Virginia B. Octubre de 2025
INTRODUCCIÓN
Las recientes movilizaciones masivas bajo la consigna “No Kings”, que inundaron las calles de más de cincuenta ciudades estadounidenses, marcan un nuevo capítulo en la resistencia contra el autoritarismo del gobierno de Trump. Esta segunda jornada nacional de “No Kings”, tras la primera realizada el 14 de junio de 2025, junto con las multitudinarias manifestaciones de “Hands Off” del pasado 5 de abril, se configura como una continuidad fortalecida que expresa con claridad la magnitud de la lucha contra la amenaza directa que representa Donald Trump. En apenas diez meses desde su regreso al poder, el mandatario ha dejado ver su firme decisión de atacar de manera sistemática y sin restricciones los derechos democráticos más elementales de la población estadounidense. Bajo la retórica abiertamente autoritaria — bonapartista — de “restaurar el orden” y “recuperar la grandeza nacional” (MAGA), su administración ha promovido políticas represivas que atentan contra derechos civiles, políticos y sociales conquistados durante décadas por amplios sectores del pueblo.
Estas movilizaciones no surgen de la nada. Son parte de un proceso de resistencia que se ha venido gestando desde las históricas protestas contra el racismo tras el asesinato de George Floyd, y que hoy retoma fuerza frente a los intentos del gobierno por instaurar un régimen de excepción permanente. Lo que se vive actualmente en las calles de Estados Unidos es la reafirmación de que, incluso en el corazón del imperialismo, las masas no están dispuestas a renunciar a los derechos y conquistas arrancadas en décadas de lucha.
A pesar de que esta ofensiva de Trump se ha desplegado en todos los frentes —político, económico y laboral—, tanto a nivel nacional como internacional, el presente artículo se centrará en el ataque a las libertades democráticas, que ha tenido un impacto profundo sobre los trabajadores y las masas estadounidenses. [Le puede interesar: ¿Qué Expresa La Nueva Elección De Trump?].
Sin embargo, es fundamental subrayar que esta arremetida no es parcial, sino un ataque integral y global, cuyo propósito es redoblar la opresión y consolidar el control social. En última instancia, el objetivo de la burguesía imperialista es claro: al reprimir y tratar de sofocar las movilizaciones de resistencia frente a los ataques democráticos, busca abrir el camino para una explotación más profunda, extendiendo su ofensiva hacia los derechos económicos y sociales —salario, vivienda, empleo y salud—. En síntesis, la cuestión democrática está indisolublemente ligada a la cuestión económica.
En tan poco tiempo, este nuevo régimen ha hecho lo que no logró en su anterior mandato, intensificando los ataques contra los inmigrantes, imponiendo redadas masivas, centros de detención militarizados y las deportaciones forzadas, incluso a ciudadanos con residencia legal. Simultáneamente, ha desatado una campaña contra la comunidad LGBTQ+, revirtiendo protecciones legales, promoviendo leyes discriminatorias y censurando expresiones de identidad en espacios educativos y culturales. Las universidades han sido blanco directo de esta arremetida, con intentos de restringir la libertad de expresión, de cátedra y criminalizar la protesta estudiantil.
La administración Trump también ha impulsado retrocesos en materia de derechos reproductivos, imponiendo de nuevo políticas antiaborto muy restrictivas y socavando el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos[1]. A ello se suma una agresiva campaña contra la libertad de prensa y de expresión, etiquetando a periodistas, medios críticos y activistas como “enemigos”, y promoviendo un clima de censura y persecución.
Vemos el ataque directo contra la comunidad científica, el sector salud y la lucha contra el cambio climático. Trump ha recortado de forma drástica los fondos destinados a la investigación, ha desmantelado agencias ambientales y ha retirado a Estados Unidos de compromisos internacionales sobre sostenibilidad. El retroceso se evidencia en la designación de figuras abiertamente anticientíficas en su gabinete: como la secretaria de educación, la multimillonaria Linda McMahon, reconocida por su agenda fundamentalista y privatizadora, o el nuevo director del departamento de salud, Robert Kennedy Jr., un conocido activista anti vacunas que ha desmantelado programas de vacunación preventiva y salud pública. Además, del corto paso de Elon Musk por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) donde lanzó una ola de despidos masivos con miles de trabajadores de la salud, servicios humanos, y de otras agencias estatales que fueron despojados de su sustento de vida. [Le puede interesar: “Con Trump:“los trabajadores bajo ataque”]
Y completando esta ofensiva autoritaria, Trump ha lanzado un ataque frontal contra las propias instituciones de su tan elogiada democracia burguesa, en particular el poder judicial. Ha impuesto decisiones abiertamente ilegales y ha llegado a amenazar con encarcelar a jueces que se atrevan a contradecirlo. Finalmente, frente a la justa y contundente respuesta de amplios sectores de la población que se movilizan con firmeza contra estas medidas, el presidente ordenó el despliegue de 700 marines en la ciudad de Los Ángeles y de la Guardia Nacional a Chicago y Washington, todo por encima de demandas e impugnaciones judiciales por parte de los gobernadores.
