H. Klement – 29-08-2026
“La tierra volvió a recordarnos que vivimos en un territorio sísmicamente activo”. Las 325 réplicas registradas hasta el momento y los temblores del 26 y el 29 de agosto, aunque de menor magnitud, volvieron a poner sobre la mesa y para todos, una realidad que sería erróneo ignorar.
Minuto y medio bastaron para que un fenómeno natural como el sismo del pasado 10 de agosto se transformara en un desastre de enormes proporciones en Colombia. Hospitales, centros de salud, instituciones educativas y aeropuertos resultaron averiados, mientras numerosas viviendas y edificios quedaron totalmente destruidos o inhabitables, poniendo en evidencia las consecuencias de construir sin cumplir con adecuadas soluciones de cimentación y sistemas de sismorresistencia.
Hasta el cierre de este artículo, la cifra de muertos ascendía a 331, un número que, lamentablemente, podría aumentar una vez se conozca la suerte de las 152 personas desaparecidas. A esto se suman 4.497 heridos y 452.782 damnificados. La tragedia también dejó una estela de destrucción: 35.987 edificaciones quedaron completamente destruidas y otras 198.601 resultaron averiadas; cinco aeropuertos, 374 centros de salud y 3.726 centros educativos fueron afectados. Las pérdidas económicas, según estimaciones del Gobierno, ascienden a 30 billones de pesos.
Pero quizá lo más preocupante es que esta magnitud de muerte, dolor y destrucción, aunque es recibida por la población con consternación y aflicción, termine siendo asumida como algo “inevitable” e incluso “normal”.[1]
Por ello resulta fundamental preguntarse: ¿los desastres son naturales? O ¿cómo es posible que, en un país con reconocido alto riesgo sísmico y profundamente desigual, en pleno Siglo XXI, algo así sucediera? En últimas ¿la calamidad que siguió al terremoto habría podido evitarse?
Para los trabajadores y los jóvenes conscientes es obligado cuestionarse: ¿por qué un fenómeno natural terminó convertido en una debacle de semejante magnitud? No podemos conformarnos con la explicación, tan extendida, de que se trató de un acontecimiento “natural”, producto de la acción de la naturaleza. El terremoto fue un fenómeno natural. El desastre NO. La explicación no está en la acción de la naturaleza.
Precisamente esa pregunta es la que evitan responder tanto los gobiernos locales y nacional, cómo los políticos de oposición y buena parte de los grandes medios de comunicación o las redes sociales y sus bodegas.
No obstante, la periodista Lariza Pizano, escribió al respecto:
Resulta pobre reducir lo ocurrido hace dos semanas a una fatalidad inevitable. Los terremotos no pueden preverse con precisión, pero sus repercusiones sí pueden reducirse considerablemente. Japón es una muestra de ello. La pregunta, entonces, debe ser por qué unas viviendas resistieron mientras otras se derrumbaron y qué responsabilidades quedaron sepultadas bajo los escombros, particularmente en los sectores de ingresos medios y bajos.[2] (subrayados nuestros).
En sintonía con ese serio planteamiento, como organización defensora de los intereses de los trabajadores y de los sectores más pobres de la población, decimos categóricamente: el sismo no podía evitarse. Pero un descalabro de muerte y destrucción en que se convirtió, sí. Y decir con absoluta claridad que una tragedia como esa no debería volver a ocurrir.
Las dimensiones de lo sucedido son el resultado de decisiones de los gobiernos, de las grandes compañías constructoras y, desde otro ángulo, de sectores de la población que se ven obligados a construir sin la debida asesoría. De cómo se construye, dónde se construye, quién tiene acceso a viviendas seguras y quién termina asumiendo los costos cuando las medidas de protección o prevención son insuficientes.
Por otra parte, que no se haya evitado una catástrofe de esta magnitud va mucho más allá del carácter particular del actual gobierno de derecha o del anterior, de “izquierda” liberal (que, entre otras cosas, casi aprueba un Decreto bajando hasta en un 50 %, los coeficientes de resistencia estructural exigidos por las normas anteriores (la NSR-10).[3]
La razón de fondo de la calamidad se encuentra en que estos gobiernos y todos los anteriores, responden a los criterios, las prioridades y las leyes que rigen esta sociedad en su conjunto, dentro del sistema económico y social capitalista que impera en Colombia y en el mundo. Volveremos sobre esto más adelante.
