SERGIO RED, ECUADOR
Junio 8 – 2020
La crisis de la pandemia en Ecuador dejó en evidencia a un régimen volcado hacia un capitalismo despiadado, que desmanteló el sistema de salud durante los últimos años. A la vez que ha servido para, en medio del confinamiento de la población, aplicar medidas radicales en contra de millones de trabajadores y a favor de la burguesía local con el objetivo de que la enorme e inminente crisis no la toque.
Es decir, que el coronavirus radicalizó la lucha de clases pero a favor de las patronales en este pequeño país andino, uno de los más golpeados de América Latina hasta el momento que se escribía este texto (cerca de los 40 mil contagiados y cuatro mil muertos, según las conservadoras cifras oficiales, con escasa credibilidad de la población: apenas el 14% confía en el régimen). Un hecho que se aceleró a partir de la enorme y exitosa movilización que protagonizaron trabajadores, campesinos y estudiantes a inicios de Octubre del 2019, en razón de tumbar las medidas que pretendían anular el subsidio a los combustibles, las cuales iban a encarecer el costo de la vida.
El gobierno reprimió sin temor y dejó al menos una docena de muertos, millar y medio de heridos (casi medio centenar con lesiones oculares, que perdieron uno o los dos ojos), dos mil detenidos y otro tanto judicializados. Fue un descalabro de un gobierno que sustituyó el nacionalismo reformista del correísmo, pero que, sobre la marcha, dio un viraje a los grandes planes del capital transnacional, hecho carne en la triste figura del Fondo Monetario Internacional y organismos afines, que lo ha llevado a cabo en plena pandemia. El correísmo fue apenas una siesta (básicamente en sus primeros años) en medio de la historia del estado ecuatoriano, que ha sido sometido una y otra vez.
Es una suerte de retorno a los caminos históricos de un estado como el ecuatoriano, el cual, si bien tuvo un respiro durante los primeros años del correísmo (cuando se desmarcó del FMI y afines, a través de medidas como la auditoría a la deuda externa y, luego, con la expulsión de los funcionarios del Fondo), volvió a acudir a los organismos multilaterales una vez que en el 2015 se derrumbó el precio de las materias primas y la economía nacional, dependiente del petróleo, empezó a convalecer.
Desmantelamiento del estado
El régimen de Moreno, según datos recogidos por la prensa ecuatoriana, ha despedido más de 12 000 médicos y trabajadores de la salud en los últimos años (cálculos extra oficiales hablan de más de 170 mil en todo el sector público). Además en diciembre del año pasado, con bombos y platillos, la ministra del Interior, María Romo, anunciaba que se cancelaba el acuerdo de cooperación con Cuba que obligaba a la salida de unos 400 médicos de la isla caribeña que prestaban su contingente en el país.
Con ese panorama, la pandemia la finales de febrero, sobre todo a través de personas que volvieron al país de España, donde existe una numerosa colonia ecuatoriana (medio millón de personas, aproximadamente). Con el aparato sanitario público remendado, sin personal ni insumos suficientes, el virus explotó en Guayaquil, centro comercial y hoy la segunda ciudad más poblada del país.
Las imágenes que dieron la vuelta al mundo a través de redes sociales no se compadecen con los hechos. Según el Registro Civil, entre marzo y mayo de este año han fallecido en el país más de 40.000 personas, cuando hasta el 2019 la cifra bordeaba los siete mil decesos. Es decir, existe la evidencia de una enorme mortandad, con Guayaquil con al menos la mitad de esa cifra.
En el resto del país, los contagios subieron, aunque no de la manera que sucedió en el principal puerto ecuatoriano. El grueso de los afectados se centró en regiones del Litoral ecuatoriano y en Quito, donde a inicios de junio superaban los dos mil enfermos y 300 fallecidos, según cifras oficiales. La capital del país, mejor preparada y con un sistema de servicios públicos más sólido que el de Guayaquil –la ciudad emblema del liberalismo, epicentro de la concesión de servicios al sector privado-, anunció por estas fechas que las unidades de cuidados intensivos locales estaban a punto de colapsar.
Recaderos de la burguesía
Además de su indolencia e ineptitud frente al tema de salud, el gobierno ecuatoriano se ha superado día tras día en afirmar su rol a favor de la burguesía local y el imperialismo. Mayo fue el mes de históricos ajustes y medidas que eliminaron miles de cargos en el servicio público y que precarizaron el trabajo, dando total libertad a los empresarios para despedir intempestivamente.
En el país es legal, ahora, la precarización laboral que permite a las patronales bajar hasta el 45 por ciento de los salarios a los trabajadores. El régimen alienta a que empresarios y asalariados lleguen a acuerdos, en este entorno nefasto, lo cual en la práctica se vuelve una imposición de los más poderosos: o bajamos el sueldo o te vas; total, hay un montón de desempleados que pueden trabajar por mucho menos. En un país de unos 17 millones de habitantes con 40 por ciento sin empleo fijo (de ellos más del 15% desempleados), con una cifra de trabajadores sindicalizados que a duras penas alcanza al 10% de la masa laboral, los recientes decretos del gobierno llegan como música a los oídos de las patronales. Según cifras oficiales, unos 150.000 trabajadores han sido cesados en este 2020 en Ecuador.