Y como señalamos, estas medidas no han quedado sin respuesta por parte de las masas estadounidenses. Las movilizaciones se han multiplicado en todo el país y el rechazo contra el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ha crecido, demostrando al régimen que la resistencia se unifica en una sola voz y que sus políticas no pasarán impunes. [Le puede interesar: “Hands off” ¡Fuera las manos! Masivas movilizaciones contra Trump-Musk]
Esta respuesta de las masas es decisiva frente al proyecto autoritario y bonapartista, con rasgos fascistas, que encabeza Trump. Ese régimen, expresión de la decadencia del capitalismo imperialista, busca desmantelar los derechos democráticos más elementales. Para una comprensión más profunda de los conceptos de bonapartismo, autoritarismo y fascismo, recomendamos el artículo “A 80 años de la derrota del nazismo alemán: Presenciamos El Genocidio Al Pueblo Palestino Por El Nazi Sionismo Israelí!”, que profundiza en su significado.
INMIGRACIÓN, RACISMO Y CRIMINALIZACIÓN
El desplazamiento y la inmigración son parte de los orígenes del capitalismo, que le permitió a las burguesías contar con un gran ejército industrial de reserva disponible para sacar ganancias monumentales. En Estados Unidos esta inmigración definió la demografía y la cultura del país, con una población proveniente de muchas nacionalidades que se reprodujo de manera exponencial a lo largo de su historia. Con este ejército de trabajadores disponibles y sin derechos, se construyeron las grandes fortunas de familias como los Rockefeller, los Walton, los Trump, Musk y todos los multimillonarios quienes se han enriquecido a costa de la sobreexplotación de los sectores más vulnerables.
León Trotsky señaló que la formación del proletariado y la expansión industrial en Estados Unidos estuvieron íntimamente ligadas a procesos de migración y a la utilización de mano de obra contratada en condiciones extremadamente duras; en sus análisis sobre la ‘cuestión negra’ y la sociedad norteamericana subrayó la proletarización masiva como factor estructural de la economía. (véase Trotsky, La cuestión negra en Estados Unidos, 1933; Europa y Norteamérica, 1926).
Paralelamente, los gobiernos burgueses comenzaron a establecer leyes antiinmigrantes que generaron un clima permanente de presión y criminalización sobre aquellos, y lo hicieron con tres objetivos fundamentales:
- Crear un marco que facilitara someter a los inmigrantes a las condiciones más brutales de trabajo, sin derechos sindicales ni legales.
- Mantener una capa de trabajadores considerados “ilegales”, utilizada como instrumento para deprimir los salarios y derechos de toda la clase trabajadora.
- Fomentar el chauvinismo y el racismo entre la clase media y sectores de la clase obrera nativa, dividiendo así a los explotados para asegurar la dominación capitalista.