La “creencia” ante los fenómenos naturales
La afirmación de que los “desastres son naturales” constituye una de las creencias más arraigadas en nuestra sociedad. Con frecuencia, el impacto negativo que estos fenómenos tienen sobre las comunidades se atribuye a los designios de algún dios o a fuerzas supuestamente incontrolables de la naturaleza.
Esas expresiones continúan utilizándose como explicaciones definitivas entre la población. Dicha creencia conduce a una conclusión generalizada: si los desastres son “naturales” y, por tanto, “inevitables”, no quedaría más alternativa que resignarnos, limitándonos a reaccionar para mitigar sus efectos, atender las víctimas y demás consecuencias, ante la supuesta imposibilidad de desarrollar acciones preventivas.
La solidaridad que surgió ante la tragedia fue, sin duda, conmovedora. Comunidades y vecinos se movilizaron espontáneamente para ayudar a quienes fueron afectados. Sin embargo, la solidaridad, por necesaria y valiosa que sea, no puede constituir la principal estrategia frente al riesgo. La prevención, la reducción de la vulnerabilidad y la transformación de las condiciones sociales que convierten un fenómeno natural en devastación, deben ocupar un lugar central.
¿Son “naturales” los desastres?
Para responder a esta pregunta, es necesario distinguir entre fenómeno natural y desastre.
Durante mucho tiempo, la humanidad tardó en comprender relaciones que hoy parecen evidentes. Esta idea oculta la relación entre la devastación y las decisiones políticas, las condiciones sociales y los modelos de desarrollo que, acumulados durante años, generan las condiciones para que un fenómeno natural termine convirtiéndose en dramas como este.
Un fenómeno natural es el resultado del funcionamiento propio de la naturaleza. Sin embargo, no todo fenómeno natural representa un peligro para los seres humanos. Muchos forman parte de nuestro entorno y con ellos convivimos cotidianamente: pequeños temblores, lluvias de temporada, crecidas de los ríos o fuertes vientos, entre otros.
El conocimiento científico de las leyes que rigen la naturaleza y los avances tecnológicos permiten identificar y reducir los riesgos, prevenir sus efectos y evitar que muchos fenómenos naturales se conviertan en catástrofes.
En otras palabras, el descalabro surge de la combinación entre un fenómeno natural potencialmente peligroso —como un sismo, un huracán o un maremoto— y determinadas condiciones sociales, económicas y físicas que hacen vulnerable a una población. Entre estas condiciones se encuentran la pobreza, las viviendas construidas de manera inadecuada, la ocupación de terrenos inestables, la deficiente planificación urbana, la falta de infraestructura y el incumplimiento de las normas de seguridad. En el caso de los terremotos, el incumplimiento de las normas de sismorresistencia se traducen en consecuencias fatales. ¡Y así sucedió una vez más!
¿Por qué cuestionar aquello de que el desastre es “natural”?
La afirmación de que una tragedia es simplemente “natural” resulta equívoca. Esta idea ha sido superada desde hace décadas en los ámbitos académicos[4]. Lamentablemente, buena parte de estos conocimientos continúa siendo ignorada en una sociedad en la que impera el desconocimiento, el misticismo, la pseudociencia y el oscurantismo. Y lo que resulta más nocivo, es una creencia repetida hoy día por dirigentes sindicales y de organizaciones de trabajadores e, incluso, como una cruel ironía, por organizaciones que se declaran partidarias del socialismo científico.
A cambio resulta positivo que incluso en medios de prensa oficiales haya periodistas que estén explicando lo sucedido desde perspectivas más avanzadas que las de muchos de quienes dicen ser líderes de la población o de los trabajadores.
