Oliverio Bastos 14-05-2026
En cada proceso electoral se plantea a los trabajadores y la población la misma disyuntiva: ¿quién debería gobernar? Los grandes medios y los partidos tradicionales reducen el debate a sus políticos de oficio y a dos campos supuestamente opuestos, pero que, en el fondo, ambos representan diferentes variantes pero de la misma clase dominante. Se nos quiere convencer de que “el futuro del país” se decide entre varios candidatos y fundamentalmente entre dos bloques o coaliciones burguesas, como si la política fuera un tablero de blanco y negro.
Así, las próximas elecciones presidenciales en Colombia, los bloques que se disputan el poder se presentan como opciones antagónicas: por un lado, la extrema derecha encarnada en el uribismo y su candidata Paloma Valencia o de la Espriella, Cambio Radical, etc. y la derecha tradicional, liberales, conservadores, partido de la U, representantes todos de la oligarquía financiera y sus aliados empresariales nacionales y extranjeros. Y por otro, sectores que se reclaman progresistas, como el Pacto Histórico, con sus aliados de los partidos, Liberal Conservador y Verde.
La extrema derecha y la derecha, defienden abiertamente los intereses de los grandes grupos económicos. Por su parte, el progresismo en Colombia, encabezado por Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda, se presenta como una alternativa diferente y de cambio frente a la derecha tradicional. Sin embargo, sus propuestas de ‘reformas sociales’ esconden su negativa a señalar la raíz de los males que aquejan a la población y menos a cuestionar los pilares de la explotación capitalista, como la propiedad privada sobre los grandes bancos, industrias, comercios, tierras y en general los medios de producción.
Con sus notorias diferencias y si se va más allá de las apariencias, todos comparten ese mismo límite: la defensa del actual orden de cosas, del sistema capitalista. Es más, los progresistas aclaran que lo quieren desarrollar más, tal como hizo hasta ahora el gobierno Petro: las abultadas ganancias de banqueros, terratenientes, industriales y comerciantes, en estos cuatro años, están allí como prueba. En ambos casos, el pueblo trabajador queda reducido al papel de espectador, utilizado como fuerza de ‘choque’ electoral, sin una verdadera opción de decisión política.
çEste escenario no es exclusivo de Colombia. Forma parte de una dinámica más amplia en América Latina, donde la agresión y el avance del dominio imperialista se extienden sobre países como Venezuela, Cuba, Colombia y México, imponiendo sus intereses económicos y geopolíticos. Ante esa realidad, la política electoral de las distintas fuerzas, tanto de derecha como del progresismo, guarda silencio, lo que en la práctica significa aceptar la continuidad de la subordinación a los intereses del imperialismo norteamericano. La sumisión a la potencia del norte se convierte en el denominador común de todos los proyectos electorales, incluidos los progresistas, que evitan confrontar directamente al “amo yanqui” y sus mecanismos de control.
El progresismo: reformas mínimas, concesiones y pactos
El progresismo en Colombia y América Latina se presenta como alternativa electoral frente a la derecha, pero en realidad busca administrar los bienes del capitalismo. Su papel ha sido contener y congelar la movilización popular mediante concesiones mínimas y pactos con la burguesía, como lo sucedido con el pasado estallido social. Esa fue la táctica del petrismo “de las calles a las urnas”, en el momento álgido de la lucha de clases donde los trabajadores, el campesinado pobre, los sectores populares, los estudiantes y la juventud tumbaron la reforma tributaria y al odiado ministro Carrasquilla, garantizaron la matrícula cero para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, es decir, desencadenó el reclamo de todas las necesidades básicas de grandes sectores populares y medios. Necesidades aplazadas por años por todos los gobiernos de los potentados y agravadas a niveles insoportables por la pandemia y su desastroso manejo, entre otros logros.
Era la oportunidad para lograr cambios de fondo para los pobres y los trabajadores como: el retiro de las medidas lesivas aprobadas durante la pandemia; la renta básica para los desempleados e informales; un plan masivo de vacunación y el presupuesto necesario para los hospitales públicos con el fin de evitar más muertes por el coronavirus. También para lograr el cese a la brutal represión del gobierno contra los manifestantes, juicio y castigo a los culpables, desmonte inmediato del ESMAD, democratización de las FFMM y derrotar las alas fascistas, como los “camisas blancas” del barrio Ciudad Jardín de Cali, que asomaron la cabeza también en otras ciudades. De esta manera, el progresismo, lejos de ser un instrumento de transformación radical, funcionó como “bombero”, como mecanismo de contención que canalizó la fuerza de las calles hacia el terreno electoral y pactos institucionales, desactivó la movilización popular y eliminó la posibilidad de cambios estructurales. Esa lucha mostró el verdadero camino para lograr avances serios, distinto al pasivo terreno electoral seguido, que sumió a los trabajadores en el inmovilismo y resignación.