Con estos objetivos podemos identificar la actual política migratoria de Trump —marcada por redadas, muros, deportaciones forzadas y retórica xenófoba— y que busca desviar la atención del verdadero enemigo: la burguesía capitalista imperialista y su sistema de explotación. [Le puede interesar: “Trump: Crisis y ofensiva contra los pueblos del mundo”]
El gobierno de Trump, desde el mes de febrero de 2025, ha intensificado las redadas masivas en centros urbanos y rurales, desplegando agentes del ICE junto a unidades especiales de la Guardia Nacional. En ciudades como Houston, Chicago y Los Ángeles, las incursiones se han dirigido contra barrios enteros con alta concentración de población migrante, sin órdenes judiciales y con abuso de la fuerza policial. En zonas agrícolas de California y Texas, trabajadores latinos han sido interceptados en sus lugares de trabajo y detenidos sin posibilidad de apelar, lo que ha generado un clima de terror generalizado. Los operativos han sido justificados por el gobierno bajo el discurso de “restablecer el orden” y “proteger las fronteras”, cuando en realidad apuntan a una persecución sistemática de sectores étnicamente diversos. Según el Migration Policy Institute, solo en 2024 se registraron más de 350.000 deportaciones (fuente: https://www.migrationpolicy.org). Pero durante este 2025, CNN informó que ICE ha deportado a casi 200.000 personas en siete meses desde que Trump regresó al cargo. [2]
Simultáneamente, se han acelerado las deportaciones, incluso de migrantes con residencia legal o procesos migratorios en curso. El caso emblemático del joven salvadoreño Ángel Abrego García, quien fue deportado y confinado en el Cecot, la mega cárcel del presidente arrodillado Salvadoreño Bukele que violenta las mínimas libertades, y esto a pesar de que Ángel Abrego contaba con estatus de residencia permanente desde hace siete años. Su detención se produjo tras una cita rutinaria con migración en Nueva Jersey y sin mediar juicio legal. Organizaciones de derechos humanos han denunciado casos similares en Florida, Nueva York y Nevada. Mientras tanto, el gobierno ha anunciado la construcción de nuevos centros de detención militarizados, como el instalado en las afueras de Tucson, Arizona, gestionado por contratistas privados y con acceso restringido a observadores independientes, lo cual refuerza la política de criminalización y encierro masivo de migrantes.
El discurso oficial ha evolucionado hacia un lenguaje abiertamente xenófobo, en el que los migrantes son catalogados como “enemigos internos”, “infiltrados” o “agentes del caos”. Esta narrativa ha impactado de manera devastadora a comunidades latinas, africanas, árabes y asiáticas, que enfrentan un aumento de los discursos de odio y ataques racistas. Desde el inicio del año, se han reportado más de 200 incidentes de violencia verbal y física contra personas de distintos orígenes étnicos en espacios públicos, escuelas y comercios. Los discursos del propio Trump y miembros de su gabinete, como el nuevo secretario de Seguridad Nacional, han alimentado esta atmósfera, promoviendo una cultura de acusar y delatar a sus vecinos, exaltando el nacionalismo blanco como eje de su agenda “patriótica”.
Para ilustrar la magnitud del problema, algunos medios han difundido videos que muestran las tácticas violentas de ICE contra manifestantes:
A pesar del avance brutal de la criminalización impulsada por el gobierno de Trump, también se ha hecho visible una creciente unidad entre sectores diversos de la población. No solo las comunidades de origen migrante, sino también amplios sectores de la población estadounidense nativa —trabajadores, estudiantes, organizaciones barriales y activistas— comenzaron a organizarse para enfrentar directamente las redadas. En ciudades como Oakland, Portland y Minneapolis, se han registrado múltiples casos en los que vecinos bloquearon vehículos del ICE, impidiendo detenciones arbitrarias. En julio pasado, una acción masiva en Brooklyn logró detener una operación de captura, rodeando el edificio y forzando la retirada de los agentes. Como expresó una participante en esa jornada: “No vamos a permitir que arranquen a nuestras familias. Aquí los vamos a enfrentar.” Estas expresiones de solidaridad y resistencia marcan el camino: solo la movilización directa de las masas podrá frenar estas políticas autoritarias y defender los derechos más elementales frente al avance del proyecto represivo.
CENSURA, EXCLUSIÓN Y PERSECUCIÓN: DE LA DIVERSIDAD SEXUAL A LA LIBERTAD ACADÉMICA
“La clase obrera no defiende la democracia burguesa como un fin en sí mismo, pero debe defender sin vacilaciones cada derecho democrático —de organización, de expresión, de reunión—, porque son conquistas arrancadas al enemigo que hacen posible preparar su derrocamiento.” (León Trotsky. El Programa de Transición, 1938).