En el diario El Colombiano, Camilo Quintero Giraldo lo expresó con claridad:
Un terremoto es un fenómeno natural y no un desastre natural. Que ese fenómeno termine convertido en tragedia depende, en buena medida, de cómo gestionamos y prevenimos el riesgo […]. Un terremoto no se puede evitar. Una tragedia, en cambio, puede prevenirse o, al menos, reducirse considerablemente […]. El riesgo también se construye cuando se permite ocupar lugares donde está prohibido, cuando se incumplen las normas de sismorresistencia, cuando no se mantienen adecuadamente las edificaciones y las infraestructuras o cuando se conocen los riesgos, pero no se actúa sobre ellos. [5]
El desastre no es, por tanto, una fatalidad inevitable; está relacionado con las condiciones sociales, económicas, urbanísticas, constructivas e institucionales que determinan la vulnerabilidad de una región y su población. Como se ha señalado: “En un país con vastas zonas bajo constante amenaza sísmica como Colombia, la calidad de las construcciones puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”. [6]
Además, hace muchos años se conoce, que la amenaza sísmica en Colombia no es una circunstancia imprevisible. “La sismicidad colombiana no es un accidente geográfico, sino una consecuencia directa de localizarse en una de las zonas tectónicas más complejas del mundo […]. El país está erigido en un área de convergencia donde interactúan la placa de Nazca, la sudamericana y la placa del Caribe”. [7]
No se trata, entonces, de que la sociedad enfrenta un fenómeno desconocido. Como decimos, desde hace décadas existen conocimientos científicos y técnicos sobre los sismos, así como normas y soluciones de diseño sismorresistente, destinadas a garantizar que las construcciones posean la resistencia y ductilidad necesarias para absorber la energía liberada y enfrentar adecuadamente el reto que significó este sismo.
Las edificaciones que permanecieron en pie sin mayores daños, o que incluso no resultaron muy afectadas, constituyen una evidencia contundente de ello. Muchas de ellas se encuentran contiguas o muy cerca de estructuras que colapsaron. Es el caso de la Torre de Cali, un edificio de 44 pisos ubicado junto al río Cali, que no sufrió daños estructurales, ni afectaciones severas. Igual otras grandes edificaciones en distintas ciudades. Estos casos muestran que las consecuencias desastrosas de un sismo no dependen exclusivamente de su intensidad, del tamaño de las construcciones, de las características del terreno de arenas finas y limos o cualquiera otra de las variables que intervienen en la configuración de una ciudad. Dependen, de manera decisiva, de cómo se construye y de si se cumplen las normas y criterios de seguridad y sismorresistencia conocidos.
Lo sucedido en esta ocasión en Armenia, constituye una buena prueba de eso:
Hace 27 años tuvimos un sismo […], con epicentro aquí mismo en el Quindío, nos hizo mucho daño, perdimos muchas vidas […]. [Luego] se tuvieron que hacer nuevos diseños y construcciones sismorresistentes, estábamos mejor preparados, sin querer decir que aquí no pasó nada […], pero no tuvimos muertos y ningún edificio colapsado.[8]
La comparación es elocuente. Entre un evento y e otro no desapareció el fenómeno natural: cambió, en buena medida, la capacidad de la sociedad para enfrentarlo. Esto demuestra que el desarrollo científico y tecnológico no solo permite comprender los fenómenos naturales, sino también anticipar sus posibles efectos, identificar riesgos, prevenir la vulnerabilidad y construir en condiciones más seguras para la población.
Pero estamos en una sociedad dónde la ciencia y la técnica están en manos privadas y al servicio del lucro, y por eso sus avances no se traducen en bienestar para el conjunto de la población, sino que se le vienen en contra. El fenómeno es natural; que se convierta en calamidad, es una responsabilidad de quienes tienen en sus manos la conducción y definen las prioridades en esta sociedad.
La responsabilidad no puede quedar sepultada bajo los escombros
Eso de presentar los desastres como simples hechos naturales tiene un propósito: desviar la atención de la responsabilidad que tienen los gobiernos, tanto nacionales como locales, en la prevención y reducción de los riesgos. Una devastación de las dimensiones de la que hoy golpea a Colombia exige, por tanto, establecer responsabilidades claras y no reducir la discusión a algo obvio: la necesidad de actualizar las normas de sismorresistencia.