Los métodos y programa del progresismo se expresan en tímidas reformas que anuncian cambios en salud, educación o subsidios, como la “Renta Ciudadana”, que toca superficialmente la pobreza extrema, sin buscar solucionar de raíz los grandes problemas de miseria, vivienda, desempleo, salud, educación o pensiones de la población más necesitada, y sin cuestionar ni afectar la concentración de la riqueza de una minoría de potentados. También en la política de conciliación que busca consensos con empresarios y banqueros bajo la idea de “Unidad Nacional”, lo que en la práctica significa renunciar a medidas radicales contra el capital. A esto se suma el uso de símbolos progresistas —inclusión, paz, justicia social— que ilusionan y evitan confrontar a los grandes grupos económicos, dueños de las grandes empresas y terratenientes.
Las migajas se reflejan en reformas laborales mínimas que no eliminan la perdida histórica de derechos, tercerización y precarización (Ley 50), y en políticas ambientales cosméticas que hablan de transición energética mientras se mantienen concesiones a multinacionales extractivistas. Paralelamente, el progresismo establece pactos bajo cuerda con la burguesía: acuerdos con banqueros para preservar privilegios, alianzas parlamentarias que diluyen cualquier contenido transformador y compromisos internacionales que sostienen los tratados de libre comercio (OCDE) y la subordinación y pago de la deuda al FMI.
En Colombia, este gobierno “progresista” han prometido cambios estructurales, pero terminó negociando con un Congreso dominado por los partidos tradicionales. En el tema de la paz, se firman acuerdos sin transformar las condiciones materiales que originan el conflicto, como la concentración de la tierra y la dependencia del capital extranjero. En lo económico, se mantienen beneficios tributarios a grandes empresas mientras las reformas fiscales apenas rozan a los más ricos.
Los hechos muestran que el progresismo no significa una ruptura con la burguesía, sino una forma más amable de administrar el capitalismo. Sus métodos —dar migajas, pactar bajo cuerda y moderar las reformas— buscan contener la movilización y evitar que las masas desarrollen la lucha directa y cuestionen el sistema capitalista como el gran problema que impide el progreso de la mayoría de la población.
Desde la perspectiva morenista, la tarea de los revolucionarios es desenmascarar estos límites, señalar que el proceso electoral es una oportunidad para agitar un programa independiente como clase trabajadora y levantar la bandera de un gobierno de los trabajadores. Usar el momento electoral para señalar que los males que aquejan a los trabajadores y la población son la consecuencia de la dominación de los EE.UU. y otras potencias sobre el país y que impera un sistema económico y social desigual e injusto, donde una minoría vive y se lucra del trabajo ajeno. Señalar la urgencia de que los trabajadores reorganicen su lucha por sus más importantes necesidades –servicio de salud del magisterio; no pago de la deuda; no al aumento de los combustibles; plan contra el desempleo y acabar con el trabajo provisional; etc.- en la ruta de conquistar un gobierno que no se conforme con otorgar migajas y concesiones mínimas, sino que avance con decisión hacia la transformación socialista de la sociedad.
Los profundos límites de los cambios electorales
A pesar de que los políticos de las élites dominantes con la valiosa ayudada de los medios de comunicación, redes y ‘bodegas’ de su propiedad, esparcen la idea de que las elecciones tienen un poder sobrenatural: los votos cambiarán radicalmente la realidad de la población y asegurarán un futuro muy diferente. La experiencia, sin embargo, señala lo contrario. Ningún derecho importante o solución de fondo a las necesidades de los trabajadores y la población provino de alguna elección. Más aun en un momento de pasividad en la lucha como el actual. La primera elección de Petro es la más reciente prueba- así se lo oculte-: su triunfo electoral (2022) sólo fue posible por el tremendo sacudón y empuje positivo hacia adelante logrado por la acción de masas del estallido social de 2021.
Desde la perspectiva marxista y leninista, las elecciones en el marco del Estado capitalista no son más que un mecanismo de legitimación del poder burgués. Lenin advertía que la democracia burguesa constituye, en realidad, una dictadura de clase disfrazada de participación popular. El proletariado puede votar, pero las decisiones estratégicas permanecen en manos de quienes controlan el capital, los bancos, las fábricas, la tierra y los grandes medios de producción.