En palabras de Trotsky la idea de defender los derechos democráticos arrancados a la burguesía a través de la lucha, permitirá abonar el terreno para que las masas conquisten mucho más de lo que tienen ahora. Es por eso Trump pretende marcar un precedente contra esta lucha de las masas y destacamos en particular, la ofensiva que golpea simultáneamente a la comunidad LGBTQ+ y a la comunidad académica. Ambos espacios, que históricamente han sido núcleos de diversidad, pensamiento crítico y lucha por derechos democráticos, se han convertido en blancos prioritarios de un proyecto autoritario que busca imponer la homogeneidad cultural y el control ideológico.
En el caso de la comunidad LGBTQ+, se han anulado leyes anti-discriminatorias en varios estados, se han prohibido contenidos sobre diversidad sexual y de género en escuelas y se han promovido leyes que restringen derechos civiles como el matrimonio igualitario y la adopción. Estos retrocesos han venido acompañados de un incremento de los discursos de odio —respaldados por el gobierno— que han alimentado crímenes violentos contra personas queer y han normalizado la exclusión en espacios culturales y sociales.
Al mismo tiempo, las universidades viven un proceso de asedio sin precedentes. Bajo la consigna de “recuperar el orden y la disciplina”, se han impuesto restricciones a la libertad de cátedra, intervenido los planes de estudio y criminalizado la protesta estudiantil mediante la vigilancia, persecución y detenciones arbitrarias en los campus. Se ha retrocedido a la prohibición y censura a libros y textos en cientos de bibliotecas del país. Algunos de los libros censurados según Martínez (2025) son Indigenous Peoples History of the United States de la historiadora Roxanne Dunbar-Ortiz; un relato crítico sobre la historia de EE UU desde la perspectiva de los pueblos indígenas; el libro Un mundo feliz del escritor y filósofo Aldous Huxley, que describe una sociedad totalitaria donde la felicidad artificial es impuesta a través de la manipulación genética y el consumo de drogas; otro libro llamado No Truth Without Ruth de la autora de libros infantiles Kathleen Krull y muchos más que reflexionan sobre la historia, la identidad o algún tipo de crítica social.[3]
Profesores críticos han sido acosados y despedidos, mientras que actividades vinculadas con la defensa de la diversidad, las libertades democráticas y especialmente la causa palestina, han sido prohibidas bajo acusaciones de “subversión” o “antisemitismo”. Especialmente la lucha contra el genocidio Sionista en Gaza ha sido violentamente reprimida con cientos de estudiantes expulsados de sus carreras, arrestados e incluso algunos extranjeros con estatus legal, deportados sin proceso judicial.
Además de la criminalización de la protesta estudiantil y la persecución a docentes, se ha instaurado un chantaje financiero: la suspensión de fondos federales a instituciones como Harvard, Columbia, Princeton o la Universidad de Pensilvania hasta que modifiquen contenidos vinculados a diversidad, género o los actos en solidaridad con Palestina.
Se trata en general de un ataque también contra la ciencia, con argumentos como reducir gastos y “acabar con el pensamiento ideológico”, se han recortado fondos esenciales para la investigación y para las universidades públicas, paralizando proyectos de gran impacto. Este retroceso va acompañado del desmantelamiento de agencias ambientales y la salida de tratados internacionales sobre cambio climático, lo que refuerza una política orientada a favorecer a los capitalistas de las industrias extractivas y energéticas más contaminantes. La combinación de negacionismo climático y desprecio por la investigación científica muestra con claridad la subordinación de la política pública a los intereses de esas burguesías.
Estas medidas se articulan con el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage[4], que plantea la privatización de los préstamos estudiantiles y la liquidación del Departamento de Educación, restringiendo la educación superior hacia sus propios intereses. Así, el gobierno busca disciplinar a las universidades, limitar la libertad de cátedra y sofocar cualquier espacio de pensamiento crítico o de resistencia social.
Lo que une estos ataques es la estrategia de imponer un clima de miedo y censura. Pretende reinstalar valores conservadores de las alas más retrógradas de esa burguesía, y sofocar la capacidad crítica de los estudiantes y docentes, neutralizando su papel como espacio para la crítica y la protesta. En últimas, se trata de arrancar conquistas democráticas, revertir décadas de avances y garantizar que no existan espacios autónomos desde los cuales se pueda cuestionar la agenda autoritaria del régimen.