Tampoco basta con intentar ocultar las responsabilidades detrás de ayudas, subsidios y paliativos impuestos por las circunstancias, con el consabido tráfico de influencias y corrupción. Mucho menos resulta aceptable que, bajo el disfraz de la “ayuda” y la “solidaridad”, grandes sumas de dinero sean lanzadas por los grandes magnates del capital, al circuito del lucrativo negocio de la reconstrucción, como oportunidad de negocio. Porque detrás del suceso y de la emergencia también se juegan los intereses económicos de los empresarios que no pueden quedar al margen del debate sobre las responsabilidades frente al fracaso.
En el caso del terremoto, esto significa investigar a fondo las condiciones que hicieron posible que el sismo se transformara en tragedia. Es necesario identificar responsabilidades y que la población logre imponer el que la construcción de edificaciones sea segura y sismorresistente.
Esta debería ser una de las principales tareas de los organismos encargados de la gestión del riesgo, antes de que ocurra el fenómeno y no limitarse a reaccionar cuando la catástrofe ya se ha producido. Para eso existe, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, cuyos propios eslóganes publicitarios —“Los desastres no son naturales”— resultan hoy una cruel ironía frente a una institucionalidad cuya respuesta ha sido tardía y fundamentalmente reactiva. La prevención, mientras tanto, ha brillado y sigue brillando por su ausencia.
Las construcciones deberían estar preparadas para absorber o resistir los esfuerzos provocados por los sismos, incluso cuando estos sean de gran intensidad. Ese no lo es, pero debería ser un principio elemental en una sociedad que conoce desde hace décadas los riesgos sísmicos a los que está expuesto buena parte de su territorio y dónde están casi todas las ciudades y habita el 80% de la población.
Es necesario investigar qué decisiones se tomaron, qué normas se cumplieron o se incumplieron, quiénes tenían la responsabilidad de controlar, qué recursos se destinaron a la prevención y por qué no se actuó oportunamente. Pero también alertamos pues sabemos en qué suelen terminar las “investigaciones exhaustivas” de los gobernantes: en informes, promesas y responsabilidades que nunca llegan a establecerse.
Un cambio real solo será posible si los familiares de las víctimas y las comunidades afectadas, junto con las organizaciones de los trabajadores, se movilizan para exigirlo e imponer las medidas necesarias. La memoria de quienes perdieron la vida no puede quedar sepultada entre los escombros. Tampoco puede quedar sepultada la responsabilidad de quienes tenían el deber de prevenir que esto suceda.
Prevenir y transformar
No se puede aceptar que, después de cada desgracia como esta, se hable únicamente de la “fuerza de la naturaleza”.
Estamos presenciando cómo el incumplimiento de las normas, la falta de controles efectivos, la corrupción, la precariedad de muchas construcciones y el fallo de muchas otras, tradujeron el terremoto en una desgracia social. Cuando las normas existen, pero no se cumplen; cuando los controles son insuficientes; o cuando los intereses económicos de las grandes élites se imponen sobre la seguridad y la vida de los trabajadores y la población, las consecuencias, como estamos viendo, son devastadoras.
Un dato resulta particularmente revelador: el primer código y las primeras normas de sismorresistencia para regular la construcción de edificaciones en un país como Colombia, fueron adoptados recién en 1984, tardíamente, después de la devastación provocada por el terremoto de Popayán (267 muertos). Esta normativa fue modificada (1.998) y actualizada en 2010 mediante la NSR-10, cuyo principal objetivo declarado es “proteger la vida humana evitando el colapso de las edificaciones”. Un propósito indiscutiblemente noble que, una vez más, quedó sepultado bajo los escombros.
Desde nuestro punto de vista, la respuesta a estos interrogantes no puede evadirse señalando únicamente hechos ciertos, pero parciales: la desesperante tardanza de funcionarios, organismos de emergencia y gobiernos locales; la corrupción; la repudiable decisión inicial del Gobierno nacional de no autorizar el ingreso de rescatistas extranjeros —para luego permitir únicamente la entrada de aquellos provenientes de gobiernos afines—; o la “sorpresa” ante la falta de empatía de politiqueros y gobernantes con los familiares de las víctimas, que equivale a pedir peras a un Olmo. Esas denuncias de la oposición, se limitan a señalar los efectos evitando abordar las causas y limitadas por estar motivadas principalmente por el afán de obtener réditos electorales. No basta con denunciar las respuestas tardías, la consabida lentitud de la burocracia estatal o la ineficiencia de los organismos encargados de atender la emergencia.