Se han cerrado casi una decena de empresas públicas. Se redujo casi 100 millones al presupuesto de la universidad pública (hecho que fue declarado ilegal por la máxima corte de Justicia del país, la Constitucional, pero que el régimen no pretende acatar). Se redujo la jornada laboral en el sector público de ocho a seis horas, con el obligado recorte salarial. Además, se hizo realidad el sueño del gobierno y del FMI en Octubre, de eliminar el subsidio a las gasolinas, que disparará la inflación en un país donde la mayoría de productos se comercia por tierra.
El régimen, en una cadena nacional a las siete de la mañana del 19 de mayo, informó que implantaría un sistema de bandas, de acuerdo a los precios internacionales del petróleo, para regular el precio de los combustibles. Nunca dijo que quitó los subsidios. Aprovechó la casualidad del bajo costo del crudo a finales de mayo, para anunciar que la gasolina regular bajaba de 1,85 a 1,75 dólares. Cuando el petróleo vuelva, en las próximas semanas y meses, el costo de los combustibles tendrá que subir.
A los profesores de las instituciones educativas públicas primarias y secundarias les redujo el pago de una hora de sueldo por día. Los ajustes no se aplican a médicos, policías y militares.
La respuesta de las masas se viene
Los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, quienes lideraron la movilización de hace ocho meses, estuvieron entre los primeros en denunciar que de la decisión gubernamental perjudicará a millones de personas. Leonidas Iza, el líder campesino que mejor se perfiló tras los hechos de Octubre, anunció un irrefrenable estallido social, que se articulará a pesar de la pandemia.
El único rubro del Estado que ha fortalecido el gobierno en estos meses ha sido del de fuerzas armadas y policía. Es decir, tras Octubre la represión se fortaleció, así como la “opinión pública” desde los medios de comunicación y el statu quo en general con respecto a nuevas protestas. Una perla de todo esto: la Universidad Católica de Quito, privada, recibió a decenas de manifestantes en las jornadas de Octubre, en razón de que su rector, Juan Ponce, un filósofo progresista y simpatizante del reformismo de Correa, decidió abrirle las puertas. Por ello el religioso fue linchado por los medios. En marzo, en el inicio de la emergencia, la universidad aceptó recibir a un batallón del ejército, que hizo cuartel ahí para operar mientras dura el estado de excepción en Ecuador.
La patronales, desesperadas al no expoliar el trabajo asalariado, presionan cuando se escribe este texto a la clase política para terminar con el encierro, que se estima no pasará del primero de junio. El presidente Moreno, sin embargo, alargó el estado de emergencia por un mes adicional –es decir prácticamente hasta julio-, en previsión de las protestas que vendrán.
Ha sido reiterante dentro del gobierno tachar de “correísta” a cualquier persona o criterio que se oponga a sus medidas. El sector aludido, con el ex presidente exiliado, con una docena de juicios pendientes y una sentencia de ocho años de prisión sobre sus espaldas, acusado de corrupción, tiene aún aceptación en la ciudadanía, pero debido a sus problemas legales está imposibilitado de volver al país. Correa, quien en un su gobierno dadas sus características verticalistas y autoritarias, reprimió y persiguió a la Conaie, apoyó inicialmente a los indígenas en Octubre, pero se distanció rápidamente de ellos y los acusó de haber pactado con el gobierno para no derrocarlo. No ha dicho palabra alguna sobre movilizarse y más bien ha centrado su discurso en pedir el voto para el representante de su partido (aún no definido) para las elecciones presidenciales que se realizarán en abril del 2021.
Las primeras protestas, tibias en razón de la pandemia, empezaron la última semana de mayo. Estudiantes, trabajadores y colectivos de funcionarios públicos anunciaron que se unirán a los indígenas. El resto de la población, la trabajadora especialmente, permanecía encerrada, desfalcada, enferma o con miedo de contagiarse, en muchos casos sin empleo, miraba con incertidumbre los hechos.
La movilización ha sido reducida por la crisis sanitaria. Han salido a la calle sobre todo estudiantes universitarios, jóvenes, en al menos una decena de ciudades, con Quito como epicentro. La protesta no ha sido multitudinaria (la mayor, el 25 de mayo, que contó con cientos de manifestantes, fue muy reducida, por ejemplo, con respecto a las multitudinarias marchas que se produjeron en Octubre).
Han salido también trabajadores despedidos y/o sindicalizados, pero la ausencia de los colectivos de la Conaie marca la diferencia. Las comunidades originarias de la serranía ecuatoriana mantendrán el confinamiento hasta mediados de este mes de junio. Después la dirigencia, en coordinación con las bases, establecerá la estrategia para movilizarse. Iza, uno de sus representantes, ha señalado que la protesta irá escalando, en razón de la pandemia. Además tomando en cuenta cómo se han reforzado policías y militares. Estos últimos pueden usar armas letales contra los manifestantes, según un cambio en la normativa del país propiciada por el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.
En Ecuador existen al menos cincuenta ciudades, incluidas Quito y Guayaquil, que han relajado sus confinamientos. Hay transporte público, negocios abiertos y la posibilidad de contagio es latente, incentivada por un régimen cuya irresponsabilidad está a la altura de su ineptitud para cuidar a la población. Con la informalidad galopante en las calles, miles sin trabajo ni ingresos, la protesta debería ser inminente…
