciente de América Latina muestra los límites y fracaso de esos proyectos. Los casos del kirchnerismo en Argentina, el chavismo en Venezuela, el gobierno de Evo Morales en Bolivia o el de Rafael Correa en Ecuador reflejan cómo las políticas de reformas parciales —sin romper con el poder económico capitalista— si bien se vieron obligados a dar concesiones para poder estabilizar la situación, no lograron superar la dependencia económica de EE.UU., la desigualdad social ni la concentración de la riqueza y el poder. Además, el desgaste de esos gobiernos terminó facilitando posteriormente el ascenso de sectores reaccionarios y de extrema derecha.
Por eso, el problema no consiste simplemente en elegir entre derecha y progresismo dentro del mismo marco económico y político, sino que se trataba de levantar una alternativa electoral propia e independiente de los trabajadores. Una alternativa basada en candidatos, organizaciones y programas políticos propios de la clase obrera, capaz de señalar que una sociedad atravesada por la explotación, la desigualdad y la exclusión no puede transformarse mediante acuerdos con los mismos sectores tradicionales del poder, ni a través de reformas graduales y limitadas negociadas en el parlamento. Una campaña electoral capaz, en fin, de señalar que los males que afectan a los trabajadores y la población sólo podrán tener solución cabal bajo un gobierno de los trabajadores y sus aliados del pueblo pobre.
Los problemas estructurales que genera este sistema son demasiado profundos para resolverse “poco a poco” mediante medidas tímidas que dejan intactas las bases económicas y sociales que producen la desigualdad.
Una campaña electoral que pregona poder corregir injusticias estructurales sin cuestionar el sistema que las genera, equivale a tratar una enfermedad grave únicamente con paliativos. Mientras continúen intactos los mecanismos que concentran la riqueza y el poder en manos de una minoría, persistirán también la precariedad, la exclusión y las distintas formas de explotación del trabajo ajeno que afectan cotidianamente a la mayoría trabajadora.
No hay alternativa electoral para los trabajadores
Ante la pregunta de quién debe gobernar el país, los candidatos de la extrema derecha y de la derecha tradicional responden, lógicamente, que deben hacerlo los representantes políticos de las élites empresariales y terratenientes. Y hacerlo mediante políticas de “mano dura”, represión y fortalecimiento del aparato coercitivo del régimen.
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Sin embargo, desde otra orilla política, muchos dirigentes sindicales y sectores progresistas terminan planteando, en esencia, algo similar: sostienen que quienes deben gobernar no son los propios trabajadores organizados ni dirigentes surgidos de sus luchas, sino políticos profesionales de clase media, parlamentarios reconocidos por sus debates y figuras aliadas con sectores tradicionales de la política burguesa. En ambos casos, se rechaza la posibilidad de que los trabajadores construyan una alternativa política propia e independiente como clase social.
El mensaje electoral del progresismo y de la candidatura de Iván Cepeda resulta claro: la única manera de enfrentar a la extrema derecha sería mediante alianzas y acuerdos con sectores políticos tradicionales y con fracciones de la burguesía. Según esta lógica, los trabajadores, asalariados y sectores excluidos no tendrían otro papel que respaldar electoralmente un proyecto que pretende administrar el capitalismo de una forma más “humana”, modernizarlo o hacerlo más eficiente, pero sin cuestionar sus bases fundamentales.
La otra cara del discurso progresista también resulta perjudicial: se insiste en que los trabajadores no deben construir candidaturas ni proyectos políticos independientes como clase social. Esa posibilidad suele presentarse como “utópica”, “sectaria” o políticamente inviable, mientras se promueve la idea de que lo verdaderamente “realista” consiste en apoyar coaliciones amplias junto a políticos tradicionales y representantes de sectores empresariales.
Con el respaldo de numerosos dirigentes sindicales, sociales y populares, amplios sectores de trabajadores fueron orientados a apoyar la campaña de Cepeda y, por supuesto, su política de alianzas electorales con partidos y figuras tradicionales, bajo el argumento de que era la única forma de impedir el triunfo de la extrema derecha. Sin embargo, esa estrategia termina subordinando los intereses de los trabajadores a un proyecto político que también representa intereses empresariales y sectores del establecimiento económico, así sean diferentes.
Respaldar electoralmente a candidatos ligados al sistema político tradicional —aunque se presenten como “progresistas”— genera además una profunda confusión política entre los trabajadores. Se transmite la idea de que quienes producen la riqueza social y sostienen el funcionamiento de la sociedad no necesitan construir una política propia e independiente en el terreno electoral.
El problema central de esa estrategia es que evita usar la campaña para cuestionar los pilares fundamentales del sistema económico vigente: la concentración de la riqueza, el poder de los grandes grupos empresariales y la propiedad privada de los principales medios de producción y comercio. En lugar de ello, propone únicamente candidatos que se ofrecen a administrar el sistema de una manera menos agresiva, reducir algunos de sus excesos y hacer “más llevadera” la explotación, bajo el argumento de que no sería posible ni conveniente transformar sus estructuras de fondo.
Desde esta perspectiva, se termina despreciando la campaña que destacara la enorme fuerza potencial de la clase trabajadora, que radica en su papel central dentro de la producción y el funcionamiento de la sociedad. Haber usado las elecciones para mostrar la necesidad de transformar esa fuerza social en poder político y la urgencia de construir organizaciones independientes, sindicatos combativos y partidos propios de los trabajadores, sin subordinación a proyectos de colaboración con representantes progresistas de los empresarios, terratenientes y sectores capitalistas.
Ante esta realidad, muchos trabajadores conscientes pueden optar por el voto en blanco como una forma de expresar tanto la ausencia de una alternativa electoral independiente de su clase como el rechazo a las distintas opciones patronales o de colaboración de clases presentes en el escenario electoral.
La política de colaboración de clases resulta todavía más dañina en el actual contexto internacional, marcado por guerras, tensiones geopolíticas, crisis económicas y crecientes agresiones de las grandes potencias contra los pueblos del mundo. Más temprano que tarde, este escenario se traducirá en nuevos planes de ajuste, mayor precarización laboral, desempleo, inflación y deterioro de las condiciones de vida en Colombia y América Latina.
En esas condiciones, el nuevo gobierno que surja de las elecciones —independientemente de sus promesas de campaña o de su postura política— terminará aplicando medidas y paquetazos contra los trabajadores y los sectores populares, debido a su subordinación a los intereses de los grandes grupos económicos y de las potencias imperialistas, particularmente de Estados Unidos.
El actual espejismo electoral terminará dando paso nuevamente a las movilizaciones sociales y a las luchas de los trabajadores frente al aumento del costo de vida que devorará los salarios, el aumento de la desigualdad y la violencia, así como las consecuencias de la crisis económica global que sigue avanzando. Más allá de las elecciones, los ataques patronales harán urgente reorganizar la movilización sostenida en defensa de las condiciones de vida, de trabajo y de transformaciones sociales más profundas.
Las futuras luchas y procesos de movilización serán también el terreno donde muchos trabajadores podrán sacar conclusiones, superar las ilusiones actuales y avanzar hacia la construcción de una política y una organización verdaderamente propias, independiente de los partidos y políticos tradicionales. Para ello será necesario abrir un camino hoy bloqueado por la política conciliadora y colaboracionista del progresismo.