SALUD Y CIENCIA BAJO ASEDIO
El nuevo gobierno Trump está conformado por los personajes más retardatarios que sirven a sus intereses. Activistas antivacunas, empresarios ultraconservadores y figuras vinculadas a las iglesias cristianas que ocupan cargos de dirección, lo que ha derivado en el abandono de campañas de vacunación y prevención en salud pública. La designación de estos funcionarios no responde a un error administrativo, sino a una estrategia deliberada: sustituir la evidencia científica por dogmas funcionales al capital y al control ideológico.
En este marco, la salud pública se ha visto severamente debilitada. Programas de atención básica han sido desfinanciados y la prevención de epidemias se encuentra relegada a un segundo plano. A ello se suma la reducción de fondos destinados a clínicas comunitarias y a sectores vulnerables, exponiendo a millones de personas a condiciones de precariedad sanitaria. Todo esto se agrava en un país donde la atención médica ya era desastrosa: organizada como un negocio al servicio de las grandes aseguradoras y corporaciones hospitalarias, y donde las masas no tienen garantizados los servicios médicos más elementales sin pagar sumas exorbitantes que las condenan a la deuda o a la exclusión.
Según KFF Health News (2025), más de 1.500 centros comunitarios que atienden a millones de personas de bajos ingresos enfrentan un riesgo inminente de cierre por la suspensión de fondos federales. La situación se agrava con la cancelación de 11.400 millones de dólares en programas del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) destinados a vacunación y prevención de epidemias, lo que ya ha provocado la clausura de clínicas en estados como Texas, Arizona y Minnesota (Healthbeat, 2025).
El colapso institucional del sistema sanitario tuvo su punto más álgido con la renuncia del director de los CDC, Dr. Demetre Daskalakis[5], quien denunció en una carta pública que se negaba a seguir trabajando “en un entorno que trata al CDC como una herramienta política y no como una institución científica”. En su carta, publicada por varios medios como The Guardian y Politico (octubre de 2025), Daskalakis acusó directamente a Trump y a su secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr., de “distorsionar los datos, poner en riesgo a los niños, a las mujeres embarazadas y a las comunidades marginadas”, concluyendo que “basta ya de convertir la salud pública en un arma política”.
A esto se suma la crisis de las clínicas gratuitas, que, pese a atender más de seis millones de consultas al año, operan bajo una presión financiera insostenible y con escaso apoyo estatal o federal (STAT News, 2025). [6]
En paralelo, se desarrolla una ofensiva contra los derechos reproductivos de las mujeres. La criminalización del aborto se ha extendido incluso a casos de violación o riesgo vital, y el cierre de clínicas especializadas ha limitado severamente el acceso a la salud reproductiva. Más que un debate moral, se trata de un instrumento político para reinstalar el control sobre los cuerpos, retrocediendo en un derecho conquistado a partir de combativas luchas democráticas.
De continuar este rumbo, serán los sectores trabajadores y populares —los más expuestos, los más vulnerables— quienes pagarán con su salud y sus vidas el costo de una política que pone el lucro y el dogma por encima del bienestar humano. Defender la ciencia, la salud pública y los derechos conquistados es, hoy más que nunca, una tarea vital.
LIBERTAD DE PRENSA Y EL SISTEMA JUDICIAL ACOSADOS
El ataque a la libertad de prensa constituye una de las expresiones más visibles del rumbo autoritario del gobierno de Trump. Medios críticos han sido estigmatizados como “enemigos del pueblo”, canales comunitarios han sido cerrados y corresponsales internacionales expulsados como la prestigiosa Associated Press. Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, encarna el autoritarismo de Trump al intimidar a periodistas desde el atril presidencial, marginar a medios críticos y consolidar el control férreo sobre la prensa nacional. A esto se suman proyectos de ley para regular el contenido digital y las redes sociales, junto con el hostigamiento judicial y la detención de periodistas independientes. El objetivo es imponer un espacio mediático dócil, donde la propaganda oficial sustituya a la divergencia y la crítica sea silenciada.
En simultánea, Trump ha emprendido un asalto directo contra la misma legalidad burguesa y el poder judicial. Recurre al ultraconservador Proyecto 2025[7] que entre otros, le permite al presidente ejercer más control sobre algunos fiscales e investigadores mientras estos analizan sus casos. El despido ilegal de Lisa Cook, ex asesora económica de Barack Obama y hoy, gobernadora de la Reserva Federal, despido que está en una pugna interna judicial, reflejando así su decisión de imponer a sus propios funcionarios en estos cargos. Trump ha firmado decretos inconstitucionales sin revisión, ha intensificado las amenazas públicas contra jueces federales y estatales, y las reformas para nombrar magistrados afines y remover opositores, además de la aprobación del nuevo mapa electoral que favorece a su partido[8].