Las elecciones no representan una lucha directa ni una verdadera movilización de masas. Por el contrario, son una disputa política en el terreno predilecto de los políticos de los capitalistas. Un espacio diseñado para sembrar ilusiones y expectativas en la clase trabajadora, la clase media y la población. Bajo esta lógica, la democracia burguesa funciona como un instrumento para canalizar el descontento social hacia la institucionalidad, neutralizando la inconformidad, la lucha y, más aún, la acción revolucionaria para manteniendo intactos los mecanismos de explotación y opresión.
“¿Qué burgués electoralista se va a perder la oportunidad de jurar que está por el aumento de salarios si ese juramento no lo compromete a nada, a ninguna acción concreta, como una huelga por ejemplo? Su juramento es electoralista, es un pagaré: si voy a las cámaras votaré el aumento de salarios. Es un compromiso futuro de votar y no un compromiso de acción inmediata directa.[1]
El trotskismo, y en particular la tradición morenista en América Latina, nos recuerda que no basta con denunciar la naturaleza burguesa de las elecciones: es necesario intervenir en ellas con un programa independiente de la clase trabajadora. Nahuel Moreno insistía en que los revolucionarios no deben abstenerse ni caer en el sectarismo, sino utilizar cada espacio de lucha —incluido el electoral— pero para desenmascarar a la burguesía y levantar una alternativa socialista y no para amarrar a los trabajadores al carro de izquierda de la burguesía.
Las tareas más urgentes
La realidad exigía —y aún exige— a los maestros y trabajadores levantar una propuesta electoral independiente como clase trabajadora. Ser consecuentes con nuestra condición y hacer política desde nuestras propias filas, a través de las organizaciones sindicales y populares, era la tarea fundamental.
Tal perspectiva jamás podía esperarse de los demócrata-liberales del M19 ni de los estalinistas, cuya política ha estado siempre subordinada a los intereses de una estrategia de conciliación con la burguesía.
La responsabilidad central de que esta alternativa no se haya concretado recae en los dirigentes sindicales: de Fecode y sus sindicatos filiales, de las centrales obreras y los grandes sindicatos industriales, que se negaron a convocar a una campaña electoral clasista, junto a las organizaciones populares —indígenas, campesinas y barriales— para dar forma a un proyecto electoral y político propio.
También corresponde señalar la responsabilidad de las organizaciones políticas de izquierda que no forman parte del gobierno. En particular, aquellas corrientes socialistas y trotskistas que se negaron a defender una propuesta independiente de los trabajadores y, en su mayoría, terminaron sumándose al apoyo político “crítico” del proyecto electoral burgués progresista de colaboración de clases (un “Frente Popular”), debilitando así la posibilidad de una alternativa genuinamente independiente de clase.
La pregunta central no es cuál bloque burgués debe gobernar, sino cómo construir una alternativa independiente de la clase trabajadora. Desde la perspectiva trotskista y morenista, la tarea es levantar un partido revolucionario que combine la intervención en las luchas cotidianas —sindicales, estudiantiles, barriales— con la batalla política en todos los terrenos, incluido el electoral.
No se trata de negar la importancia de las elecciones, sino de utilizarlas con un programa de independencia de clase y como tribuna para denunciar la explotación capitalista, exigir medidas de emergencia en favor de los sectores populares y plantear la necesidad de un programa y un gobierno de los trabajadores.
Las elecciones no son un simple juego de blanco y negro: la verdadera alternativa no está en elegir entre dos variantes de la misma clase social burguesa, sino en levantar una opción con independencia de clase que enfrente a la burguesía que abra camino para la lucha por el socialismo, en vez de crear un nuevo obstáculo en esa ruta.
La convulsiva realidad internacional con la agresividad y atropellos por doquier de Trump y las potencias, con sus efectos negativos sobre los pueblos del mundo (Irán, Cuba, Colombias, Venezuela y América Latina, etc.) y contra los trabajadores, se traducirán, más adelante, en duros ataques al nivel de vida y condiciones de trabajo de maestros, trabajadores y obreros, haciendo que caiga la venda electoral que han puesto sus dirigentes sobre sus ojos y obligándolos a salir a retomar el camino de la lucha, la huelga y la movilización, abandonados hoy por las ilusiones en cambios “caídos del cielo”.
[1] MORENO Nahuel. “Segunda carta de Nahuel Moreno a los compañeros de España” 1982