Es necesario investigar por qué, después de décadas de conocimiento sobre el riesgo sísmico, siguen existiendo condiciones que permiten catástrofes como estas. La experiencia reciente obliga a alzar la mirada e ir más allá de culpar sólo a cualquier gobierno, sea este de “izquierda” o de derecha. Todos esos gobiernos, durante décadas, han permitido que fenómenos naturales previsibles se conviertan en desgracias. Así ocurrió en Armenia en 1999 (casi 1.200 muertos), en Armero en 1985 (más de 20.000 muertos) y, más recientemente, en Venezuela bajo el chavismo (6.500 muertos).
Es necesario presionar a los gobiernos y a las entidades responsables para garantizar viviendas dignas y seguras; reforzar las edificaciones existentes y hacer cumplir estrictamente las normas de sismorresistencia; identificar y reducir los riesgos en las zonas vulnerables; actualizar las normas de construcción y la microzonificación sísmica; reestructurar los organismos de prevención y rescate, bajo gestión de sus propios trabajadores; implementar acelerógrafos y sistemas de alerta temprana, como los que existen desde hace años en países como México, Chile, Japón o Estados Unidos[9]; y destinar los recursos necesarios para desarrollar todas estas medidas, entre otras acciones indispensables.
Esa decisión, sin embargo, no surgirá simplemente de la buena voluntad de quienes gobiernan. La experiencia demuestra que los gobiernos suelen actuar cuando existe una presión social capaz de obligarlos a hacerlo. Por eso, trabajadores afectados, campesinos pobres y sectores populares debemos organizarnos, movilizarnos y exigir que la prevención, la vivienda segura, la infraestructura adecuada y la protección de la vida, sean prioridades sociales.
La magnitud del suceso obliga a mirar con mayor profundidad. Si bien es correcto señalar la responsabilidad de los gobiernos, es completamente insuficiente. Igual respecto de la corrupción que muchos consideran una anomalía, pero se trata de algo consustancial a este sistema, pues se intenta explicar mediante la idea de las “manzanas podridas”, como si el problema fueran únicamente algunos individuos y no la canasta entera. La experiencia actual, al igual que todas las del pasado, demuestran que la prevención no puede comenzar después de que ocurren las cosas y limitase a socorrer a las víctimas. Debe construirse mucho antes.
La falla de fondo está en el sistema
Esta dura realidad nos lleva también a una discusión más profunda: ¿qué tipo de sociedad puede garantizar que la ciencia, la tecnología y los recursos disponibles estén realmente al servicio de la protección de la vida y del bienestar de las mayorías, y no subordinados a la búsqueda de ganancias?
Hay que ampliar la mirada hacia las fallas del sistema. Y no nos referimos al sistema de prevención y atención de desastres. Nos referimos a algo más profundo: al sistema económico y social en el que vivimos, un ordenamiento social que muchos han terminado por considerar “natural”, del mismo modo que se llegan a asumir las propias catástrofes.
La razón de fondo de la negligencia, las demoras, las fallas en las respuestas y el sinnúmero de errores que terminan desembocando en una nueva tragedia, debe buscarse en una falla completa de previsión, consecuencia en últimas, de las leyes de un sistema social y económico organizado, ante todo, en función de los intereses de lucro de un puñado de grandes capitalistas nacionales y extranjeros completamente decadente.
En una sociedad en la que predominan las ganancias y los intereses económicos, resulta “lógico” que la prevención sea relegada cuando implica mayores costos: construir viviendas seguras, reforzar edificaciones, mejorar la infraestructura, realizar estudios adecuados del terreno, determinar con rigor los niveles de riesgo y garantizar el cumplimiento efectivo de las normas. Es, en definitiva, un sistema arrodillado ante el dios dinero, donde el lucro y las fabulosas ganancias de las viejas y nuevas élites económicas, terminan imponiéndose como norma.