La ofensiva se completa con una política de militarización interna frente a la protesta social. La decisión de desplegar 700 marines en Los Ángeles —ilegal e inédita desde 1992— marca un escalón peligroso. Pero eso no es todo: Trump ha elegido 5 ciudades de mayoría demócrata para desplegar a su brazo represor, La Guardia Nacional: Illinois, Oregón, California, Nueva York y Washington, bajo los argumentos de “ciudades sumidas en la anarquía”, el “enemigo interior” o el “terrorismo doméstico”[9], se criminaliza la movilización social —sindicatos, organizaciones comunitarias, manifestaciones—, mientras nuevas leyes de “orden público” restringen derechos civiles básicos. Con ello, toda expresión de lucha se convierte en una amenaza a la «seguridad nacional».
En conjunto, estos ataques a la prensa, a los judiciales y al derecho a la protesta, reafirman un proyecto político que busca instaurar un estado de excepción permanente, donde las libertades democráticas se reducen al mínimo y la represión se normaliza como método. Todas estas medidas han debilitado uno de los pilares fundamentales de esa democracia que tanto decían defender. Un claro intento de subordinar a la justicia a los dictados del Ejecutivo y que configura un escenario de concentración de poder típico de los regímenes autoritarios con rasgos fascistas.
OFENSIVA IMPERIALISTA Y CHANTAJE GLOBAL
Si bien el presente análisis se ha centrado en el régimen interno de Estados Unidos, es necesario abordar tangencialmente su régimen exterior, que expresa de forma descarnada el carácter del Imperialismo en relación con los países oprimidos (semicolonias) y que es representado hoy por el gobierno Trump. En América Latina, el retiro de la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro y a varios de sus funcionarios, además de su inclusión en la lista Clinton (OFAC), constituye un acto de abierta intimidación política contra un gobierno que, aunque tarde, se ha atrevido a denunciar el genocidio en Palestina y a cuestionar los recientes ataques estadounidenses en el caribe. Este tipo de medidas son mecanismos de chantaje que buscan someter a los países semicoloniales a los dictados de Washington, tratando de reafirmar su condición de “patio trasero” del imperialismo.
A la par, el despliegue de tropas norteamericanas cerca de la frontera con Venezuela representa una amenaza directa de intervención militar, cuyo verdadero objetivo es asegurar el control de los vastos recursos energéticos de ese país hermano e imponer un gobierno dócil a sus intereses. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de profundizar la dominación económica y política que pretende reconfigurar el mapa de poder en América Latina bajo los intereses del capital estadounidense. [Véase: ¡No a la intervención militar de EE.UU. a Venezuela!]
Del mismo modo, en Medio Oriente, la administración Trump ha profundizado su complicidad activa con el genocidio en Gaza, respaldando al régimen nazi-sionista de Israel y articulando junto con potencias occidentales y gobiernos árabes un plan que busca garantizar el control de los corredores estratégicos, los recursos naturales y el territorio palestino. Para Trump, la firma del llamado “acuerdo de paz” constituye un triunfo político, aunque en realidad representa una imposición infame, cuyo verdadero objetivo es consolidar la opresión del pueblo palestino.
El plan prevé, entre otros aspectos, la anexión de un “perímetro de seguridad” en Gaza y la conformación de una supuesta “fuerza internacional”, que en los hechos equivaldría a una nueva fuerza de ocupación, o bien al establecimiento de un gobierno títere bajo la Autoridad Nacional Palestina subordinada a un organismo controlado directamente por las potencias. [Véase: DECLARACIÓN. El Plan De “Paz” De Trump-Netanyahu Para Gaza: UNA IMPOSICIÓN INFAME].
Este plan, junto con los bombardeos contra Irán y Yemen, forma parte de la ofensiva imperialista de saqueo y sometimiento de pueblos enteros, que busca mantener la hegemonía estadounidense en medio de la decadencia de su propio sistema capitalista.
LA TAREA DE LOS TRABAJADORES DE EU Y DEL MUNDO: LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA
“Las libertades democráticas no son concesiones de la burguesía, sino conquistas arrancadas por las masas. Defenderlas, incluso en los regímenes más reaccionarios, es una tarea esencial, porque son trincheras desde las cuales se prepara la lucha contra el sistema en su conjunto.” (Conversaciones con Nahuel Moreno, 1986).
Nahuel Moreno expresa con total claridad la imperante necesidad de defender las conquistas arrancadas por las masas en lucha ya que el poderoso enemigo imperialista no dará tregua en su pretensión de dominación. Este enemigo encarnado en la nueva administración Trump tiene un claro objetivo de posicionarse de manera autoritaria contra las masas, no sólo al interior de sus fronteras, sino como parte de una ofensiva imperialista global como lo mencionamos en el punto anterior. Su respaldo a figuras de ultraderecha en América Latina, Europa y Asia confirma su proyecto de consolidar su liderazgo en la mesa imperialista. En este marco, organismos como la ONU y demás instituciones internacionales han demostrado su verdadera esencia tal y como decía Moreno En Actualización del Programa de Transición (1980): “La ONU y sus organismos especializados son cómplices del imperialismo. No son neutrales: encubren las intervenciones, los golpes militares y hasta los genocidios. Son una mascarada diplomática para legitimar las políticas de las grandes potencias.” [Véase: “La ofensiva Colonizadora de Donald Trump-EEUU” ]
Insistimos en que la única respuesta posible frente a esta ofensiva es la movilización unitaria y antiimperialista de las masas trabajadoras, de los sectores oprimidos y de todos aquellos que se reclaman democráticos, para enfrentar el avance de este proyecto autoritario y colonizador y defender las conquistas arrancadas en el pasado mediante la lucha. Aún más, si esta resistencia logra articularse con el proceso de movilización multitudinario que se desarrolla en el propio corazón del imperialismo, expresado en las recientes manifestaciones del “No Kings”, se abrirá una perspectiva histórica: la de unir las luchas contra el régimen de Trump dentro y fuera de Estados Unidos, señalando con claridad la ruta a seguir.
Entonces, la tarea histórica de los trabajadores, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, es clara: articular las movilizaciones del “No Kings” con una lucha antiimperialista unitaria, capaz de transformar la indignación en una fuerza organizada que fortalezca la resistencia en cada país.
La defensa de las libertades democráticas, el rechazo a la militarización y la solidaridad con los pueblos oprimidos —en especial con el pueblo palestino víctima del genocidio— forman parte de un mismo combate que une la lucha democrática dentro de Estados Unidos con la ofensiva global contra el imperialismo.
Frente al avance del bonapartismo y la reacción, la única salida es la unidad, la lucha y la movilización continental de las masas trabajadoras, dentro de los Estados Unidos y por la segunda independencia de América Latina. Solo así será posible frenar esta ofensiva mundial y abrir el camino hacia la verdadera libertad: un estado de los trabajadores con democracia obrera.
Contra la ofensiva interna y externa del gobierno imperialista de Donald Trump: ¡UNIDAD DE ACCIÓN PARA LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS!
¡Que las direcciones sindicales de EE.UU. y América Latina convoquen a jornadas continentales de protesta contra el recorte de derechos y libertades democráticas!
Un solo grito continental: ¡No a la intervención política y militar de Estados Unidos! ¡Fuera yanquis de América Latina y el Caribe!
¡Ni Trump ni Netanyahu: Palestina será libre desde el río hasta el mar!
[1] Véase artículo sobre políticas anti-aborto
[2] Artículo de CNN. Link: https://cnnespanol.cnn.com/2025/08/28/eeuu/ice-deportaciones-cifras-trax
[3] Tomado del artículo “Borrar el pasado, controlar el futuro: los libros prohibidos del trumpismo”, del diario El País y luego publicado por www.msn.com/es. Link del art. completo
[4] Fuente: El Proyecto 2025 devastaría la educación pública
[5] Fuente: https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2025/08/28/68b0a6de21efa075248b456d.html
[6] KFF Health News: Link – Health beat / KFF: Link – STAT News: Link
[7] Fuente: El plan del Proyecto 2025 para la justicia penal de Trump
[8] Fuente: Mapa electoral favorable a Trump
[9] Fuente: Radiografía de las cinco ciudades demócratas que Trump ha elegido como laboratorio para combatir al «enemigo interior»