Estamos inmersos en un sistema dónde quienes buscan maximizar sus ganancias construyen viviendas como simples mercancías, sometidas al criterio del costo-beneficio. Un sistema que favorece la evasión de las leyes y de las normas de sismorresistencia; diseñado para que los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) se elaboren al servicio de intereses económicos de los terratenientes urbanos; y en el que la fiscalización y el control son más formales que reales. Un sistema que cuenta, además, con la complicidad de entidades de interventoría que, a cambio de jugosas comisiones y sobornos, miran hacia otro lado frente al incumplimiento de las normas.
Poner plenamente la ciencia y la tecnología al servicio de la prevención de estos descalabros solo será posible bajo el imperio de otra sociedad, de otro sistema económico y social que no tenga como finalidad la ganancia. La verdadera prevención exige que la ciencia y la tecnología estén orientadas a satisfacer las necesidades de las grandes mayorías y no subordinadas a intereses económicos particulares, como ocurre bajo el sistema capitalista que impera en nuestro país y en buena parte del mundo.
Esa otra sociedad será posible si los trabajadores dejamos de aceptar estas debacles como algo “normal” y avanzamos como clase a ir al fondo del problema. A comprender que esta desgracia pone de presente la urgente necesidad de avanzar hacia otra sociedad. Una gobernada por los obreros y los trabajadores asalariados, y no por políticos —sean de derecha o de “izquierda”— que representan los intereses de distintos sectores de las élites capitalistas, de magnates indiferentes frente al sufrimiento de las mayorías.
Mientras tanto, los sismos seguirán ocurriendo: eso es natural. Lo que no es natural ni inevitable es que se sigan convirtiendo, una y otra vez, en muerte, destrucción y calamidad. Detrás de cada desastre evitable hay decisiones, omisiones y prioridades. Y mientras una sociedad esté guiada por el lucro y subordinada a los intereses de sus élites económicas, serán esas prioridades las que sigan poniendo en riesgo la vida de millones.
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[1] Algo similar divulgan los medios de prensa sobre la monstruosa riada en el Tíbet y Nepal, que se ha traducido en centenares de muertos y miles de desaparecidos. Eso ha develado el riesgo de vivir en cordilleras con glaciares, ya que todo indica que una de estas masas de hielo colapsó y se tradujo en desastre.
[2] https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/lariza-pizano/no-es-la-naturaleza/#google_vignette
[3] https://www.infobae.com/colombia/2026/08/19/este-era-el-decreto-que-pretendia-sacar-el-gobierno-petro-libraba-a-constructoras-de-hacer-edificaciones-sismorresistentes/
[4] Red de Estudios Sociales en prevención de Desastres en América Latina. http://www.desenredando.org
[5] https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/los-desastres-no-son-naturales-NH39852971
[6] https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/un-pais-sismorresistente-3579552
[7] https://elpais.com/ciencia/2026-08-21/venezuela-colombia-peru-claves-tectonicas-para-entender-la-secuencia-de-terremotos-en-el-caribe-y-los-andes.html
[8] https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/razones-por-las-que-armenia-no-tuvo-estructuras-colapsadas-durante-el-terremoto-que-sacudio-a-colombia-3578698
[9] Japón: Sistema en las ciudades. Bocinas municipales, en cada barrio, en cada poste, hay altavoces gigantes. No son solo para sismo. Son para todo: terremoto, tsunami, tifón. Es un sistema nacional. Cuando la Agencia Meteorológica detecta un sismo grande, en segundos toma el control de: todas las bocinas de las ciudades; todas las emisoras de radio y TV locales; Paneles en las calles y en el metro. México – Ciudad de México: 12.000 bocinas instaladas en postes de luz. Suenan con el sonido oficial de alerta sísmica 60 segundos antes. Chile: Sistema de bocinas y sirenas de tsunami + carteles azules en cada cuadra. EE.UU. – Costa Oeste: Sirenas de tsunami en todas las playas. Prueba sonora el primer miércoles de cada mes para que la gente no olvide qué significa.
